La delegación senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó en pasados días una medida que pretende crear un currículo en “valores y ética” a tiempo para el inicio del año escolar 2022-2023 que comienza en agosto.
El Proyecto del Senado (PS) 727, suscrito por los 10 legisladores de la delegación novoprogresista, se presenta justo cuando el Departamento de Educación se encuentra desarrollando un “currículo de equidad y respeto entre los seres humanos”, como el secretario Eliezer Ramos Parés ha denominado el componente que se implementaría en respuesta al mandato de crear un modelo de enseñanza con perspectiva de género en el sistema público.
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En la pieza legislativa, que crearía la Ley de Integración de Valores y Ética (LIVE), no se precisa si la intención de la iniciativa es reemplazar el mandato del gobernador Pedro Pierluisi para que se ponga en práctica un currículo con perspectiva de género –según decretó en la orden ejecutiva que estableció un estado de emergencia por la violencia de género–, o si se trata de componentes que se implementarían de forma complementaria.
Luego de revelar el pasado martes, durante su vista de confirmación, que Educación se encontraba trabajando un currículo que dejaba fuera la terminología de perspectiva de género, Ramos Parés enfrentó críticas de las cinco organizaciones cívicas que componen el Comité PARE, el organismo a cargo de desarrollar las estrategias para combatir la crisis de violencia machista en el país.
“El subcomité de Educación en PARE a cargo del currículo presentó al DE un plan que éste acogió. Las expresiones del Lcdo. Ramos no solo son contrarias a los expresado por el subsecretario en la reunión de PARE, sino que además van en contra de los acuerdos trabajados hasta el momento”, manifestó Sonia Flores Cortés, de la Fundación Alas a la Mujer.
En su artículo 2, el PS 727 enumera que, entre los valores que el Departamento de Educación deberá promover transversalmente en su currículo, figuran “el respeto, la equidad, la integridad, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el civismo, así como el desarrollo de atributos positivos del carácter y destrezas sociales y emocionales, fundamentales para la vida cotidiana”.
“La integración de valores y ética en el currículo académico del Departamento de Educación será una de las herramientas más efectivas para atajar y, eventualmente erradicar, el discrimen social y la corrupción moral en Puerto Rico. La meta es que la esencia de nuestras próximas generaciones sea de respeto, empatía, alto sentido de responsabilidad social, integridad y de incorruptibilidad de carácter”, lee la exposición de motivos del proyecto, sometido el pasado miércoles, al día siguiente de que Ramos Parés compareciera ante la Comisión de Nombramientos.
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Para poder implementar el currículo, todos los directores y maestros del sistema atravesarían un proceso de capacitación que incluiría “la discusión de conceptos, herramientas o esquemas de análisis, así como posibles estrategias de enseñanza a través de las diversas materias de enseñanza”.
Aunque el currículo deberá implementarse para agosto de este año, la capacitación de los docentes sería un proceso “continuo”, al tiempo que la medida detalla que el Departamento de Educación estaría facultado para realizar acuerdos de colaboración con entidades tales como la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), “así como otras entidades gubernamentales, educativas y sociales, que se dediquen a la promoción de valores y ética”.
De aprobarse el proyecto según redactado, Educación estaría exento de cumplir con la sección 6.5 de la Ley 8 de 2017, que coloca sobre el “Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico”, la función de cumplir con las políticas de adiestramiento de los empleados públicos.
El PS 727 dispone también que el secretario de Educación designaría un funcionario que serviría como oficial de cumplimiento de la LIVE.
La creación de currículos o programas educativos dirigidos a enseñar “valores” en el sistema público de enseñanza no es un tema nuevo en Puerto Rico, toda vez que en el pasado cuatrienio, bajo la convicta ex secretaria de Educación Julia Keleher, se otorgó un contrato de casi $17 millones a la compañía Josephson Institute of Ethics para que implementara el programa “Desarrollando Carácter” en las escuelas.
El contrato, cancelado en mayo de 2018, recibó críticas no solo por su cuantía, sino porque la firma agraciada había sido referida al Departamento de Educación por Zulma Rosario, en aquel entonces la directora de la OEG.
