Además de develar el esquema de comisiones ilegales del que se beneficiaba el exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado, las acusaciones federales que enfrentan él y, al menos, uno de los contratistas bajo su administración municipal traen nuevamente al ojo público las deficiencias del modelo de financiamiento de campañas electorales, principalmente a través de las oportunidades que presenta para que figuras privadas incurran en el llamado inversionismo político.
En la acusación contra Mario Villegas Vargas, arrestado el pasado jueves luego de que un gran jurado presentara tres cargos en su contra, se detalla que el socio de la compañía J.R. Asphalt habría contribuido “al menos” $30,000 en efectivo a la campaña que en 2016 llevó a Delgado a la alcaldía por primera ocasión.
Dichos donativos, por supuesto, no se reflejan en los informes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), toda vez que esa cantidad excedería dramáticamente los topes permitidos para las aportaciones individuales a campañas políticas, que al presente es de $2,800 anuales por candidato o comité político. De hecho, los registros de la OCE apuntan que Villegas Vargas ha realizado solo tres donativos políticos, para un total de $2,233, ninguno de los cuales habría sido dirigido al comité político de Delgado.
Su socio en J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos, quien aparece identificado en la acusación federal como el “Individuo B”, ha realizado dos donativos que totalizan $2,000, ambos realizados en 2013. Ese año, tanto Rodríguez Santos como Villegas Vargas donaron $1,000 al entonces alcalde de Naguabo, Noé Marcano, y otros $1,000 al Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Trujillo Alto.
Villegas Vargas, por su parte, hizo una contribución de $233 al Partido Nuevo Progresista (PNP) en marzo de este año.
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Tanto el novoprogresista Marcano como el actual ejecutivo municipal de Trujillo Alto, el popular José Luis Cruz Cruz, figuran entre los alcaldes y exalcaldes que, según ha trascendido en reportes de prensa, se encuentran bajo investigación de las autoridades federales por presuntos esquemas de corrupción relacionados con la contratación de compañías como J.R. Asphalt y Waste Collection, del abogado y empresario Oscar Santamaría.
En el caso de Santamaría, aunque la fiscalía federal no ha anunciado la presentación de cargos en su contra, sí figura como la persona que habría sobornado a Delgado, mediante regalos y comisiones ilegales (‘kickbacks’), en la acusación por la que el exalcalde aceptó declararse culpable.
Contrario a Villegas Vargas y Rodríguez Santos, Santamaría –quien ha recibido contratos públicos por $117 millones a través de Waste Collection y por casi $7 millones a través de su firma legal, Law Affairs– sí aparece oficialmente como un asiduo donante de figuras del PNP, habiendo aportado sobre $31,000.
De sus 38 donativos políticos, según se desprende del registro de la OCE, 28 se emitieron entre el 2013 y 2016, durante el cuatrienio en el que menos contratos públicos se agenció mediante Waste Collection y Law Affairs. La mayor parte de los contratos otorgados a la firma legal se registraron entre 2009 y 2012, al tiempo que el grueso de las contrataciones de Waste Collection comenzó en 2017.
“Este es un caso tan burdo, tan dramático, que la manera en que se estaba dando el ‘quid pro quo’ (una cosa a cambio de otra) era directo, a diferencia de otros escenarios que puedas tener, que se dan a través de donativos a las campañas o a los comités políticos. En realidad, aquí el marco legal vigente era suficiente para regular o prohibir lo que estaba ocurriendo. Era una cuestión más de tener los elementos probatorios para poder procesarlo y ese es el trámite que se está dando ahora a nivel federal”, subrayó, con relación a la trama de Cataño, el representante José Bernardo Márquez, uno de los autores del Proyecto de la Cámara (PC) 320, que busca eliminar la posibilidad de que contratistas, durante el periodo que brindan servicios al gobierno, realicen donativos políticos.
Campañas impulsadas por el ‘cash’
Según la OCE, de los $410,054 que los comités políticos de Delgado recaudaron desde 2014, el 54% ($222,483) fue producto de dinero en efectivo. Aunque los donativos en efectivo están contemplados en el marco de la Ley 222 de Financiamiento de Campañas, lo cierto es que complican el trabajo de fiscalización de entidades como la OCE, pues pueden servir como mecanismo para ocultar violaciones, por ejemplo, a los límites existentes a las contribuciones individuales.
“Todo donativo que sea para campaña tiene que estar debidamente reportado en los informes de ingresos y gastos. Si está o no reportado es algo que nosotros estaríamos viendo” en las auditorías que realiza de ordinario la OCE, dijo el contralor electoral, Walter Vélez Martínez. La OCE, al momento, está inmersa en las auditorías correspondientes a las elecciones de 2020, entre las que se incluye la de los candidatos a la alcaldía de Cataño.
El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, señaló que en la sesión que comienza en enero se analizarían tanto las disposiciones legales que permiten que los municipios otorguen contratos para recogido y disposición de desperdicios sin pasar por un proceso competitivo como los riesgos de donativos políticos en efectivo y de manera anónima. Estos últimos, bajo la Ley 222, están permitidos hasta un tope de $50.
“Se puede dar legislación adicional, pero el que venga con el veneno en sus venas buscará la manera. Un ejecutivo municipal recibe charlas y adiestramiento de la Oficina del Contralor, de Ética Gubernamental, del Inspector General del país, y comoquiera se aventuran. La temeridad es ilegislable. Simplemente, esta persona, desgraciadamente para el país, ya venía con el gen adentro. Por eso a veces soy cauteloso, porque en mi práctica, como legislador, no acostumbro a legislar ‘ex post facto’ para que vean que estamos haciendo algo. Creo que a veces simplemente llega un momento que hay que darles más herramientas al contralor y al Departamento de Justicia”, señaló el legislador popular.
Márquez, por su lado, señaló que, más temprano este año, la organización Somos Más presentó un proyecto que, precisamente, tiene como objetivo prohibir los donativos en ‘cash’ a las campañas políticas y que, si bien favorece en principio la idea, en el camino pudieran presentarse ciertos retos constitucionales.
“Hay que evaluar hasta dónde eso puede llegar por una cuestión constitucional. Si los prohíbes totalmente puedes estar creando un problema de desigualdad. En términos de fiscalización es definitivamente más confiable y tienes mayor control, y eso es positivo, pero, por otro lado, si prohíbes cualquier tipo de donativo en ‘cash’ puedes estar (perjudicando) a la persona que lo que te puede dar es cinco 10 pesitos o que no tiene cuenta de banco”, dijo el legislador del Movimiento Victoria Ciudadana, al considerar que un punto medio podría ser establecer topes por donativo o por persona.
Aunque el PC 320 –que además de hacer ilegales las aportaciones de contratistas obligaría a los individuos o entidades que aspiran a recibir contratos a divulgar donativos pasados– cuenta con un informe positivo de comisión y la OCE avaló su aprobación y sugirió unas enmiendas que se incorporaron a la medida, la pieza quedó pendiente de acción desde el 18 de junio, por lo que no fue atendida en toda la sesión que culminó a mediados de noviembre.
Márquez sostuvo que de acuerdo con Sembrando Sentido, una organización que aboga por la transparencia en los procesos públicos, 2,258 donantes tienen al presente contratos públicos de manera directa, mientras otras 1,132 personas han donado y están contratadas a través de entidades corporativas.
Al momento, dijo Márquez, no conoce las razones por las que el PC 320 no ha bajado a votación en la Cámara de Representantes.
“Por alguna razón se dejó pendiente”, dijo el representante.
Matos García, quien preside la Comisión de Reglas y Calendario de la Cámara baja, aseguró no recordar por qué el proyecto quedó atascado, pero subrayó que bajaría al hemiciclo para votación del pleno durante la tercera sesión.
“En la próxima sesión legislativa es cuestión de simplemente llevarse a votación, aprobarse y pasarse al Senado”, dijo Matos García.