La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli propuso el miércoles, enmiendas para que las violaciones a órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador sean consideradas faltas administrativas con una multa de hasta 500 dólares.
“No podemos seguir dándole cheques en blanco a la Rama Ejecutiva, más aún cuando se trata de gobiernos que ya han demostrado que tienden al autoritarismo y aborrecen la democracia. Tiene que respetarse el sistema de gobierno que provee para pesos y contrapesos, y que se supone que proteja a la gente de leyes caprichosas y abusivas. Eso es lo que busca este proyecto”, señaló Nogales Molinelli en declaraciones escritas.
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“Activar unidades especiales de la policía y hacer todo un espectáculo de fuerza para arrestar a estas personas es totalmente descabellado, más aún en un contexto en que hay mucho personal fuera de sus labores. Es obvio que, como ocurre en otras instancias, la administración de Pedro Pierluisi está tratando de convertir a estas personas en ejemplo de lo que pasa cuando alguien disiente de las decisiones de su gobierno. Ahí es que surge el problema con una disposición tan amplia y vaga como la que se creó en la Ley 20-2020, porque permite el abuso de poder y la aplicación arbitraria y caprichosa de las órdenes ejecutivas con fines políticos. Por eso es que cuando la legislatura le delega al Ejecutivo la creación de delitos tiene que ser bien específica y limitada en lo que va a permitir”, añadió.
El cambio propuesto por Nogales Molinelli establecería que las violaciones a órdenes ejecutivas así como otras conductas prohibidas en el Artículo 6.14 constituirán faltas administrativas que acarrearán multas de hasta 500 dólares.
“Desde que Wanda Vázquez emitió la primera Orden Ejecutiva y decretó un toque de queda, muchos sectores levantamos bandera y señalamos que esa forma de gobernar es peligrosa y que las órdenes no se sostienen ante el escrutinio estricto al que se deben someter las medidas que interfieren con derechos constitucionales.
Eso dio paso a muchas detenciones y arrestos bien cuestionables porque ni siquiera se tomó en cuenta que podían existir razones muy válidas para estar transitando de noche o incluso que salir en carro de noche no representaba en sí un riesgo de contagio. Pero en vez de ir moviéndose a medidas menos restrictivas, tuvimos un toque de queda que duró más de un año, y se siguieron añadiendo prohibiciones a las órdenes ejecutivas que, por virtud de la enmienda a la Ley 20-2017, se convertían automáticamente en delitos que siguen siendo procesados de forma arbitraria, desigual y caprichosa. Así llevamos 34 meses en los que el gobierno se ha dado mediante Órdenes Ejecutivas, sin discusión pública, sin escrutinio o proceso legislativo”, explicó.
Nogales Molinelli añadió que el Proyecto de la Cámara 1130 también le ordena al Departamento de Seguridad Pública que cree reglamentación en un término de noventa días para la aplicación de las multas que establece el Artículo 6.14.
