Aunque sin brindar detalles de cómo se garantizará una distribución óptima, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, confirmó que Puerto Rico recibirá 10 millones de las 500 millones de pruebas caseras de COVID-19 que el presidente Joe Biden ha prometido repartir en medio del repunte más dramático de desde el inicio de la pandemia.
“El Departamento de Salud va a identificar cómo se va a hacer el acceso, cuál va a ser la cantidad de pruebas por ciudadano. Va a haber restricciones porque la intención no es que cada ciudadano se haga una prueba todos los días para ver si tiene o no tiene (el virus). Van a haber unas particularidades para que se use de una forma sabia”, dijo García Bardales luego de concluir una reunión con múltiples jefes de agencia.
El grueso de las pruebas, dijo García Bardales, comenzaría a llegar la semana entrante.
“El Departamento de Salud está en conversaciones con el gobierno federal para establecer el mismo protocolo de cualquier otro estado. Eso nos posiciona en un escenario de igualdad”, añadió la funcionaria al preguntársele si se conocía el ritmo al que llegarían las pruebas provistas por el gobierno federal.
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García Bardales se expresó confiada en que las pruebas de antígenos ayudarían a reducir las extensas filas que por las pasadas tres semanas se han observado a lo largo y ancho de Puerto Rico en busca de pruebas diagnósticas de COVID-19, según se ha propagado descontroladamente la variante Ómicron.
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Aunque el Departamento de Salud ha insistido que no existe una escasez de pruebas moleculares o de antígenos en el país, los laboratorios se han visto en la necesidad de limitar la cantidad de exámenes realizados ante la falta de capacidad para procesar los resultados. Paralelamente, las farmacias y otros comercios que venden las pruebas caseras han dejado de dar abasto ante la elevada demanda de la ciudadanía por el producto.
No visualizan control de precios
Durante la rueda de prensa que se celebró tras la reunión con los funcionarios del gabinete de Pedro Pierluisi, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, aseguró que la agencia no ha recibido querellas relacionadas con la venta de pruebas caseras de COVID-19, al tiempo que tampoco contemplan la posibilidad de implementar una congelación de precios ante el alza provocada por la escasez.
“Lo que hay es escasez. Hay más demanda que oferta. En ese sentido, no está la misma cantidad disponible que había hace mes o mes y medio atrás. Ese ha sido el problema mayor que hemos detectado. Pero, al menos en el Departamento, las quejas sobre ese particular no son el tipo de quejas, al menos en la cantidad que vemos para identificarlo como un problema. Eso podría cambiar, nosotros estamos monitoreando todo el tiempo y cualquier problema que identifiquemos tomamos las medidas que correspondan”, dijo Rivera.
“La estrategia del presidente de Estados Unidos es atender la escasez como una primera estrategia. Entendemos que desde la semana entrante en adelante la escasez no va a ser un problema. En el momento en que se atienda el problema de la escasez se controla la oferta y demanda de precios. Vamos a estar monitoreando esto bien atentos”, puntualizó García Bardales.