La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, radicó el lunes, la Resolución de la Cámara 360 que ordena a la Comisión Anti-Corrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, investigar la efectividad del Departamento de Justicia en la radicación de demandas sobre la triple indemnización bajo el palio del Artículo 5.2 del Código Anticorrupción.
“Muchos ciudadanos desconocen que este Código dispone que las personas corruptas tienen que pagar al Estado tres veces la cantidad que se apropiaron ilegalmente. Por eso, debemos aunar esfuerzos para fiscalizar al Departamento de Justicia en el cumplimiento de su deber ministerial de cobrar dicha indemnización”, sostuvo Burgos Muñiz en declaraciones escritas.
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“Ante los actos de corrupción que han acaparado los medios de comunicación es legítimo cuestionar si el Departamento de Justicia radica demandas de triple indemnización al amparo de Ley 2-2018. Los más recientes casos de corrupción provocan una crisis institucional que agrava el contexto de la crisis fiscal que afronta Puerto Rico. A pesar de los esfuerzos con la adopción de dicho Código Anticorrupción y lo realizado por las agencias gubernamentales, aun las personas corruptas se burlan de manera grotesca de la fiscalización pública. Debemos cuestionarnos si nuestro Departamento de Justicia está utilizando esta Ley, y todos los recursos a su disposición, para lograr la devolución al erario de lo obtenido ilícitamente”, manifestó la representante por acumulación.
“Finalmente, la corrupción es un mal que afecta la sana administración pública de manera constante. Es deber de cada miembro de la Asamblea Legislativa combatir efectivamente la corrupción pública en aras de asegurar el mejor porvenir de cada puertorriqueño. No podemos permitir que continúen en aumento los casos de corrupción pública mientras el Pueblo sufre las consecuencias de estos actos sin que el dinero ilegalmente apropiado vuelva a las arcas públicas. Reitero mi compromiso de legislar contra la impunidad para fomentar una gobernanza íntegra, en la cual, la rendición de cuentas esté en el más alto sitial de la administración pública”, finalizó la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes.
