La declaración de culpabilidad de Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández, el amigo del gobernador Pedro Pierluisi, por el establecimiento de un esquema para encubrir la identidad de los donantes del Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico mediante la creación de las corporaciones fantasma Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, anticipa otras posibles convicciones de donantes y coordinadores mencionados en los documentos del caso, coincidieron varios abogados conocedores de derecho electoral.
El tracto de los hechos, la identificación de otras personas en los documentos oficiales del caso y el relato de la Fiscalía federal, de que tiene en su poder mensajes de texto entre Fuentes Fernández y otros participantes, son una invitación a quienes donaron violando los límites, a los oficiales de las organizaciones fantasma y a otros participantes del esquema de Salvemos a Puerto Rico a cooperar con las autoridades, sostuvo Héctor Luis Acevedo, catedrático de Ciencias Políticas, Derecho Electoral y Constitucional.
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Además, opinó que la estrategia de la Fiscalía federal de radicar primero contra Fuentes Fernández que manejaba el Súper PAC logrando que este se declarara culpable con un trato relativamente benévolo les lleva el mensaje a los demás de que no los van a tratar bien si no cooperan. Esto incluye al Individuo 1, un asociado del entonces candidato a la gobernación que es descrito como “un recaudador significativo” que procuraba donaciones en apoyo su campaña eleccionaria en el 2020.
Los documentos oficiales del caso mencionan que ese asociado de Pierluisi intercambió mensajes de texto, correos electrónicos y otras aplicaciones de mensajería digital entre Fuentes y el Individuo 2, que era secretario de las fundaciones fantasma, en los que discutían aspectos de su esquema para evadir reportar a los verdaderos donantes. En los documentos oficiales del caso también se menciona al Individuo 3, un potencial donante descrito como “abogado y consultor”. La única persona que aparece como incorporador de ambas entidades es el exsecretario de la Autoridad de los Puertos, Álvaro Pilar, quien no respondió una solicitud de entrevista del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Por razón de la investigación criminal en curso, ninguna de las personas relacionadas a las corporaciones está concediendo entrevistas”, respondió el Lcdo. Frank Torres Viada, representante legal de Fundación Por la Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc.
“El mensaje de la Fiscalía es a posibles testigos o posibles futuros acusados. Es como decirles: ‘Miren lo que tengo pendiente’. En ese documento hay dos o tres acusaciones que se caen de la mata. Fuentes no actuó solo. Lo que están es dando tiempo a ver quién llega primero a cooperar porque los donantes a organizaciones ficticias, a sabiendas también, cometieron delito y lo que están buscando es más información”, afirmó Acevedo en referencia a la descripción detallada que se hace en el documento de la fiscalía federal del Individuo 1 e Individuo 2 y de su participación junto a Fuentes Fernández en el esquema.
Sostuvo que los casos de ilegalidad en las donaciones políticas son muy complicados de probar para los fiscales debido al amplio derecho que otorga la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde el caso que permite la creación de los Comités de Acción Política (PAC), (Buckley v. Valeo 1976) y luego la ampliación en Citizen United v FEC (2010), que extiende a las corporaciones el derecho de hacer campañas a favor o en contra de candidatos.
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“La fiscalía se tenía que asegurar de que hubiera una convicción porque ahora los otros donantes y los otros coordinadores saben que hubo una convicción y lo trataron relativamente bien. Nadie se quiere quedar para último”, sostuvo el académico.
El CPI publicó el 25 de julio de 2020 una investigación que denunciaba que este Súper Pac que impulsaba una campaña en contra de la gobernadora Wanda Vázquez, y que había sido registrado por un donante y allegado de Pedro Pierluisi, había recibido $250 mil en donativos de dos fundaciones fantasma, lo que dio paso a las querellas que dos años después provocaron la admisión de culpabilidad de Fuentes Fernández.
Guillemard dijo al CPI que sí opinaba sobre la campaña
Al menos cinco fuentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) entrevistadas por el CPI identificaron al abogado y recaudador Andrés ‘Andy’ Guillemard Noble como el Individuo 1, que es el asociado de Pierluisi que tuvo conocimiento e intercambió mensajes sobre los donativos con Fuentes Fernández y el secretario de las corporaciones fantasmas. Guillemard Noble es el esposo de la hermana del Gobernador, Caridad Pierluisi, quien dirigió la campaña política en el 2020 y actualmente realiza funciones ‘ad honorem’ en la Oficina del Gobernador, según dijera Pierluisi a inicios del cuatrienio.
Fuentes al interior del PNP aseguraron al CPI que Guillemard Noble ya cuenta con el Lcdo. Francisco Rebollo Casalduc como su representante legal. Una llamada y un mensaje al abogado no fueron respondidos.
“Esa capacidad de levantar con una llamada grandes cantidades de dinero la tiene Andy. Retrata a Andy”, dijo una de las fuentes sobre la descripción que hacen los federales sobre el “asociado” de Pierluisi que es un “recaudador importante” (significant fundraiser).
Guillemard Noble, quien fue visto este lunes en el aeropuerto de San Juan viajando hacia Chicago, no respondió la llamada ni mensaje del CPI.
Aunque no tuvo un puesto formal en la pasada campaña, Guillemard Noble figuró como uno de los principales estrategas, tras años vinculado a las campañas políticas, sobre todo en la parte de finanzas. Fue el encargado de las finanzas en la campaña primarista a la gobernación de Pierluisi en el 2016 y en el 2008 y 2012 fue el director de los comités de campaña de Pierluisi para la candidatura a Comisionado Residente en Washington. Sus lazos familiares con el candidato siempre lo han mantenido cerca, según una investigación publicada por el CPI en el 2020. “Sí. Me gusta opinar y siempre lo hago con el mejor deseo para que Pedro Pierluisi cumpla con el pueblo de Puerto Rico”, dijo Guillemard Noble en entrevista con el CPI tras confirmar su participación en la campaña.
Además, Guillemard Noble, asiduo donante y recaudador en el PNP y del Partido Demócrata, fue en el 2008 el coordinador de la campaña primarista demócrata de Barack Obama en Puerto Rico.
Como director de Misión Estadista del Partido Demócrata en Puerto Rico, organizó un evento de recaudación de fondos en su residencia cuya taquilla costaba hasta $25,000 por persona y en la cual la entonces portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi, fue la invitada especial de Pierluisi.
De lo que las autoridades federales narran en los documentos del caso, el “Individuo 1″ es la única figura que se vincula directamente con Pierluisi. Los documentos evitan mencionar sin embargo si ese “Individuo 1″ pertenece formalmente al comité de campaña de Pierluisi.
Al menos cuatro abogados consultados en y fuera de récord por el CPI coincidieron en que esta podría ser la razón por la que hasta ahora las autoridades no han presentado cargos contra otros participantes en el esquema, como podría ser Guillemard Noble, y están esperando que alguno de los implicados opte por cooperar y ofrezca información que pueda probar si hubo coordinación con el entonces candidato a la gobernación o si éste sabía de la trama con las corporaciones fantasma.
“Mi impresión es que los federales están buscando si alguno de esos individuos tiene que haberle dicho a Pierluisi en alguna actividad ‘estoy ayudando por allá’. Ellos pudieron haber acusado al Individuo 1 y al 2. No me queda duda que con la evidencia que tienen lo que están buscando es que [los donantes y otros participantes] vayan a hablar [a la fiscalía federal]. Lo que le está diciendo el fiscal es que ‘ya cogí al principal coordinador y estoy señalando que hay un Individuo 1 que recauda para el gobernador y trabaja para el gobernador. O me traes tú al gobernador o me lo trae cualquiera de los otros’”, opinó Acevedo.
El presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Lcdo. Samuel Quiñones García, coincidió en que la narración que hace la Fiscalía federal pone presión a los coparticipantes.
“En efecto, esa es la más probable inferencia sobre la estrategia de los federales. Las menciones de estos individuos como parte del Iter criminis o desarrollo de un delito confesado son un instrumento de presión brutal”, planteó Quiñones García.
El abogado e investigador de casos de corrupción indicó que el hecho de que la descripción del “Individuo 1″ no menciona que este haya formado parte oficial del comité de Pierluisi pudo ser una razón por la que las autoridades no establecieron la coordinación. No obstante, las fuentes consultadas coincidieron que si es Guillemard Noble, por su relación y cercanía familiar, sería muy difícil creer que nadie más supiera de cómo se estaban levantando esos donativos.
“Al omitir usar la palabra comité se puede entender que estaba funcionando como un agente libre. Ahora, evidentemente la participación de los Individuos 1 y 2 fue indispensable para que se pudieran configurar los elementos que tipifican el delito de mentir a la FEC [Federal Election Commission] sobre la verdadera identidad de los donantes políticos. Son ejes importantes de la transacción detrás del esquema”, indicó Quiñones García.
El Gobernador rechazó el jueves que su cuñado haya tenido vínculos con el Súper PAC o que alguno de los donantes se hayan beneficiado directamente con contratos en su administración. “Yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité incluyendo a mi cuñado. Pongo las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No coordinaron con PAC alguno, incluyendo ese PAC. Para que esté claro. Y por cierto, esas querellas no prosperaron. ¿Saben por qué? Porque no se coordinó. Este asunto para mí está finiquitado”, dijo Pierluisi dramatizando su afirmación con un “Ante Dios lo digo”.
“Difiero del Gobernador. Él es el único que cree que esto se acabó. Yo estoy convencido de que esto está empezando. ¿Usted me va a decir que alguien dona $200,000 sin interés en esa campaña? ¡Alguien los llamó! ¿Quién los llamó?”, cuestionó por su parte Acevedo.
Pierluisi tuvo conocimiento de la existencia de las fundaciones fantasma al menos en el 2020, cuando el CPI le solicitó una reacción al hallazgo de que Salvemos a Puerto Rico había sido registrado por un allegado suyo y que había recibido $250 mil en donativos de estas dos fundaciones fantasma. Pierluisi dijo en aquel momento: “No tengo información alguna sobre eso”.
Más arrestos federales en el otro comité azul
El jueves también trascendió que las autoridades federales se aprestan a acusar por delitos electorales a jugadores del otro lado del tablero primarista del PNP: la exgobernadora Wanda Vázquez y el exadministrador de Vivienda Pública y colaborador de la campaña de Vázquez John Blakeman. A la exgobernadora se le imputaría haber recibido donativos ilegales de Julio M. Herrera Velutini, empresario de Bancrédito y de nacionalidad venezolana. El abogado de Vázquez, Luis Plaza, adelantó que su clienta se prepara para enfrentar acusaciones por supuesto fraude electoral.
¿Quiénes son los donantes del esquema que benefició a Pierluisi?
Desarrolladores, personas señaladas por la compra irregular de pruebas de COVID-19, productores de seguros y abogados con jugosos contratos con agencias del Gobierno actual son algunas de las figuras que están al frente de las diez corporaciones enumeradas en la admisión de culpabilidad de Fuentes Fernández por encubrir donativos ilegales mediante el Súper Pac Salvemos a Puerto Rico que favorecieron al hoy gobernador Pierluisi durante el pasado ciclo primarista y electoral.
Así lo confirmó el acusado al fiscal Jonathan Jacobson de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de EE. UU. durante la vista ante el juez de New Hampshire, Joseph Laplante.
“Hay un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes obtienen un beneficio al permanecer anónimos. No estarían atados a contribuciones políticas cuantiosas. Más adelante en el camino, a los oficiales públicos no se les podría vincular con los beneficios que se le podrían dar a estos donantes”, explicó el fiscal.
Después de que el fiscal explicara cómo se ejecutó el esquema, y las motivaciones para el mismo, el juez preguntó a Fuentes Fernández si estaba de acuerdo con la representación del fiscal y este contestó que “fue certero”.
El creador de Salvemos a Puerto Rico tiene en su cartera de clientes a empresas privadas y públicas de Estados Unidos y Puerto Rico, según la página en línea de Fuentes-Fernández & Company, P.S.C.
En el 2018, se identificó como secretario de Puerto Rico Education Foundation. Este fideicomiso pagó el salario a una ayudante de la convicta exsecretaria Julia Keleher y a asesores del Departamento de Educación.
Además de los donativos de las dos fundaciones fantasma, Salvemos a Puerto Rico tuvo donantes directos entre los que se destacan otros allegados del Gobernador como Roberto Cacho, The Garfer Group of Legal Advisors LLC de Jerome Garfer, Bancrédito Holding, esta última presuntamente implicada por donativos ilegales al comité político de la exgobernadora Wanda Vázquez durante la contienda primarista.
Essential Insurance Services Inc. - Donativo: $200,000
Según su página web, esta agencia de seguros creada en el 2006 representa a las principales compañías de la Industria de Seguros, tanto en beneficios de salud, vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto, fianzas, responsabilidad pública, entre otros. Desde el 2010, Essential ha ofrecido servicios de consultoría y adquisición de seguros, acuerdos financieros y relacionados a la salud a los municipios de Carolina, Florida, Juan Díaz, Orocovis, Fajardo y a la Autoridad de Energía Eléctrica, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. Además de los donativos que suman $200,000 al Súper Pac, Luvián Rodríguez Robles, presidenta de la corporación, donó directamente $21,150 a políticos del PNP en el 2020.
Por su parte, el tesorero de Essential Insurance, Marc S. Tacher Díaz, quien es esposo de Luvián Rodríguez Robles, también aparece donando $2,735.57 (en especias) al Comité de Pedro Pierluisi, otros $4,105 al comité político del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, $2,700 a Ricardo Rosselló; y $3,300 al Comité PR51, para un total de $12,840.57 en donativos políticos entre marzo y octubre de 2020. Tacher Díaz es también tesorero de la junta de directores de Grupo Camarero, la corporación propietaria y administradora del Hipódromo Camarero.
Evelyn Pereira Alméstica, secretaria de la corporación Essential Insurance Services, donó al Comité de Pedro Pierluisi otros $5,400; además de $2,700 al comité del exalcalde penepé de Cataño, Félix ‘El Cano” Delgado; $2,700 al comité de Ricardo Rosselló; y $300 al comité político del alcalde popular de Carolina, José C. Aponte Dalmau, para un total de $11,100 en donativos políticos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.
AP Engineering Inc. - Donativo: $94,000 | JAAP LLC - Donativo: $75,800
Estas dos compañías aparecen registradas en el estado de Florida por el ingeniero Elvin Pagán Padilla. Ambas comparten la misma dirección en la ciudad de Davie. Además de Pagán Padilla, el nombre de Jorge Acosta aparece en ambas entidades como persona autorizada.
AP Engineering, que realiza trabajos de construcción y reparaciones, fue incorporada desde 2007. Mientras que JAAP fue registrada como una compañía de responsabilidad limitada en enero del 2018.
En Puerto Rico, Pagán Padilla aparece en al menos cinco corporaciones activas en el Registro de Corporaciones. En su mayoría, las compañías se dedican a trabajos relacionados a la ingeniería, excepto una, la Iglesia Universal Inc., cuyo propósito es “predicar las buenas nuevas del evangelio y ganar adeptos para el reino de los cielos”. Las demás son LT Automation, AP Equipment Inc., Q Engineering PSC y PAC Engineering PSC.
Pagán Padilla preside la compañía LT Automation, que desde el 2008 ha tenido contratos por más de $50 millones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Municipio de San Juan y la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo recientemente a LUMA Energy. En la página web de la empresa, a Acosta se le identifica como codueño de la empresa, y en algunos contratos, como vicepresidente.
Según el directorio del Colegio de Ingenieros, su licencia de ingeniero expiró en abril del año pasado. Actualmente, su estatus está catalogado como “suspendido”.
Pagán Padilla y su esposa Magda González Guzmán aparecen como donantes tanto del PNP como del Partido Popular Democrático con un total de $8,000. Igualmente, Acosta donó $3,000 al Comité de Ricardo Rosselló y $2,000 a Leo Díaz.
Tras dejar varios mensajes en su oficina, además de enviarle correos electrónicos para que se comunicaran con el CPI, Pagán Padilla ni Acosta contestaron.
Alejandro Brito-Zubizarreta - Donativo $50,000
Presidió la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico del 2011 al 2013. Mediante su firma Brito Development Group, ha desarrollado proyectos importantes como Murano Luxury Apartments, Palma Real, Palma Real Estates, Estancias Reales y Quintas Reales. Aparece donando al Comité del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez hasta dos días antes de su arresto en diciembre, por $10,100.
Actualmente, bajo la compañía Égida 837, LLC, tiene pre-aprobado un proyecto de 192 unidades de viviendas, en Guaynabo, con fondos de recuperación por desastre, conocidos como CDBG-DR, y créditos contributivos de vivienda por ingresos bajos (LIHTC, en inglés).
La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) publicó la disponibilidad de los fondos en septiembre del 2020 para nuevas construcciones y rehabilitación de casas de alquiler. La fecha límite para someter las propuestas era el 30 de octubre, pero la AFV extendió la convocatoria hasta el 20 de noviembre del 2020. Égida 837, LLC, fue registrada el 19 de octubre del 2020.
Bajo estos mismos fondos, Brito Zubizarreta presentó otro proyecto también en Guaynabo con la compañía Corcovado LLC, registrada el 20 de julio del 2020. Sin embargo, al momento, esta propuesta no está en la lista de los proyectos pre-aprobados.
Los LIHTC son una herramienta del gobierno federal que consiste en conceder créditos contributivos a desarrolladores, quienes generalmente los venden a inversionistas a cambio de fondos para financiar la construcción, según la AFV.
National Guard Exchange Military Store - Donativo: $50,000
El CPI puso al descubierto en mayo de 2020 que Ricky Castro vendió al Gobierno unas 50,000 pruebas rápidas de COVID-19 sin que cumplieran con los estándares de compra establecidos, que las pruebas enfrentaron problemas de calidad y que no pudo cumplir con la entrega completa. Pero la investigación legislativa sobre la compra de pruebas de COVID-19, llevada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que dirigía Juan Oscar Morales, no refirió al contratista a las autoridades. Los hallazgos de esa comisión no tuvieron mayores consecuencias.
Mediante la compañía Castro Business Enterprises (CBA), el empresario Castro opera las tiendas militares del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico (FIGNA), cuyo director ejecutivo es Epifanio Jiménez Cruz.
Según el contrato, CBA hace negocios con el nombre de NGX Military Stores. Mensualmente CBA paga $450 mil a FIGNA por la concesión de 10 tiendas.
El ayudante general de la Guardia Nacional, José J. Reyes, dijo que ni FIGNA ni el cuerpo militar “han emitido donación económica alguna a grupo o grupos de acción política en ningún momento de su historia”.
FIGNA es una corporación pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado, adscrita a la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Ricky Castro fue presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos. Ha donado más de $20 mil a políticos afiliados al PNP, y varios del PPD.
NorthShore Management Corp. - Donativo: $25,000
Empresa del desarrollador Federico Stubbe. A través de su firma PRISA Group ha manejado proyectos multimillonarios como Sabanera, el Dorado Beach Resort, el Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve, Hyatt Place Hyatt House y el Distrito T-Mobile en el Distrito de Convenciones.
La administración Pierluisi ha mantenido el aval al hotel Fairfield Inn & Suites, de la cadena Marriott, en Luquillo y que, según han denunciado ambientalistas y líderes comunitarios, afectaría un humedal en la zona este. El hotel, que se espera inaugure en marzo de 2023, es propuesto por la firma Luquillo Hotel Company, cuya empresa matriz es PRISA Group.
Little Pictures - Donativo: $25,000
Se crea en agosto de 2017 por el productor de cine Luillo Ruiz Ruiz, hijo de la exrepresentante y exprocuradora de la Oficina del Procurador de los Ciudadanos, Iris Miriam Ruiz.
Ruiz Ruiz ha estado en el ojo público por la cantidad de créditos contributivos que ha recibido a través de su compañía productora Pimienta Films. En el 2013, el CPI publicó que el gobierno de Reino Unido investigaba una posible evasión de impuestos que involucraba a la Corporación de Cine y a Pimienta Films. Hace dos años, salió a relucir una investigación del Negociado Federal de Investigaciones, puesto que Ruiz Ruiz había recibido $63 millones en créditos contributivos.
Además de ser donante a la campaña de la exgobernadora Vázquez ($2,700), Ruiz Ruiz donó a los comités de Miguel Romero con $1,750, Ricardo Rosselló con $2,500 y Thomas Rivera Schatz con $2,800.
Arturo Díaz-Angueira - Donativo $20,000
A través de su firma Díaz & Vázquez Law Firm PSC, registrada en julio de 2019, el abogado ha acumulado $16,662,000 en contratos con la AEE.
Ocupó varias posiciones en el Departamento de Justicia como fiscal de la División General de Litigios, asistente de Fiscal de Distrito, director de la División de Litigios Federales. A nivel federal, fue asistente del Defensor Público Federal y magistrado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Previo a formar su firma perteneció al bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, en el que fue mentor del juez asociado del Tribunal Supremo Roberto Feliberti.
Fue donante de Luis Fortuño.
LAS Enterprises Inc. - Donativo: $15,000
Su incorporadora y agente residente, Lizzette Santiago, es beneficiaria de Ley 22 desde septiembre de 2017, según indica la página del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En mayo de 2017, LAS Enterprises fue registrada en el Departamento de Estado.
LAS Enterprises tiene por su parte un decreto de Ley 22 con fecha de enero de 2018, según la página del DDEC.
El CPI se comunicó al teléfono contacto de Santiago para preguntarle sobre LAS Enterprises y el donativo. Su respuesta fue: “No sé de qué me hablas” y poco después enganchó el teléfono. Se le llamó en varias ocasiones al día siguiente, pero salió directamente una grabadora. Se dejó mensaje y no se recibió respuesta.
Comentarios a dsuarez@periodismoinvestigativo.com
Vanessa Colón Almenas es integrante de Report for America.
Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede leer la nota original aquí.
