Organizaciones del sector privado presentaron este viernes un análisis de impacto económico de las enmiendas a la Reforma Laboral contenidas en la recién aprobada Ley 41-2022, mediante una encuesta realizada a sobre 100 empresas puertorriqueñas, y expresaron su apoyo a la acción legal que la Junta de Control Fiscal (JCF) entabló en el Tribunal para anular dicha Ley.
La encuesta se realizó a miembros de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) y Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE). Dicha encuesta, que incluyó negocios pequeños, medianos y grandes, arrojó que cada empresa puede enfrentar pérdidas millonarias al sumar todos los beneficios y licencias añadidas.
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“Desde que comenzó el proceso legislativo de revisión de la Reforma Laboral, alertamos, en reiteradas ocasiones, que esta reforma provocaría pérdidas a las empresas, las cuales pueden provocar despidos y cierre de operaciones. Hoy validamos que las pérdidas pueden llegar a ser millonarias, por lo que apoyamos el esfuerzo de la Junta para que se invalide esta ley”, expresó Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal en declaraciones escritas.
El análisis, realizado por el economista Gustavo Vélez, hace énfasis en que la Ley 41 opera en contra de los objetivos macroeconómicos del Plan Fiscal y las expectativas de la Junta de Control Fiscal de potenciar la creación de empleos, y que no tomó en cuenta los altos costos de hacer negocios en la Isla, la inflación sin precedentes que atraviesa el país y el impacto que tiene al coincidir con al aumento de salario mínimo, entre otras consideraciones.
“Como economista y parte del sector privado, recomendamos que esta ley sea declarada nula según las disposiciones de la Ley PROMESA. Los daños económicos que provoca su implementación son de grandes proporciones, afectándose más los negocios medianos y grandes, que son los principales empleadores. Ninguna empresa en la Isla puede absorber pérdidas entre el millón y 10 millones de dólares al año, sin que esto implique reducir empleos, aumentar precios o inclusive el cierre permanente de sus operaciones”, informó Gustavo Vélez.
Los profesionales insistieron además que en Puerto Rico no existe un problema de falta de beneficios. “Es una contradicción de que, aun cuando la Isla cuenta con mucha más legislación laboral que ningún estado de los Estados Unidos, se continúe legislando para aumentar costos a los que creamos los empleos. Nuestro deseo es que los empleados en la Isla gocen de los mayores beneficios y salarios posibles, pero esto lo debe determinar el mercado y las capacidades de cada empresa, con la menor intervención posible del gobierno. Si hubiesen legislado para impulsar el desarrollo económico, que permita a las empresas operar y ser competitivas, el escenario sería muy diferente”, añadió Mateo Cidre, presidente de ASORE.
Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA, coincidió expresando que “es importante aspirar a tener los mejores sueldos y beneficios posibles para nuestros empleados. Sin embargo, las aspiraciones deben ir atadas a nuestra realidad económica, a nuestra productividad, y a un plan con acciones concretas. Es decir, los mejores salarios del mundo son posibles en las economías más desarrolladas. Tenemos que internalizar que, si queremos más, hay que tomar medidas para producir más. Por el contrario, no parece sensato que una economía dependiente, en quiebra, y en recesión desde el 2006, tenga un salario mínimo superior al de 20 estados y mayores beneficios legislados que ninguno, simplemente porque nuestros políticos asumen posturas populistas sin analizar y explicar su impacto”.
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“En este caso, a pesar de la insistencia de la Junta, ha sido evidente que el gobierno no realizó estudios por lo que estamos intentando suplir ese vacío con este estudio y cuyos resultados coinciden con el que ya presentaron los economistas de la propia Junta”, añadió Manuel Reyes de MIDA.
Los empresarios, que también son parte de la fuerza laboral del país, reafirmaron su preocupación ante la pérdida millonaria que esta Ley provoca en las compañías, por lo que confían que el tribunal falle a favor del recurso presentado por la Junta de Control Fiscal.
