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Carta al Tesoro revela denuncias sobre OCIF del banco de empresario vinculado a Wanda Vázquez

En junio de 2020, mientras se instalaba un nuevo comisionado de instituciones financieras, Bancrédito aseguraba ser objeto de una persecución.

Una extensa comunicación enviada, en junio de 2020, por el Bancrédito International Bank a la división del Tesoro estadounidense que maneja los asuntos de crímenes financieros hace constar la insatisfacción que sentía la entidad bancaria con la supervisión a la que estaba siendo sometida en Puerto Rico por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Bancrédito International Bank es la institución de servicios financieros internacionales cuyo jefe, el venezolano Julio Herrera Velutini, ha sido vinculado con la inminente acusación federal por delitos electorales contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

La carta, preparada por la firma Kobre & Kim a nombre de Bancrédito el 10 de junio de 2020, recoge el tracto de las investigaciones que desde 2015 llevaba realizando la OCIF sobre la entidad, indagaciones que la corporación bancaria catalogó como una “campaña de acoso ejecutada a través de supuestos ‘exámenes rutinarios’” ordenados por la entidad reguladora. Metro obtuvo acceso en exclusiva al documento.

Entre otros elementos, la comunicación puntualiza que, tras concluir un análisis de las operaciones de Bancrédito que comenzó en 2017, la examinadora, Karly A. Padró, habría sido obligada por sus supervisores a alterar las conclusiones de su informe, aunque en última instancia los jefes se allanaron a las determinaciones iniciales, provocando la molestia de la empleada. Padró documenta en una comunicación a la que Metro también tuvo acceso los manejos irregulares de la pesquisa.

El periodo de las investigaciones a las que se refiere el banco con sede en San Juan abarca desde 2015, cuando la OCIF emitió una “Orden de Consentimiento”, estableciendo una serie de acciones con las que Bancrédito debía cumplir, hasta la fecha en que la corporación envió la carta a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro.

Durante la mayor parte de ese periodo, la OCIF estuvo dirigida por George Joyner, quien fue despedido en marzo de 2020 por Vázquez Garced, en una movida que diversos informes periodísticos han atribuido a las presiones ejercidas por Herrera Velutini, empresario que se habría acercado a la campaña política de la entonces gobernadora, quien en ese momento se enfrentaba a un proceso primarista en el Partido Nuevo Progresista (PNP) contra Pedro Pierluisi, actual primer ejecutivo.

“Estamos esperanzados de que el nuevo comisionado de OCIF, Víctor Rodríguez Bonilla –nominado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 14 de mayo de 2020 y confirmado por el Senado el 4 de junio de 2020– trabajará para terminar con el prolongado historial de acoso a Bancrédito e identificar y remover a los responsables. Corregir este mal se alinearía con las prioridades expresadas por el señor (Rodríguez) Bonilla como comisionado, incluyendo garantizar que los exámenes son profesionales y justos”, subrayó Bancrédito en la misiva, dirigida a Viviana Muñoz Fernández, asesora sénior de la FinCEN.

El pasado viernes, en el programa televisivo Jugando Pelota Dura, Rodríguez Bonilla, corroboró que recibió un acercamiento de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito. Blakeman Ortiz, vinculado por más de dos décadas al PNP como funcionario y contratista, y quien colaboraba con la campaña de Vázquez Garced, es la persona que presuntamente alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía federal y que, según el equipo legal de la exgobernadora, testificaría en su contra.

Blakeman Ortiz “llega a mi oficina, me plantea el hecho de que el banco tiene este problema, que está siendo examinado y me dice en una frase que nunca se me ha olvidado y se la he dicho a mi familia en varias ocasiones, ‘¿qué vamos a hacer aquí?’ A mí eso me ofendió. Yo soy una persona que tiene dignidad, ética y moral y yo le dije, ‘tú no sabes con quién estás hablando’”, relató en la entrevista televisiva Rodríguez Bonilla, quien en el pasado trabajó como consultor de cumplimiento con Bancrédito y, por lo tanto, estaba inhibido de atender los asuntos relacionados a la institución.

Blakeman Ortiz, según indicó Rodríguez Bonilla y ha trascendido públicamente, era la pareja sentimental de Frances Díaz Fossé, presidenta de Bancrédito y quien también aparece como directiva de Bancrédito Holding Corporation, la entidad propietaria del banco.

Las quejas de Bancrédito contra la OCIF

En la carta a la FinCEN, Bancrédito, establecido en Puerto Rico en 2008 como Banreal International Banking Corp., lamentó que las continuas investigaciones de las que era objeto habían afectado su “reputación” dentro de la industria bancaria, llegando a poner en peligro su “viabilidad” comercial. La empresa de Herrera Velutini destacó que en marzo de 2016 la OCIF le impidió la adquisición de FaceBank, “citando un ‘riesgo inaceptable’ de que los problemas de cumplimiento identificados en el examen que la OCIF hizo en 2015 sobre Bancrédito de alguna manera se transferirían a FaceBank, pese al hecho de que Bancrédito voluntariamente había aceptado la Orden de Consentimiento de 2015 para trabajar junto a los reguladores de la OCIF en búsqueda de remedios”.

Báncrédito acusó a OCIF de postergar e incumplir sus compromisos pactados a través de la Orden de Consentimiento, al tiempo que constantemente presentaba nuevos requerimientos de información que impactaban la capacidad operacional del banco, ante los recursos que debían destinar para su cumplimiento.

“En términos simples, Bancrédito es un banco pequeño sin los recursos significativos de entidades financieras más grandes, que no puede lidiar con investigaciones interminables e injustificadas”, le planteó Bancrédito a la FinCEN.

Bancrédito mencionó que ofrecía servicios a alrededor de 300 clientes, con una plantilla de cerca de 40 empleados.

Además de la Orden de Consentimiento de 2015, Bancrédito fue objeto de “exámenes completos” que comenzaron en 2017 y 2019. En el escrito, la institución bancaria atribuyó buena parte de la responsabilidad por las pesquisas a Ariel Acosta Nazario, quien fungía como comisionado auxiliar de Instituciones Depositarias.

Acosta Nazario habría sido el funcionario de más alto rango que intervino con el examen que realizó Padró en 2017.

“A insistencia de la Lic. Ana Marta Bird y el asentimiento del Comisionado Auxiliar de Instituciones Depositarias Ariel Acosta y la Supervisora de Examinadores Gladys Santiago fui exhortada a cambiar mis conclusiones en el Informe de Examen, aunque no estaba de acuerdo y había tratado en varias ocasiones de defender mi posición sobre dichos temas”, escribió Padró en un correo electrónico que envió a sus superiores Acosta Nazario y Santiago el 9 de septiembre de 2017, y del que Bancrédito incluye copia como evidencia de lo que planteaban era una campaña que los altos funcionarios de la OCIF llevaban en su contra.

“Ahora resulta que la Oficina no cree que pueda hacer prevalecer los resultados que me indicaron que cambiara y que el examen terminará como originalmente lo había entregado el 3 de abril de 2017, exceptuando algunos cambios inmateriales del proceso regular de revisión. Es por esto que no formaré parte de una re-revisón (sic) de Informe. Yo hice mi parte, como es de costumbre, y no es justo triplicar mi labor en este proceso. De igual forma, no estoy de acuerdo en firmar el examen, al menos sin una nota que (me) exima de este proceso dilatado e irregular”, agregó la examinadora principal en el mensaje electrónico.

Bancrédito, igualmente, argumentó que entre mayo y julio de 2018 agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) entrevistaron en varias ocasiones a Thais López, una oficial de la corporación que “no había estado involucrada en las operaciones diarias del banco en más de cuatro años”. Sin embargo, después de un encuentro personal con López el 1 de julio de ese año y de comunicarse telefónicamente con Díaz Fossé ese día, “nadie en Bancrédito volvió a escuchar de estos agentes del FBI o alguien más relacionado con esta investigación”, alegó el banco.

Al momento de la comunicación a FinCEN en junio de 2020, esta dependencia federal había comenzado una indagación sobre Bancrédito, que la jefatura del banco atribuyó a la información referida por la OCIF.

“Como sin duda alguna deben estar conscientes, nunca antes Bancrédito ha sido objeto de una indagación de FinCEN. Basado en los hechos enumerados más arriba, creemos que la indagación de FinCEN probablemente es resultado, al menos en parte, de la información provista por ciertos individuos en OCIF”, sostuvieron los representantes legales de Bancrédito, que acompañaron la carta de 16 páginas con varios anejos, incluyendo unas 72 páginas correspondientes a una bitácora con los requerimientos de información que la OCIF les había presentado desde el 1 de julio de 2019.

Según ha trascendido en diversos medios informativos, en algún momento previo a las primarias de agosto de 2020, Herrera Velutini habría ofrecido a la campaña de Vázquez Garced los resultados de una encuesta sobre sus posibilidades, lo que se consideraría un donativo en especie ilegal, toda vez que el banquero no es ciudadano estadounidense. Los abogados de la exgobernadora han argumentado, en declaraciones a varios medios, que la campaña nunca aceptó la oferta de la encuesta ni llevó a cabo gestiones oficiales para favorecer los negocios de Herrera Velutini.

Durante la campaña electoral de 2020, Bancrédito Holding, la matriz de Bancrédito International Bank, realizó sendos donativos por $50,000 a los supercomités de acción política (Super PAC) Salvemos a Puerto Rico y Puerto Rico Mejor Futuro.

El Super PAC Salvemos a Puerto Rico, cuyo presidente, Joseph Fuentes Fernández, se declaró culpable hace dos semanas de crear un esquema para encubrir la identidad de algunos de los verdaderos donantes, apoyó la candidatura de Pierluisi, mientras que Puerto Rico Mejor Futuro impulsó a su rival del Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado.

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