El gobernador Pedro Pierluisi catalogó de “complejo” el tema de la fiscalización de los permisos ministeriales, que son concedidos por profesionales licenciados sin la intervención de las agencias del Estado.
“Aquí es importante que los profesionales que están autorizados a certificar que la obra cumple con requisitos ambientales o requisitos de zonificación, por ejemplo, lo hagan correctamente. Hay una Ley de Certificaciones que uno puede hacer cumplir para que respondan si emiten una certificación inoficiosa, falsa o negligente. Lo importante es que estamos vigilantes en el gobierno”, dijo Pierluisi a la prensa.
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En tiempos recientes, varios de los escándalos ambientales más notorios han estado vinculados a este tipo de trámite, donde profesionales como ingenieros, arquitectos o agrimensores, entre otros, certifican el cumplimiento de algún proyecto u obra propuesta con las disposiciones de protección ambiental o de zonificación. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso de la piscina que se pretendía construir en el condominio Sol y Playa, en Rincón, al tiempo que en la Reserva Natural de Bahía Jobos, en Salinas, se conoce de al menos un profesional autorizado que concedió permisos a una persona privada.
Esta semana, en tanto, este medio reseñó la controversia sobre un proyecto de apartamentos en Rincón cuyo permiso original, emitido por certificación en 2016, fue revocado por el Tribunal de Aguadilla en 2019 en una sentencia que incluyó una orden de demolición, solo para que en marzo de este año la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitiera un nuevo permiso a base de otra certificación sometida por un ingeniero.
Ante una petición de Metro, la Junta de Planificación informó que desde el 2021 al presente se han auditado unos 826 permisos emitidos por profesionales autorizados, la figura que se creó en la Ley 161 de Reforma de Permisos que se aprobó en 2009. De ese grupo, “el 72% no arrojan señalamientos que requieran información posterior”.
El 28% restante “están bajo evaluación, según las leyes y reglamentos”, indicó la Junta de Planificación.
Además de la Ley 161, desde 1967 está vigente la Ley 135 de Certificación de Planos, mediante la cual ingenieros y arquitectos pueden certificar que una obra cumple con los requisitos de ley y reglamento.
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El planificador Pedro Cardona Roig dijo en una entrevista reciente con este medio que en 2015 la Junta de Planificación comisionó una auditoría que halló que más del 80% de los permisos que otorgaron los profesionales autorizados presentaban alguna irregularidad. La cifra superaba significativamente los permisos que se tramitaron ante la OGPe central, las oficinas regionales o los municipios y consorcios con la autoridad delegada.
“En cuanto a los informes de auditorías, los mismos son documentos de trabajo interno hasta tanto se finalicen, lo que implica que sus resultados o son divulgados hasta haberse finalizado todo el trámite investigativo y haber recibido el informe con sus hallazgos”, añadió la OGPe por escrito.
La OPGe no entregó a este medio los resultados de las auditorías de 2015 a las que aludió Cardona Roig.
“Es un tema complejo. La OGPe realmente muchas veces descansa en la información que le llega de otras agencias. En el área ambiental, quién hace el deslinde. Usualmente quien decide el deslinde es el Departamento de Recursos Naturales (DRNA). Claro, la OGPe puede descansar en una certificación de un ingeniero o un agrimensor. Si es fatula o defectuosa pueden haber consecuencias, porque se supone que hagan su trabajo conforme a las mejores prácticas”, dijo Pierluisi.
“Hay que tomar cartas en el asunto yo diría, y eso es lo que ha estado haciendo mi administración. Hay cosas que son de hace muchos años, miren este asunto de Bahía de Jobos en Salinas. Que no les quepa duda a nadie de que nosotros vamos a ser firmes haciendo cumplir la ley, incluyendo en el área de permisos”, mencionó el primer ejecutivo.
Actualmente, la Junta de Planificación se encuentra en proceso de revisión del Reglamento Conjunto de Permisos, cuyas últimas dos versiones, preparadas en 2019 y 2020, han sido anuladas en los tribunales.
Con relación al caso de Bahía de Jobos, Pierluisi aconsejó “cautela” a la Cámara de Representantes, que recientemente ha contemplado, como parte de la investigación legislativa, la posibilidad de conceder inmunidad a personas que han ocupado, a todas luces ilegalmente, áreas protegidas.
“Ese poder de inmunidad hay que usarlo con mucha cautela. Ahí lo importante es que se identifique quién fue el gestor de cualquier permiso que se obtuvo de forma fraudulenta y se procese”, dijo el gobernador.
El DRNA presentó a finales de abril una demanda contra 12 presuntos invasores de la reserva natural, con miras a lograr el desahucio y recuperar el costo que implicará la mitigación y restauración del daño ambiental ocasionado por el desarrollo ilegal.
