El desarrollo de un proyecto residencial en Rincón, cuyos permisos originales fueron anulados por decisión judicial de manera final y firme en 2020, continúa en pie y con el aval de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), dependencia que aseguró desconocer los motivos por los que los tribunales revocaron la autorización, a pesar de que el caso viene ventilándose desde 2018.
“No es hasta que llegó un trámite de resoluciones administrativas que la abogada a cargo nos notificó que había un trámite en el tribunal que se estaba planteando y advinimos en conocimiento de lo que estaba pasando. Para ser honesta, son miles y miles de casos (de permisos). Decirte que yo y el secretario auxiliar tenemos conocimiento de lo que está pasando en todos los trámites no es real”, dijo la directora de la División Legal de la OGPe, Edmee Zeidan, en una entrevista junto al jefe de la dependencia, Gabriel Hernández.
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Según se desprende del expediente del caso, el 21 de febrero de 2019 el juez Abid Quiñones, del Tribunal de Aguadilla, falló a favor de la Asociación Vecinal del Barrio Puntas, un grupo de ocho residentes que había impugnado cuatro meses antes el permiso otorgado a Andrew Louis Gasparro para la construcción de una estructura residencial en la calle Miramar de Rincón. El dictamen eventualmente fue refrendado por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo rechazó la petición de certiorari, por lo que la sentencia, incluyendo una orden de demolición, advino final y firme el 3 de diciembre de 2020.
Entre las determinaciones de hechos que hizo el Tribunal de Aguadilla al resolver a favor de los demandantes, figura que, si bien el permiso expedido originalmente contemplaba la construcción de una estructura de dos plantas, los planos que se sometieron a la OGPe mostraban un edificio de tres pisos y la estructura levantada, en realidad, tenía cuatro. El permiso que aprobó la OGPe en 2016 siguió el mecanismo de “certificación”, lo que implicó que la entidad aceptó la representación que le hiciera Walter Cardona Castro, entonces ingeniero proyectista, de que la obra cumplía con todas las normativas dispuestas para su construcción.
El juez Quiñones igualmente concluyó que la certificación para obtener el permiso era improcedente porque, incluso si el proyecto se limitaba a un edificio de dos pisos con dos unidades de vivienda, el predio en que ubicaba la obra no cumplía con los parámetros que disponen una densidad poblacional de una sola unidad de vivienda por cada 2,000 metros cuadrados.
Así las cosas, se ordenó a Gasparro y Cardona Castro demoler el edificio y remover los escombros en un periodo no mayor de seis meses.
Sin embargo, tres años después, la estructura en desarrollo no solo continúa en pie, sino que recibió en marzo pasado –también por vía de certificación– unos permisos enmendados de la OGPe que le permiten levantar una estructura de cuatro plantas para 10 unidades residenciales.
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Esos permisos concedidos hace dos meses, a su vez, dejaron sin efecto una solicitud de permiso de “legalización” de la obra que se tramitó en 2019 mientras transcurría el proceso apelativo de la sentencia de Quiñones. En la solicitud de legalización fue que finalmente se hizo constar de manera formal que el edificio constaría de unas 10 unidades de vivienda distribuidas en cuatro pisos.
“Ves como de nuevo las actuaciones de OGPe se están yendo por encima de lo que los tribunales están decidiendo. Hay un problema de legalidad grande, que no es solamente descubrir un problema en (el condominio) Sol y Playa, o un problema en Aguadilla o un problema allá en Salinas, es un problema de legalidad que va desde lo más alto, que es el Reglamento Conjunto, hasta ejecuciones que ves por ahí y actuaciones que son totalmente contrarias a las sentencias de los tribunales. Ellos tienen una resistencia a cumplir con lo que los tribunales le ordenan. ¿Cómo es posible que el ejecutivo tenga sentencias que le digan que no pueden hacer tal cosa y entonces le den la vuelta, las incumplan y las ignoren?”, cuestionó Miguel Sarriera Román, uno de los abogados de la Asociación Vecinal del Barrio Puntas.
Metro se comunicó con la secretaria de la oficina de Eugene Hestres Vélez, abogado de Gasparro, pero el licenciado nunca respondió a la petición de entrevista sobre el caso que enfrenta su cliente.
Los permisos de construcción que pueden aprobarse mediante certificación son aquellos de carácter “ministerial”, según las definiciones del Reglamento Conjunto de Permisos y la Ley 135 de Certificación de Planos, lo que significa que, por cumplir con las disposiciones reglamentarias, no requieren de juicio o discreción alguna de parte de OGPe u otras agencias públicas, siempre y cuando cuenten con el aval de un ingeniero o arquitecto.
“Esto es un proyecto que se ampara en la Ley de Certificación y definitivamente nosotros entramos y cumple con todos los requisitos del permiso. Cumple con los planos certificados, cumple con el memorial explicativo… son como 18 requisitos diferentes. Si cumple por reglamento (el permiso) se aprueba o se deniega, se valida el trámite y, si cumple con todo, se aprueba”, sostuvo Hernández, el secretario auxiliar de la OGPe.
¿La postura de OGPe es que los permisos existentes son válidos?, le preguntó Metro.
“Todos los permisos, una vez emitidos, tienen presunción de corrección bajo la Ley 161 (de Reforma de Permisos de 2009)”, replicó Hernández.
Según el funcionario, el 3 de marzo se introdujo una enmienda a los permisos para incluir a Alexis Rosado Moreno como ingeniero proponente del proyecto, en sustitución de Jaime Torres, quien falleció. El 11 de marzo, en tanto, el permiso se volvió a enmendar para ajustar el costo estimado de la obra a $923,000, proyección que es necesaria para el cálculo de los arbitrios de construcción, señaló Hernández.
De acuerdo con Hernández y licenciada Zeidan, la agencia nunca ha sido notificada de la determinación judicial vigente que anuló el permiso de 2016 y ordenó la demolición de la estructura.
Hernández, al igual que el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús, fue citado a comparecer a una vista el 1 de junio, tras una moción de ejecución de sentencia y solicitud de desacato que presentó la Asociación Vecinal ante el Tribunal de Aguadilla.
¿Para la OGPe, en qué se distinguen los permisos que aprobó en marzo con respecto a los que el tribunal anuló entre 2019 y 2020?, se le preguntó a Hernández.
“Tendríamos que hacer una evaluación y comparación de los mismos para decirte. Como secretario auxiliar, esa no es mi función, pero podemos analizarlo y te dejamos saber”, dijo el funcionario.
“La Ley 161 establece unas razones para que un Tribunal de Primera Instancia revoque un permiso o mande a demoler una obra. El permiso se puede revocar por razón de dolo o fraude, o puede mandar a demoler una obra porque no tenía permiso. El tribunal en cualquier momento puede mandar a ejecutar su sentencia (pero) eso es ajeno a que yo evalúe un trámite, porque yo no tengo una sentencia en el tribunal que me impida evaluar y adjudicar una solicitud, que fue lo que la OGPe hizo”, planteó, por su parte, Zeidan.
Aunque el municipio de Rincón presentó, en marzo de 2020, una querella ante el Portal Único de Permisos en la que se alegó una violación al permiso de construcción, el alcalde Carlos López Bonilla dijo a este medio que, a estas alturas, “vamos a seguir el proceso y lo que determine el tribunal es lo que vamos a hacer”.
“En el barrio donde se está haciendo el edificio hay muchos similares. Yo entiendo básicamente que ellos (los vecinos) se tienen que amoldar al ambiente que se ha creado en esa área de Punta Higueras. Nosotros, después que el tribunal lo valide, no vamos a hacer nada”, dijo López Bonilla.
“Dentro de todo este procedimiento hemos entrado a hacer lo que se supone que hiciéramos por ley, que es cobrarle (los arbitrios) por las construcciones que hicieron allí”, dijo el ejecutivo municipal, quien añadió que al municipio nunca se le solicitaron endosos para el proyecto, que lleva como nombre Oasis Too Apartments.
De acuerdo con López Bonilla, uno de sus reclamos a la OGPe y la Junta de Planificación es que se enmienden los procedimientos de permisología para que el municipio deba intervenir en “todos los proyectos que se vayan a construir en Rincón”.
Al cuestionársele si considera que existe una laguna legal que abra la puerta a que, existiendo una orden de demolición de una estructura cuyo permiso fue anulado, el dueño de un proyecto tenga la posibilidad de obtener una nueva autorización para construir un edificio esencialmente idéntico, Zeidan puntualizó que la política pública vigente promueve la “legalización” de obras en incumplimiento.
“Yo creo que el gobierno debe aspirar a una cultura de legalización de cualquier obra ilegal que sea legalizable. Siempre y cuando una obra sea legalizable, está la discreción del legislador determinar si en esa u otra ley proveer que se legalicen obras ilegalmente construidas o hacer una transición absoluta para que cuando una obra está en construcción simplemente se demuela y empiece desde cero. Yo no tengo ante mí esa disposición en la ley para descansar en una u otra”, afirmó Zeidan.
Hernández señaló que es la Junta de Planificación la entidad que realiza auditorías “al azar” sobre los permisos que se otorgan por certificación, por lo que OGPe no interviene en el proceso.
“Nosotros vamos a estar dispuestos a someter este casito a auditoría precisamente para que lo miren y vamos a estar acatando la decisión que determine el Tribunal de Primera Instancia […] Si determinan que (el proyecto) no es legalizable, acataremos la decisión”, dijo Hernández.
En julio de 2021, la Junta de Planificación demandó a Gasparro para reclamar el pago de la multa e intereses acumulados por la penalidad que se impuso junto a la orden de demolición, un caso que el juez Miguel Trabal Cuevas resolvió a favor de la entidad gubernamental el pasado 27 de abril.
Hernández sostuvo que la OGPe, al momento, no maneja un dato o estimado de cuántos permisos ministeriales se otorgan en contravención a leyes y reglamentos. Sarriera Román, sin embargo, consideró que la mayoría de las ilegalidades “pasan por debajo del radar”.
“No te puedo decir qué tan común es, pero por lo menos en mi práctica me lo he encontrado un par de veces. Sin una auditoría es muy difícil” establecer la frecuencia, subrayó el abogado de la Asociación Vecinal del Barrio Puntas.
