Exigen que Hacienda investigue finanzas de políticos que han aceptado sobornos

Dice que es dinero robado del pueblo

Por Metro Puerto Rico

El representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, señaló hoy al Departamento de Hacienda para que tome acción inmediata contra los exalcaldes que aceptaron miles de dólares en sobornos y no realizaron sus debidos pagos de contribución sobre ingresos, como exige la ley.

“Tanto Félix Delgado Montalvo de Cataño, como Ángel Pérez Otero de Guaynabo y Luis Arroyo Chiqués de Aguas Buenas, así como Radamés Benítez Cardona, exayudante del alcalde de Trujillo Alto, deben ser investigados por el Departamento de Hacienda. Ellos le han hecho mucho daño a la sociedad, han manchado el servicio público, pero también se burlaron de todos los contribuyentes honestos que pagan sus impuestos. No estoy hablando de hacer leña del árbol caído. Lo que estoy exigiendo es que se haga justicia”, señaló el también abogado.

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En el caso de Delgado Montalvo, como parte del acuerdo, las autoridades federales confiscarían los relojes y pedirían una restitución de $105,820. También advirtieron al exfuncionario que, en caso que la propiedad no pueda ser localizada, haya sido vendida, ubicada en otra jurisdicción o haya depreciado, el gobierno federal confiscaría otros bienes hasta llegar a la suma estipulada.

Mientras, se ha informado por la prensa que el destituido alcalde de Guaynabo Pérez Otero, también acusado por un gran jurado federal por supuestamente recibió $5,000 mensuales entre finales de 2019 a mayo de 2021.  En el caso de Trujillo Alto, y según  la acusación federal, Benítez Cardona cobraba 75 centavos por el recogido de basura en 23,000 residencias. Equivalía a $17,250 mensuales, o cerca de $1 millón por el esquema de soborno.

“Ese dinero robado es del pueblo de Puerto Rico. Mientras los demás ciudadanos trabajan y sudan para pagar sus contribuciones, estas personas robaron doblemente y crearon subterfugios para evitar de pagar lo que tenían que pagarle al erario público. Con ese dinero se supone que se aporte al pago de los servicios esenciales del país como la salud, transportación, médicos, maestros y policías”, finalizó Aponte Rosario.

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