Como evidencian múltiples casos que han generado atención pública en los pasados meses, los llamados permisos ministeriales, en los que el gobierno acepta, esencialmente de manera automática, las certificaciones de cumplimiento normativo sometidas por profesionales como ingenieros y arquitectos, se prestan para que personas y entes privados desarrollen obras de distinta naturaleza con una fiscalización mínima o inexistente.
El planificador Pedro Cardona Roig recordó que, en 2015, la Junta de Planificación realizó la única auditoría conocida hasta la fecha en la que se analizaron, entre otros, los permisos ministeriales. Los permisos ministeriales son aquellos que se pueden conceder cuando reglamentariamente no existe impedimento para una construcción o uso propuesto y, por lo tanto, no requieren del juicio discrecional de las entidades del gobierno.
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El estudio abarcó muestras de permisos concedidos por profesionales autorizados –la figura creada por la Ley 161 de Reforma de Permisos de 2009–, así como los que otorgaron la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a nivel central, sus sucursales regionales y los municipios y consorcios a los que se les ha delegado la facultad para tramitar las autorizaciones.
Los permisos emitidos por profesionales autorizados presentaron irregularidades en más del 80% de los casos estudiados, dijo Cardona Roig, quien en aquel momento pertenecía a la Junta de Planificación.
“Superaban el 80% de los trámites. Ese número era reflejo del trámite certificado por profesionales autorizados. Eso se iba reduciendo (en los permisos otorgados por las demás entidades). Las OGPe regionales tenía muchísimos trámites mal manejados y fraudulentos, pero estaban por debajo del 50%”, explicó Cardona Roig.
El también arquitecto mencionó que, en aquel entonces, los permisos manejados por municipios reflejaron los mejores resultados.
“No cometían tantos errores, no había tanto asunto fraudulento y fue una sorpresa. (Los municipios) tenían más rigor, tenían los récords más claros y se podía justificar lo que hacían”, manifestó Cardona Roig.
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Metro solicitó desde ayer, en horas de la mañana, a la Junta de Planificación que proveyera datos de la última auditoría sobre permisos que el organismo hubiera realizado, incluyendo estadísticas sobre la cantidad de permisos analizados y las cifras de permisos en los que se identificaron irregularidades. Al cierre de esta edición no se había entregado la información solicitada, aunque una portavoz indicó que hoy se proveería al menos parte de los datos.
“Nunca antes se había hecho y nunca después se ha hecho, pero es una obligación de ley (realizar auditorías). Lo tiene que hacer la Junta de Planificación”, recalcó el experto en planificación urbana.
Este medio reveló ayer el caso del proyecto Oasis Too Apartments, en Rincón, una estructura que originalmente se tramitó como un edificio de dos pisos y dos unidades residenciales, pero que terminó construyéndose con cuatro pisos y 10 unidades de vivienda. En 2019, el Tribunal de Aguadilla, fundamentándose en el trámite irregular y la zonificación del distrito residencial turístico de baja intensidad, revocó los permisos y ordenó la demolición, sentencia que advino final y firme al año siguiente tras revisarse en el foro apelativo.
Sin embargo, a principios de marzo de este año, y alegadamente en desconocimiento de las controversias resueltas en las cortes, la OGPe emitió un permiso avalando la construcción de una estructura de cuatro plantas y hasta 10 unidades residenciales en la propiedad del desarrollador, Andrew Louis Gasparro.
Ante una moción de desacato presentada por la Asociación Vecinal de Barrio Puntas, el juez Abid Quiñones, el magistrado que en 2019 ordenó la demolición de la estructura, citó a una vista el 1 de junio a la que deberán comparecer el secretario auxiliar de la OGPe, Gabriel Hernández, y el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús.
“OGPe no tiene facultad de ir por encima de lo que haya determinado un tribunal. Si el permiso se refiere a la misma obra, al mismo asunto, sencillamente estamos cambiándole la envoltura al mismo paquete. Por ende, la contestación sigue siendo que la OGPe tiene que honrar la decisión del tribunal. Los trámites de OGPe necesitan muchas reformas”, dijo, por su parte, el abogado ambiental Pedro Saadé.
El abogado que representa a la Asociación Vecinal que llevó el caso de Rincón, Miguel Sarriera Román, mencionó en entrevista con Metro que comprende la necesidad de que ciertos permisos se emitan mediante la certificación de expertos en campos como la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura o la geología, ante el elevado volumen de solicitudes que, de otra manera, tendrían que manejar las entidades gubernamentales. En el caso del desarrollo de Gasparro, los planos originales, tramitados en 2016, fueron certificados por el ingeniero Walter Cardona Castro, al amparo de la Ley de Certificación de Planos de 1967.
Saadé reconoció que el mecanismo de certificación de trámites ministeriales cumple una función legítima dentro del modelo de permisología, pero abogó por un sistema que sea manos “automático” en la concesión de autorizaciones.
“Lugares que han sido objeto de controversia o de sentencia, lugares en la costa o cercanos a algo natural o que se puedan afectar especies o personas, pues deben ser sometidos a un escrutinio más detenido. Si yo logro que un caso sea ministerial, es casi automático. Pero cómo llegó a ser ministerial, eso de por sí puede ser cuestionable, y ahí hay unos detalles que hay que ver en ciertos casos”, mencionó Saadé, para quien la OGPe tiene una visión “automática y prejuiciada” hacia la concesión de permisos.
Saadé recordó que la piscina que se pretendía construir frente a la playa en el condominio Sol y Playa, también en Rincón, obtuvo inicialmente el permiso mediante un trámite de exclusión categórica, a pesar de que, por tratarse de una solicitud correspondiente a la zona inundable y costera, no procedía ese mecanismo.
Para el representante Denis Márquez, la decisión de mover la OGPe a la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como la transferencia de empleados del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), tuvo como resultado una visión de política pública demasiado cargada a favor de la construcción desmedida como modelo de crecimiento económico, en perjuicio de la defensa del medioambiente y la planificación ordenada.
Asimismo, el legislador se opuso a la figura del profesional autorizado que introdujo la Ley 161, por entender que se le concede la facultad de imponer su criterio por encima de lo que deberían ser consideraciones de estricta política pública.
De otro lado, sostuvo que, en parte, la ausencia de fiscalización de agencias como la Junta de Planificación y el DRNA puede trazarse a medidas como la Ley 7 bajo el gobierno de Luis Fortuño, que le restó a las dependencias el personal que necesitaban para ejecutar efectivamente.
“Hay permisos y hay permisos. Si estás solicitando permisos de construcción en una zona donde claramente se permite ese tipo de construcción, no hay ningún tipo de recurso natural que se pueda afectar, no hay ningún tipo de condiciones ambientales y hay algunos elementos, por decirlo de alguna forma, básicos… Pero cuando uno ve los ejemplos: bosques, mangles, zona marítimo terrestre, deforestación, entonces es un problema no solo de la otorgación del permiso, sino de evaluación y fiscalización. Todo eso hay que mirarlo”, expuso el representante independentista.
“La OGPe es un esquema que ha servido para usurpar el interés público a favor del interés privado. Es un facilitador del interés privado haciéndole sumamente difícil al ciudadano participar y oponerse a acciones que, como esta, ya hasta el tribunal ha validado que son ilegales. Y tampoco permite que otras agencias intervengan porque les quita jurisdicción”, afirmó la ingeniera ambiental y exsecretaria de la Gobernación Ingrid Vila.
