La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) anunció hoy un acuerdo judicial entre el gobierno de los Estados Unidos y To Go Stores, LLC., el cual protegerá a las comunidades en todo Puerto Rico y resolverá presuntas violaciones a las leyes ambientales federales en 15 gasolineras en Puerto Rico.
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Los tanques subterráneos de almacenamiento (UST) de propiedad de y operados por To Go Stores, contienen comúnmente grandes cantidades de gasolina y pueden causar daños ambientales considerables si tienen fugas, incluso contaminar el agua subterránea con contaminantes como el benceno, el cual es conocido como cancerígeno. To Go ha acordado pagar una multa civil de $125,000, implementar medidas para asegurar el cumplimiento con la ley, efectuar revisiones de las instalaciones y reemplazos de tanques, instalar o mejorar sistemas automáticos para medir en los tanques a fin de detectar emisiones e instalar un sistema centralizado de monitoreo. Como parte de la resolución, To Go ha aceptado mejorar la detección de fugas en al menos 43 estaciones gasolineras en todo Puerto Rico.
“Esta resolución protege a las comunidades en todo Puerto Rico al mejorar considerablemente la manera en que To Go gestiona los tanques subterráneos de almacenamiento de gasolina. El sistema centralizado de monitoreo requerido por esta resolución protegerá en particular los recursos vitales de agua subterránea al asegurar que los tanques subterráneos en docenas de gasolineras sean ahora debidamente monitoreados y mantenidos”, señala Lisa F. García, administradora regional de la EPA.
En una denuncia presentada simultáneamente con un acuerdo por consentimiento en el tribunal federal en Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos alegó que To Go contravino de numerosas maneras la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos y las Regulaciones de Control de Tanques Subterráneos de Almacenamiento de Puerto Rico. Las presuntas contravenciones incluyen no utilizar el equipo debido para los tanques subterráneos de almacenamiento, no efectuar la operación y el mantenimiento requeridos y no reportar e investigar emisiones sospechadas. Se presume que una o más de estas contravenciones ocurrieron en 15 de las sedes de la compañía en todo el Estado Asociado.
La EPA alienta a las empresas y entidades a llevar a cabo el cumplimiento con las regulaciones ambientales combinando el uso de tecnologías avanzadas, como los sistemas de prevención de la contaminación y tecnologías informáticas, con medidas tradicionales de cumplimiento. El componente centralizado de monitoreo de este acuerdo permitirá que To Go identifique y responda rápidamente ante fugas reales o potenciales de gasolina en 43 gasolineras que tienen tanques subterráneos de almacenamiento activamente operando, cada uno de los cuales estará equipado con equipo electrónico de monitoreo para detección de emisiones con la capacidad de transmitir datos de monitoreo a un lugar central las 24 horas. Esta tecnología centralizada de monitoreo permitirá a la compañía ofrecer una vigilancia continua desde un solo lugar para un mínimo de 43 gasolineras, las 15 citadas en la denuncia, además de 28 instalaciones adicionales.
To Go también instalará o mejorará para contar con sistemas de medición totalmente automática de los tanques para detectar emisiones en 43 instalaciones. Esta medida de cumplimiento junto con el sistema central de monitoreo, valorado en aproximadamente $600,000, notificará instantáneamente a un sistema central de gestión en caso de que haya una fuga potencial o real. La obligación de instalar o mejorar los sistemas de monitoreo central y la detección de emisiones con medidores automáticos en los tanques se extenderá a toda instalación adicional que tenga UST activamente operando que pueda adquirir To Go después de la fecha en que se registre el decreto de consentimiento. Además, To Go entregará informes trimestrales a la EPA acerca de su operación de estos sistemas y deberá proporcionar más información sobre sus operaciones según lo pida la EPA.
La resolución está sujeta a un periodo de comentarios del público de 30 días y debe ser aprobada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico antes de pasar a ser definitiva. https://www.justice.gov/enrd/consent-decrees
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