Cientos de personas bloquearon una carretera el lunes para exigir que se investigue la masacre de 11 personas y la muerte de otras dos, incluido un policía, en una comunidad al occidente de Guatemala.
Con ocho féretros, de los 11 masacrados, colocados en una improvisada tarima de madera sobre la carreta, los familiares exigieron a las autoridades dar con el paradero de los responsables de la matanza ocurrida el fin de semana en la aldea Chiquix, del municipio de Nahualá, que mantiene conflicto limítrofe por acceso al agua y tierras con Santa Catarina Ixtahuacán, ambas del departamento de Sololá.
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Moisés Tepaz, un lugareño de Santa Catarina Ixtahuacán, dijo vía telefónica a The Associated Press que los fallecidos eran oriundos de su comunidad. Explicó que los fallecidos eran de cuatro familias que hace tres meses fueron desalojadas de su comunidad en Nahualá, donde tenían sus siembros, y que decidieron ubicarse en Santa Catarina Ixtahuacán. Agregó que regresaron a cosechar lo trabajado, para lo cual pidieron protección a la policía, pero fueron atacados.
“Cuando iban en el camino fue el ataque, no fue un enfrentamiento, fue una emboscada, un ataque planificado”, dijo Tepaz, quién responsabilizó a habitantes de Nahualá de la masacre.
En la carretera los manifestantes portaban cárteles en los que se puede leer, “Tenemos derecho a vivir en Paz”, “Exigimos a las autoridades la captura de estos criminales y asesinos de Nahualá”.
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Horas antes las familias recibieron los cuerpos de los fallecidos.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que la causa de muerte de los campesinos indígenas quichés fue por heridas con arma de fuego.
El sábado, la policía descubrió los cadáveres amontonados en un camino de terracería, y entre los muertos habían mujeres, hombres y cuatro niños, incluido uno de 5 años. También encontraron una patrulla de la policía destruida y un camión. Un día antes, la policía reportó que un agente había sido secuestrado y asesinado cuando realizaba patrullajes en la zona.
El conflicto entre las dos comunidades tiene décadas y ha cobrado la vida de decenas de personas. Los problemas se deben a que comparten yacimientos de agua y caminos vecinales que ambas reclaman como propios. El año pasado, debido a los incidentes violentos en el lugar, el gobierno decretó un estado de sitio para intentar apaciguar la violencia.
El vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo encabezó una mesa de diálogo que hasta ahora no ha tenido el resultado esperado.
