Tras haber presentado en agosto de este año legislación conducente a atemperar la leyes estatales al estatuto federal de Family First, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, exhortó hoy a los miembros de la Cámara de Representantes, ante el riesgo que representa la pérdida de sobre $800 millones en fondos federales para atender la necesidades de los menores víctimas de maltrato en Puerto Rico y darle paso a la medida en la Sesión Extraordinaria.
“Todos queremos un futuro de oportunidades para nuestros niños y niñas. Estoy segura que esa es una meta que nos une a todos. Tenemos la oportunidad de cumplir con los niños y las niñas que son víctimas de maltrato y de reiterar ese compromiso con nuestra acción. Les exhorto a darle paso a la legislación estatal que atempera el estatuto federal del Family First, que provee por primera vez recursos federales para atender y prevenir escenarios, donde los menores estén vulnerables a la violencia y el maltrato”, expresó González Magaz en declaraciones escritas.
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La funcionaria explicó que el Departamento de la Familia se encuentra en plena implementación del programa Family First, cumpliendo con el Plan Estatal aprobado por el gobierno federal.
“Tenemos el potencial de ampliar y hasta triplicar el número de familias servidas a través de la preservación y el fortalecimiento familiar con servicios de calidad basados en evidencia y mediante colaboraciones con organizaciones de comunidad. Proteger el flujo de fondos federales y garantizar la continuidad de servicios a nuestras familias, niñez y juventud es la prioridad”, sostuvo.
La secretaria de la Familia aseguró que, por primera vez en la historia de los fondos de Child Welfare, hay paridad en los fondos federales que se le proveen a los estados y territorios.
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“Esta reforma histórica permite a Puerto Rico utilizar los fondos del Título IV-E para apoyar servicios y programas de prevención y preservación para menores y familias. No podemos perder esta oportunidad de proveer a nuestros menores las mismas oportunidades y beneficios que reciben en otras jurisdicciones”, dijo.
Así mismo, la funcionaria abundó en las consecuencias de poner en riesgo los servicios a los menores y sus familias.
“Miles de niños y niñas pueden ver perjudicada su salud y su seguridad. Nuestro llamado urgente es a buscar esa meta común, poner el bienestar de todos los menores como prioridad y darle paso a esta medida. Enfoquemos en la vulnerabilidad de los niños y niñas que nos necesitan hoy más que nunca. Es necesario actuar ahora por nuestros menores”, añadió.
La secretaria aseguró que el reclutamiento de trabajadores sociales ya está en efecto, con los recursos asignados en el presupuesto estatal y federal. “Los proveedores también han cumplido para ofrecer los servicios y actualmente ya un 65% están certificados y el resto está en la etapa de someter todos los documentos para unirse al programa. La acción por parte de la Legislatura aseguraría el cumplimiento, fortalece los servicios, mejora las condiciones de trabajo para los trabajadores sociales del DF y provee la oportunidad de darle mejores servicios a los niños y sus familias. El momento de actuar es ahora. Los niños y niñas más vulnerables lo necesitan”.
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