El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, cursó una misiva a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) para certificar si el Departamento de Justicia (DJ) remitió o no el expediente e informe relacionado con Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia.
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La investigación del DJ fue realizada por alegaciones contra Roig Fuertes sobre, entre otras denuncias, presunto enriquecimiento ilícito a la empresa One Source, Inc. cuando dirigió la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud (DS).
Según documentos revelados por la delegación del PPD tras una petición de información al DS, tanto el exsecretario de esa agencia, Carlos Mellado López, como dos dueños de hogares de cuidado contratados cuestionaron direcciones de Roig Fuertes en las que autorizó la subcontratación de OSI, una empresa de seguridad, para el cuidado de un paciente con discapacidad por una cuantía de $60,000 mensuales.
“Nos parece altamente cuestionable el proceder que se le ha dado a este caso por parte del Departamento de Justicia. Un informe de investigación que levantó el Departamento de Salud y que revela intervenciones directas de Roig Fuertes, es investigado sucintamente en Justicia y ni una sola entrevista llevaron a cabo”, señaló el exalcalde de Villalba.
El DJ concluyó la investigación en el período en que Roig Fuertes dirigía el Departamento de la Familia, por lo que la Opfei, de conformidad con su ley orgánica, sí tenía jurisdicción sobre dicha funcionaria.
“Según se va levantando información sobre este caso, las dudas son aún mayores. Ayer, Justicia entregó el expediente al presidente del Senado, porque el ordenamiento vigente obliga a esos funcionarios a hacerlo. La ciudadanía no merece seguir dudando de sus funcionarios. Se debe saber toda la verdad en el caso del contrato de los $60,000 mensuales de Roig Fuertes”, finalizó Hernández Ortiz.
La funcionaria, por su parte, en una entrevista radial, defendió que el DJ concluyó que no existe evidencia de ilegalidad en su intervención en el contrato otorgado al Hogar Hacienda Don Luis —por $60,000 mensuales— mientras se desempeñaba en el DS.
Según la pesquisa, la prueba documental y las declaraciones juradas evaluadas no reflejan conducta ilegal atribuible a Roig Fuertes, sino procesos considerados normales dentro de servicios dirigidos a personas con discapacidad intelectual bajo supervisión federal. Además, el informe determinó que no hay elementos suficientes para configurar delito alguno ni evidencia que corrobore las alegaciones.
