Liza Fernández, exjueza y esposa del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez, consiguió contratos públicos que sobrepasaron los $420,000 en menos de tres años luego de su renuncia a la judicatura, reportó el programa televisivo Rayos X.
Según se desprende del reportaje transmitido en Telemundo, la también exlegisladora ha recibido, a través de la firma legal Vallor Integrated Consulting, contratos con agencias como el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, así como con los municipios de Cataño y Arecibo.
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Sin embargo, el contrato más cuantioso, según se refleja en el registro de contratos de la Oficina del Contralor, corresponde a un acuerdo de servicios legales por $220,000 que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado otorgó a la firma el 28 de agosto de 2020, y que expiró el 1 de septiembre de este año.
La cuantía global de las nueve contrataciones asciende $426,200.
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El primer contrato público que recibió Vallor Integrated Consulting se firmó el 15 de mayo de 2019, de parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación, un acuerdo por $10,000 para proveer servicios legales que se extendió hasta el 30 de junio de ese año.
Ese contrato, según resaltó Rayos X, se concedió menos de cuatro meses después de que Fernández incorporara la firma, el 28 de enero de 2019. Fernández había anunciado su renuncia a la judicatura un mes antes, el 27 de diciembre de 2018.
Al momento de la renuncia a la judicatura de Fernández, su esposo, Pérez, ya era alcalde de Guaynabo, tras ganar la elección especial en 2017 para reemplazar a Héctor O’Neill, involucrado en un escándalo de acoso sexual por el que, hace apenas unas semanas se declaró culpable.
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El propio Pérez salió de la alcaldía en desgracia el pasado 16 de diciembre, una semana después de ser arrestado y acusado de tres cargos federales por presuntos actos de corrupción pública.
De los nueve contratos públicos otorgados a Vallor Integrated Consulting, solo continúa vigente uno de $37,500 por brindar servicios legales al Departamento de Educación. Este contrato tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2022.
En el programa Rayos X se indicó que, a pesar de las solicitudes presentadas a los ayuntamientos y agencias del gobierno central, solo el municipio de Cataño había cumplido con la entrega de las facturas sometidas por la firma de Fernández.
