El empresario Ricky Castro, concesionario de las tiendas militares del Fideicomiso de la Guardia Nacional bajo la empresa Castro Business Enterprises LLC, pero con el nombre National Guard Exchange, aparece en un sonido detallando cómo su abogado, Andrés Guillemard le dio instrucciones sobre el donativo que hizo al Comité de Acción Política o Súper PAC, Salvemos a Puerto Rico.
Guillemard es el cuñado del gobernador Pedro Pierluisi y la semana pasada fue identificado por fuentes del programa Rayos X como uno de los individuos mencionados en la declaración de culpabilidad a nivel federal de Joseph “Joey” Fuentes Fernández por ocultar información de donantes del Super PAC, Salvemos a Puerto Rico. La semana pasada, Pierluisi desvinculó a su cuñado de cualquier coordinación con su campaña política que fue dirigida por su hermana y esposa de Guillemard, Caridad Pierluisi. Pero hoy, un sonido revelado por la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog En Blanco y Negro pone en entredicho la versión de los Pierluisi.
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En el sonido, Castro detalla las instrucciones recibidas por Guillemard. Establece que inicialmente quería crear un PAC para atacar a la candidata del Partido Popular Democrático (PPD) a San Juan, Rossana López, pero que Guillemard le dijo que sería una pérdida de dinero porque la candidata popular estaba tercera en las encuestas.
“Yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre. Yo lo ofrecí, yo llamé. En ese momento, como yo había creado el PAC (para López), a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama Andrés Guillemard, porque yo tengo seis abogados diferentes. Él me dice ‘se va a crear un PAC’ y le dije: aquí tengo los 50,000 dólares, me avisas cuando los necesites. Cuando los necesiten ahí están”, relató Castro en el sonido filtrado.
Aquí puedes escuchar el sonido de En Blanco y Negro:
De hecho, revela que hizo el donativo a nombre de su empresa Castro Vicens Enterprises, pero en el Super PAC Salvemos a Puerto Rico lo registraron como parte de National Guard Exchange. Las empresas de Castro en el pasado se vieron involucradas en el escándalo de las compras de pruebas de COVID-19.
En todo el día no hubo reacción de La Fortaleza a este nuevo capítulo en la controversia sobre las estructuras políticas y de recaudaciones de fondos alrededor de las aspiraciones de Pierluisi.
Salvemos a Puerto Rico se registró en el estado de Virginia, pero desde mediados hasta finales de 2020 impulsaron la candidatura del gobernador Pedro Pierluisi, principalmente mediante ataques a sus rivales en las primarias y las elecciones generales.
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En total, Salvemos a Puerto Rico recibió unos $495,000 que fueron canalizados a través de las organizaciones Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad, dos entidades que se registraron ante el Departamento de Estado el 10 de junio de 2020 con siete minutos de diferencia.
En la vista en la que Fuentes Fernández se declaró culpable de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones (FEC), el fiscal federal Jonathan Jacobson explicó que del esquema se beneficiaban tanto los donantes como, en última instancia, el “Oficial Público 1″, como se identifica a Pierluisi en la denuncia.
“Hubo dos beneficios primarios que se obtuvieron de este esquema. Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían obtener un beneficio al permanecer en el anonimato. No estarían conectados a contribuciones políticas sustanciales y, además, los oficiales de gobierno que, en última instancia, serían los beneficiarios de los anuncios, no podrían ser asociados a los beneficios que posteriormente pudieran recibir estos donantes. La anonimidad era el motivo último y funcionaba en ambas direcciones, beneficiaba tanto al donante y, en última instancia, los recipientes reales y esta especie de tercero beneficiado de las contribuciones, que es el oficial público”, señaló el fiscal.
En una conferencia de prensa, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, no precisó si los donantes u otros participantes del esquema para ocultar información sobre las contribuciones pudieron haber incurrido en delitos. “Quiero enfatizar que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el Super PAC al FEC”, dijo Muldrow.
