La discusión sobre el futuro de las bolsas plásticas y los materiales de un solo uso volvió al centro del debate público en Puerto Rico tras una vista celebrada en el Senado para analizar el impacto del Proyecto del Senado 900, medida que propone derogar la ley vigente que regula estos productos en la isla.
La audiencia, convocada por la vicepresidenta del Senado, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, reunió a representantes de organizaciones ambientales y del sector comercial para examinar los efectos de la legislación actual y evaluar alternativas que permitan reducir los residuos sólidos y fomentar el reciclaje en Puerto Rico.
Durante la vista, uno de los temas que marcó la conversación fue la creciente presión sobre el sistema de manejo de desperdicios en la isla. Se destacó que Puerto Rico genera entre 5.5 y 5.8 libras de residuos por persona diariamente, una cifra que supera el promedio de Estados Unidos, mientras que la proporción de plástico en los vertederos aumentó del 10% al 17% entre los años 2003 y 2023.
Además, se señaló que la mayoría de los 29 rellenos sanitarios del país opera cerca de su capacidad máxima, y que el cierre de algunos podría representar costos millonarios para el gobierno y los municipios, lo que añade urgencia a la discusión sobre políticas públicas relacionadas con el manejo de residuos.
Desde la perspectiva ambiental, representantes de organizaciones como Basura Cero PR advirtieron que la derogación de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso podría trasladar los costos ambientales, sanitarios y de infraestructura a las entidades públicas y a los contribuyentes. También se expresó preocupación por la presencia de micro y nanoplásticos en el agua potable, la cadena alimentaria y el cuerpo humano, asociados a riesgos cardiovasculares, cáncer, disrupción endocrina y problemas reproductivos.
Otro aspecto destacado durante la audiencia fue el impacto de los plásticos en los ecosistemas y en la economía turística. Se indicó que los plásticos de un solo uso representan aproximadamente el 80% de la basura marina en el Caribe, lo que amenaza los arrecifes de coral que protegen las costas y generan ingresos para el sector turístico.
La senadora Jiménez Santoni reiteró que la intención original de la ley era eliminar gradualmente el uso de bolsas plásticas y promover una mayor conciencia ambiental, especialmente entre las nuevas generaciones.
“Hoy quiero reafirmar mi compromiso por el bienestar de nuestras comunidades y el futuro de las próximas generaciones. Llevar el mensaje de reciclaje, especialmente de los plásticos y materiales de un solo uso, a cada rincón de mi distrito es una de mis prioridades como senadora. Es de vital importancia que nos eduquemos sobre el tema y creemos un alto grado de concienciación para juntos proteger el medioambiente de manera más efectiva”, expresó la legisladora.
Por su parte, el Centro Unido de Detallistas planteó que, aunque la prohibición de bolsas plásticas tiene un propósito positivo, no ha sido la vía más eficiente para resolver el problema de la disposición final de residuos. La organización señaló que el desafío principal radica en la falta de una cultura de reciclaje y en la necesidad de implementar programas educativos y sistemas de recogido integrados con los municipios.
Entre las propuestas discutidas durante la vista se mencionó la posibilidad de incluir las bolsas biodegradables dentro de la definición de bolsa reusable, así como eliminar ciertos requisitos regulatorios que, según el sector comercial, generan confusión y dificultan la fiscalización. También se sugirió establecer un cargo fijo para cualquier tipo de bolsa, con el fin de evitar un impacto económico adverso en las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, se planteó la necesidad de revisar la Ley para la Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos y fortalecer la infraestructura de manejo de residuos, al tiempo que se exploran alternativas sostenibles que puedan producirse localmente en Puerto Rico.
Durante la audiencia también se discutieron los retos asociados a los materiales compostables y reutilizables. Aunque se consideran opciones más amigables con el ambiente, su costo de producción es más alto, su disponibilidad es limitada y el clima tropical de la isla puede afectar su durabilidad.
El debate legislativo dejó claro que el manejo de los residuos sólidos continúa siendo uno de los retos ambientales y económicos más importantes para Puerto Rico.
Más allá de la discusión sobre el tipo de bolsa que se utilice, el consenso entre los participantes apuntó a la necesidad de fortalecer la educación ambiental, desarrollar infraestructura de reciclaje y promover políticas públicas que reduzcan los desperdicios desde su origen.
