Representantes de la industria de restaurantes de comida rápida expresaron ayer su oposición al Proyecto de la Cámara 843, argumentando que la propuesta —que busca obligar a los establecimientos a informar a los consumidores sobre todas las opciones de tamaños disponibles— ya está cubierta por reglamentación vigente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
La medida es impulsada por el representante Edgar Robles Rivera, en respuesta a la práctica de muchos establecimientos de solo ofrecer al cliente ofertas y los llamados “combos” en tamaños medianos o grandes, omitiendo el tamaño pequeño que suele ser más económico.
“Esta omisión de ofrecer el producto en su tamaño pequeño, aunque pueda pasar desapercibido, limita la libertad de elección del consumidor y puede representar una práctica de venta engañosa o de presión comercial”, indicó Robles Rivera, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara.
Sin embargo, Caribbean Restaurants LLC, empresa que posee los derechos de franquicia de Burger King en Puerto Rico, rechazó la medida durante la vista pública al afirmar que el asunto ya está regulado por el Reglamento de Prácticas Comerciales (Reglamento 9158) del DACO, por lo que no sería necesaria una nueva legislación.
El presidente de la compañía, Carlos Morell Rodríguez, sostuvo que dicho reglamento establece los principios que atienden las preocupaciones mencionadas en el proyecto y requiere la descripción clara de los productos.
“Los consumidores ya cuentan con información clara y suficiente al momento de adquirir productos en nuestros establecimientos, y aquellos comercios que no cumplan conocen las consecuencias de multas según el Reglamento 9158”, pronunció Morell Rodríguez, también presidente de Latin American Subs (operadora de Firehouse Subs) y de Latin American Chicken (administradora de las sucursales de Popeyes).
Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), Carlos Budet, coincidió en que crear un estatuto sobre la misma materia podría generar confusión entre los consumidores, comerciantes y las agencias encargadas de la fiscalización.
Budet explicó que el Reglamento 9158 exige que todo anuncio provea información esencial sobre tamaños, precios y características del bien o servicio, libre de ambigüedades. Además, señaló que uno de los propósitos de esta normativa es ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y responsables respecto a los productos de comida rápida.
Según el representante Robles Rivera, en ocasiones los establecimientos agrandan los “combos” sin el consentimiento del cliente. De aprobarse, el proyecto establecería la “Ley de Transparencia en la Oferta de Tamaños en Establecimientos de Comida Rápida”.
“El consumidor tiene derecho a conocer todas las opciones disponibles para poder decidir responsablemente, tanto por motivos de salud, económicos y de preferencia personal”, enfatizó el legislador.
Pese a este señalamiento, el DACO también opinó que la pieza legislativa es innecesaria y constituiría una intervención indebida en la libertad de empresa.
“Imponer un requisito legislativo que obligue a los comercios a modificar sus ofertas o tamaños no solo sería redundante, sino que afectaría innecesariamente el libre ejercicio del comercio en Puerto Rico”, puntualizó la secretaria de la agencia, Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, en un memorial explicativo.
Finalmente, el Centro Unido de Detallistas (CUD) no tuvo objeción con la aprobación de la medida, pero solicitó que se disponga la información sobre los tamaños de manera visual y verbal.