La falta de estimados de daños a raíz de las históricas lluvias que impactaron la región norte entre sábado y domingo han impedido que el gobernador Pedro Pierluisi decrete un estado de emergencia en los municipios más afectados que les permita acceder al Fondo de Emergencia estatal.
“La declaración se emite tan pronto se reciben los estimados de daños que la justifiquen. Se supone que en el día de hoy estemos recibiendo los estimados de daños y a base de eso entonces se emite la orden (ejecutiva) y se declara la emergencia para los municipios que la hayan justificado”, dijo el primer ejecutivo.
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“Pensaría que en uno que otro municipio de seguro será necesario. Pero estoy especulando porque tengo que tener los datos antes de emitir juicio”, añadió el gobernador.
Al momento, el Fondo de Emergencia cuenta con unos $450 millones disponibles, precisó el primer ejecutivo, al añadir que ya solicitó a la Junta de Control Fiscal acceso a la reserva.
Pierluisi señaló que tampoco ha decidido si solicitará a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias una declaración de desastre con miras a que se puedan reembolsar algunos gastos incurridos en las labores de respuesta.
“Es prematuro eso. Depende de la cantidad de daños que tuvimos. […] Es a ese fondo (de Emergencia) que estaremos acudiendo, a menos que resulte que los daños son tan extraordinarios que amerite una declaración presidencial”, sostuvo el primer ejecutivo.
A base de las conversaciones que ha sostenido con los alcaldes, los municipios más afectados por las inundaciones fueron Cataño, Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Guaynabo y Aguas Buenas, dijo Pierluisi.
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Analizarán relocalizaciones
Las consecuencias de las fuertes lluvias, que incluyó sectores donde se acumularon sobre 15 pulgadas de agua entre sábado y domingo, deben dirigir la discusión hacia la posibilidad de relocalizar viviendas y comunidades a lugares con menor riesgo de inundación, admitieron tanto el primer ejecutivo como el secretario de la Vivienda, William Rodríguez.
En ese sentido, Pierluisi mencionó específicamente las comunidades de Candelaria, en Toa Baja, y Juana Matos, en Cataño, donde dijo que pudo ver los daños junto a los alcaldes, Bernardo “Betito” Márquez, y Julio Alicea, respectivamente.
“En Candelaria en particular tienes un sumidero que, por alguna razón, está comprometido. Ahí (el Departamento de) Recursos Naturales va a tener que ir al área a ver si puede drenarlo, limpiarlo, porque las aguas están proviniendo de un sumidero. El alcalde (Márquez) me indica que un desarrollo de un tiempo atrás que se hizo ahí pudo haber impactado ese sumidero. Aunque se hicieron unas obras para aguantar la fuerza de las escorrentías, la escorrentía es bien fuerte y está impactando toda una comunidad”, dijo el mandatario.
Según el primer ejecutivo, en esa comunidad observó una vivienda que fue construida como parte del programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) que administra el Departamento de la Vivienda con fondos de Desarrollo Comunitario tras Desastres (CDBG-DR).
“Es verdad que (la casa) está como en una loma, pero están construyendo una casa de R3 ahí. Entre las cosas que tenemos que hacer, y le mencioné al alcalde, es que quiero que el secretario de la Vivienda vaya allí para estar seguros que construimos donde debemos construir y propiciamos reubicaciones”, dijo el primer ejecutivo.
“Es muy difícil sacar una familia de donde residen, es una cuestión humana. Allí puede que haya terrenos disponibles para viviendas de interés social y por eso es importante que el secretario vaya y se reúna con el alcalde y empezamos a buscar la manera de reubicar los que tengamos que reubicar. Lo ideal es que construyas la vivienda antes de reubicarlos porque si lo que tienes es vales de Sección 8 usualmente la gente está bien renuente a coger el vale y vaciar su casa”, agregó el mandatario.
De acuerdo con Pierluisi, el alcalde de Cataño le mencionó que en ese municipio hay unos terrenos disponibles en los que se podría desarrollar un complejo de viviendas de interés sociales que pudiera beneficiar a los actuales residentes de la comunidad Juana Matos.
El secretario Rodríguez, por su parte, recordó que el gobierno cuenta con unos $8,300 millones para el programa de mitigación bajo CDBG-DR, de los cuales $1,500 millones que podría utilizarse para desarrollar estrategias que reduzcan los riesgos en ciertas zonas residenciales.
“Todas estas relocalizaciones a partir de fondos federales son voluntarias, así que esto es un ejercicio comunitario, entre el municipio, los residentes de estas comunidades y el Departamento de la Vivienda. Muchas veces se da mediante proyectos planificados y en otras ocasiones mediante la entrega de vales para que compren vivienda en lugares no inundables y no peligrosos”, afirmó Rodríguez.
De otra parte, Pierluisi defendió la respuesta del gobierno a la súbita emergencia atmosférica, que no incluyá las típicas conferencias de prensa para alertar a la ciudadanía de los riesgos.
“Para el viernes lo que se anticipaba era uno o dos pulgadas de lluvia. El sábado es que comienza a cambiar la situación. Nino (Correa, comisionado de Manejo de Emergencias) y el secretario de Seguridad Pública (Alexis Torres), con mi visto bueno, optaron por tirarse a la calle en vez de estar haciendo conferencias de prensa para, sobre el terreno, atender la situación”, subrayó Pierluisi, quien puntualizó que la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, mantuvo comunicación en todo momento con alcaldes y jefes de agencia.
“La respuesta fue ejemplar”, aseguró el gobernador.
