El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que la solicitud de la jueza Laura Taylor Swain a la Junta de Control Fiscal (JCF) responde a la necesidad de que el ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA explique por qué se deben invalidar varias leyes del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
“Ahora, la bola está en la cancha de la Junta. Estamos hablando, de entre otras leyes, de la Ley 81 que provee para el retiro digno de policías, bomberos y empleados de (el Departamento) Corrección entre otros. Ahora la Junta tendrá que justificar por qué esa ley entre otras hay que dejarlas sin efecto, cuando no se dejaron sin efecto cuando se tramitaron en su momento”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
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“De otro lado, me informan que la jueza le pidió a la Junta que explique por qué le están pidiendo a la jueza que básicamente disponga de las reclamaciones que están pendientes ante los tribunales por alegaciones de justa compensación en casos de expropiación. Ahí lo que la jueza está pidiendo es que expliquen por qué no debo permitir que esos casos continúen su curso y que al final del camino, el tribunal determine cuál es la justa compensación mediante el debido proceso de ley”, añadió.
Según el gobernador, “gracias a Dios que la jueza no echó abajo el Plan de Ajuste de la Deuda. La jueza no ha decidido negar el Plan de Ajuste sino que está pidiendo cuentas a la junta en esas dos áreas”.
Más temprano, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz dijo que las enmiendas que ordenó la jueza federal Laura Taylor Swain no representan un riesgo para la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda.
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“Es imperativo que Puerto Rico culmine el proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III. Esta Orden, en la que se señalan enmiendas que la Junta de Control Fiscal tiene que implementar en el PAD, no resultan en el rechazo del PAD por parte de la jueza Swain. La Orden afirma nuestra posición reiterada durante este proceso, en que la AAFAF y el Gobierno de Puerto Rico forman parte indispensable del proceso del PAD”, expresó Marrero Díaz en declaraciones escritas.
Así también, la jueza Swain ordenó modificar otros aspectos que requieren ciertas modificaciones, que se deberán atender antes de la confirmación del PAD.
El también secretario de Estado expuso que en torno a las Leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020, la jueza argumenta que la JCF debe presentar evidencia y documentación que sustente que estos estatutos son inconsistentes con el PAD.
“Cabe destacar que la JCF solicitó anular estas leyes en el PAD sin encomendarse a los procesos establecidos en la Ley PROMESA. Esta Orden reivindica la posición del Gobierno de Puerto Rico y nos permite seguir luchando para el beneficio de nuestros servidores públicos”, señaló.
Marrero Díaz se expresó confiado en que la JCF atenderá las modificaciones solicitadas por la jueza Swain y no impedirá la participación del Gobierno de Puerto Rico en la redacción de las enmiendas al PAD. “Es importante que el PAD se apruebe, pero es menester proteger los derechos y los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico durante este proceso”, concluyó.
