En medio de las críticas por la asignación de oficiales policiacos a labores de seguridad personal, presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anticipó que en el cuerpo legislativo se someterán dos proyectos de ley para regular el uso de escoltas a exgobernadores y funcionarios activos.
Según Hernández, uno de los proyectos atendería específicamente la seguridad a la que tendrían acceso los pasados mandatarios, mientras el segundo se concentraría en jefes de agencia y líderes legislativos.
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“Yo creo que va a haber acción legislativa en la Cámara. De eso no hay duda. Aquí se aprobó y creo que se redactó mal, porque se vio hasta partidista porque (el proyecto) atendía solamente las escoltas a dos exgobernadores del PNP (Partido Nuevo Progresista). Creo que debe ser una legislación mucho más amplia”, dijo hoy Hernández durante una rueda de prensa.
La legislación a la que aludió el líder cameral, en la práctica, eliminaba el derecho a escoltas que tienen los exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced, que no completaron un cuatrienio como primeros ejecutivos. Sin embargo, la medida fue vetada por el gobernador Pedro Pierluisi tras ser aprobada en Cámara y Senado.
En la Cámara se presentará “un tipo de legislación que establezca unos parámetros. Creo que hay unas diferencias diametrales. Yo no puedo justificar (los gastos actuales)”, dijo Hernández.
En su caso, Hernández precisó que tiene asignado un agente para seguridad que lo acompaña “los días de semana”. Según el desglose que proveyó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) a una comisión cameral la semana pasada, el gasto en horas extra por la escolta del presidente cameral en 2021 fue de $4,623.
“Tengo un agente y él no se monta en mi carro. Él anda en su guagua cuando voy a hacer gestiones. La mantengo lo más distante posible. Por eso ven que el ‘overtime’ que tiene es bien poquito”, dijo.
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El listado provisto a la Cámara de Representantes fue encabezado por la comisionada residente Jenniffer González, con gastos de $189,334. Otros funcionarios y exfuncionarios cuyos gastos de escoltas superaron los $100,000 fueron el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa ($182,272), los exgobernadores Alejandro García Padilla ($145,694), Vázquez Garced ($129,101) y Luis Fortuño ($110,681), el secretario de Estado, Omar Marrero ($109,788), el presidente del Senado, José Luis Dalmau ($108,503) y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli ($105,878).
En la lista no se incluyó los gastos de la escolta del gobernador Pierluisi, pero el DSP informó a este medio que ascendieron a $283,176.
Al incluir el costo de las escoltas del primer ejecutivo, el pago de horas extra a las escoltas de 17 funcionarios y exgobernadores fue de $1,667,123 el año pasado.
Aunque Hernández aseguró que la Cámara baja acudiría en cualquier momento a los tribunales en busca de que el ejecutivo entregue documentación relacionada con los gastos de escoltas en La Fortaleza, posteriormente se aclaró que ayer se sometió un segundo requerimiento al DSP. De acuerdo con Hernández, hay funcionarios activos que gastan más en escoltas que González, contrario a la lista que se sometió a la Cámara.
Entre los 13 requerimientos, se solicitó información sobre las querellas de amenazas hacia la hermana del primer ejecutivo, Caridad Pierluisi, quien dirige la Oficina del Gobernador. El mismo requerimiento se hizo para tres jefes de agencia: el secretario de Salud, Carlos Mellado; el titular de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo; y el director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión.
Los tres jefes de agencia figuran en el listado de funcionarios que recibieron servicios de escolta en 2021.
“Entiendo que los gobernadores tengan sus escoltas por la realidad de que sus decisiones afectan el día a día de la vida de los puertorriqueños. Ayer, cuando se abrieron todas esas puertas, como si esto fuera un combate en Irak. Es excesivo. Creo que deben tener y es una cuestión de prudencia, pero razonable, basado en la realidad de lo que vivimos hoy. No estamos en guerra civil ni tenemos un problema de que hayan dicho que lo van a asesinar o un atentado a su familia”, dijo Hernández, aludiendo a la llegada de Pierluisi a una actividad que se celebró ayer en el Capitolio.
El presidente cameral, asimismo, rechazó que exista ambiente para retar legislación que limite el uso de escoltas pagados con fondos públicos. En el pasado, el Tribunal Supremo ha defendido el derecho adquirido de los exgobernadores a recibir seguridad oficial.
“Si hay algún tipo de código que establezca unas normas donde algunos de esos funcionarios que le sirvieron bien al país, y hay una situación de amenaza, creo que sería prudente. Pero si no la hay y no hay efecto ninguno… mira como hay dos exgobernadores que no las tienen”, indicó Hernández, haciendo referencia a Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.
“El que quiera ir al tribunal que vaya. Yo quisiera ver que en esta realidad, donde estamos cortando beneficios a todo el país, con grandes retos para allegarle servicios a la agente, alguien vaya al tribunal a defender (los escoltas), porque eso es indefendible”, insistió el presidente de la Cámara.
Ayer, el presidente del Senado y Pierluisi, por separado, defendieron el uso de escoltas para la protección de altos funcionarios. El gobernador, sin embargo, dijo que el DSP debe esforzarse por minimizar el costo en horas extras.
