Funcionario de Trujillo Alto arrestado habría recibido sobre $1 millón en sobornos por contrato de recogido de basura
El asistente ejecutivo del alcalde José Luis Cruz devengaba comisiones de más de $17,000 mensuales desde el 2017
Radamés Benítez Cardona, el funcionario de Trujillo Alto arrestado esta mañana por recibir sobornos, se benefició de pagos ascendentes a $17,250 mensuales por un periodo de más de cuatro años a cambio de asegurarse que el municipio mantuviera a la empresa Waste Collection como el contratista encargado del recogido de la basura, de acuerdo con la acusación federal en su contra.
En la conspiración también habría participado el dueño de Waste Collection, Oscar Santamaría, identificado como el Individuo A en la acusación que presentó hoy un gran jurado. Santamaría, según se indica, habría realizado los pagos a través de un “Individuo B”, dueño de la “Compañía B”, dedicada al asfalto y pavimentación.
En las pasadas dos semanas, la fiscalía federal ha develado las acusaciones contra Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, socios de J.R. Asphalt, por sus vínculos con el esquema de corrupción que derivó en la renuncia y declaración de culpabilidad del exalcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado. Rodríguez Santos se declaró culpable por un cargo, al tiempo que Villegas Vargas fue arrestado e hizo alegación de no culpabilidad por tres cargos el jueves pasado.
J.R. Asphalt ha recibido 10 contratos de Trujillo Alto desde 2018.
En el caso de Benítez Cardona, asistente ejecutivo del alcalde José Luis Cruz Cruz, se le acusa por conspiración, sobornos y comisiones ilegales; sobornos con programas federales; y utilizar un cargo público para cometer extorsión. Dichos cargos conllevan sentencias máximas de cinco, 10 y 20 años de prisión respectivamente, para un total de hasta 35 años de encarcelamiento.
“El Individuo B negoció un esquema de sobornos y comisiones ilegales con el acusado Benítez Cardona a nombre del Individuo A. El esquema requería que el Individuo A pagara $0.75 por casa, aproximadamente $17,250 por 23,000 casas, en comisiones ilegales al acusado Benítez Cardona, en conexión con el contrato municipal de Trujillo Alto 2018-000004 adjudicado a la Compañía A. El Individuo B también le dio al acusado un pago adelantado de aproximadamente $200,000 a nombre del Individuo A para garantizar que la Compañía A recibía el contrato de disposición de desperdicios del municipio de Trujillo Alto”, lee la acusación.
Según el pliego acusatorio, los conspiradores intentaron ocultar el esquema al reunirse en “lugares secretos”, comunicarse con mensajes de texto codificados y utilizar efectivo para los sobornos.
El contrato 2018-000004 fue el primero de seis que Trujillo Alto otorgó a Waste Collection, por un valor de $24.1 millones y una vigencia inicial hasta julio de 2024 que, posteriormente, se extendió hasta julio de 2025. De los cinco contratos adicionales, tres son igualmente para el manejo de desperdicios sólidos, mientras otros dos son para el recogido de escombros.
La acusación detalla que Benítez Cardona comenzó a trabajar como asistente de Cruz Cruz, del Partido Popular Democrático, en 2009 y que, actualmente, funge como su asistente ejecutivo.
Partiendo de la alegación de que Benítez Cardona recibió pagos mensuales de $17,250 desde junio de 2017 a julio de 2021, un periodo de 50 meses, las comisiones ilegales habrían ascendido a aproximadamente $862,500. Al sumarse el pago adelantado de $200,000, el funcionario habría recibido en total sobre $1 millón en sobornos.
La fiscalía recomendó al Tribunal Federal que impusiera una fianza de $50,000 a Benítez Cardona, misma cifra que recomendó para el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, también arrestado esta madrugada por un presunto esquema de corrupción que involucra a otra empresa de Santamaría.
En la moción de fianza, la fiscalía incluyó dos imágenes donde aparece Benítez Cardona, presuntamente, recibiendo el dinero. El resto de la evidencia que la fiscalía asegura tener en sus manos incluye mensajes de texto, imágenes de los pagos de sobornos captadas por cámaras de seguridad, contratos públicos, facturas para el pago de contratos gubernamentales, testigos, cheques emitidos por Trujillo Alto y documentos financieros corroborando los pagos.