Durante una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau, sobre la Resolución del Senado 270, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, catalogó como detrimental para la salud financiera del país el plan de reestructuración de deuda propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Hay muchos elementos importantes que no se consideraron cuando se propuso este RSA originalmente y que dentro de ese pago de servicio a la deuda hay que priorizar a los que hay obligación de pagarle, y por otro lado ese temor que se tiene a que el consumo energético del país disminuya, y que como consecuencia de ello haya que buscar algún tipo de tarifa para sustentar ese pago futuro al servicio de la deuda. Vemos que no necesariamente tenga que ser así”, sostuvo el también senador por el distrito de Carolina, Aponte Dalmau.
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Indicó, además, que presentará a los demás miembros de la Legislatura el impacto que tendría en la economía de aprobarse dicho acuerdo.
Figueroa Jaramillo expresó durante su ponencia que “esta Legislatura tiene que asumir su responsabilidad histórica de detener los acuerdos que la Junta ha llegado en cuanto a la AEE y que son detrimentales para la salud financiera del Pueblo de Puerto Rico. La única manera de hacerlo es no aprobando la legislación que la Junta necesita para materializar dicho acuerdo. De esta Legislatura aprobar el ‘Restructuring Support Agreement’ (RSA), sería la única responsable de todas las consecuencias funestas que se avecinan, porque tuvieron la oportunidad de detener esos aumentos, y no protegieron los intereses de Puerto Rico”.
Figueroa explicó que la JSF llegó a un acuerdo con los bonistas de la AEE que está plasmado “en el tristemente célebre ‘Restructuring Support Agreement’, mejor conocido como el RSA. El RSA pretende garantizar el pago de esos bonos mediante la aprobación de legislación que permita asignar el aumento en la tarifa como garantía de los bonos nuevos, y la creación de una entidad corporativa pública, que maneje ese servicio a la deuda”.
Por su parte, el representante legal de la UTIER, licenciado Rolando Emanuelli, indicó que “quieren hacer una mega corporación pública totalmente intocable, para tener control del aumento de la tarifa para pagarle a los bonistas por encima de los gastos de operaciones, de mantenimientos, entre otros”. Señaló que dicha entidad no estaría sujeta a sobre 16 leyes como la de Ética Gubernamental. Mencionó, también, que dicho plan podría ser más oneroso en la promesa de pago. Recordó que este acuerdo fue hecho antes de la pandemia y las condiciones económicas han cambiado en el país.
Figueroa Jaramillo dijo que lo primero que tiene que hacerse en un proceso de reestructuración de deuda bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos, es determinar la validez de los créditos que se pretenden considerar.
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“Además, debe considerarse la clasificación como asegurado o no asegurado, para determinar la validez de los créditos que se pretenden considerar. Además, debe considerarse la clasificación como asegurado o no asegurado, para determinar el grado de recorte o reducción de la deuda que permite la Ley conforme a las circunstancias económicas del deudor. Cualquier acuerdo que no tome en cuenta esos dos factores, y no los aplique a beneficio del Pueblo de Puerto Rico, es un mal acuerdo que esta Legislatura debe rechazar”, añadió el Presidente de la UTIER.
A preguntas del senador Aponte Dalmau, el deponente mencionó que con el nuevo acuerdo propuesto se destinarán $868 millones anuales para el pago de la deuda, mientras que en el acuerdo anterior el pago sería de $600 millones. “La razón es que antes se pagaba como un pagaré ya establecido. En esta fórmula es un gravamen de acuerdo al consumo…si el país consume más, se paga más a la deuda”, manifestó Figueroa.
Igualmente, el líder sindical sostuvo que el acuerdo con los bonistas dice que primero se paga la deuda… “y no es lo mismo tener energía que tener el acceso a la energía y esto está ocurriendo en muchas partes del mundo. Porque los costos no permiten tenerlo y hacia eso están llevando al País”, añadió.
En su turno, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, expresó que “aquí la pregunta fundamental es si la legislatura, no lo que va hacer la JSF, si tiene la disposición de decirle a los bonistas que el pago es cero, si esta legislatura tiene la capacidad de hacer eso. Eso es lo que a mi me preocupa. No he visto esa disposición hasta ahora. Aquí no podemos pagar, punto”.
Figueroa Jaramillo recalcó que la legislatura “no debe autorizar transacción alguna con los bonistas en el caso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que implique desembolsos o pagos a bonos emitidos ilegalmente, o por encima de su clasificación de no asegurados, o del valor real de dichos bonos”.
