Para Pierluisi, la privatización de tres muelles de Bahía Urbana no implica un gasto público

El contrato de arrendamiento inicia en $100,000 anuales y la vigencia del alquiler podría extenderse por 80 años

Por Manuel Guillama Capella

Al sostener que el gobierno “no gasta un peso” al ceder por al menos 20 años tres muelles del área de Bahía Urbana a un consorcio privado, el gobernador Pedro Pierluisi defendió la transacción que el pasado jueves fue cuestionada por la Junta de Control Fiscal (JCF) y anticipó que, en última instancia, no habrá problemas para ejecutar el contrato de arrendamiento.

El gobernador señaló que la proyección de la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) –propietaria de los terrenos en Puerta de Tierra– es que el pacto no conlleva una transacción en exceso de $10 millones, lo que requeriría una revisión automática de acuerdo con las políticas de la JCF.

“Las guías de la Junta establecen que cuando un contrato o potencial contrato va a conllevar un gasto de $10 millones o más se le debe someter para su visto bueno. Como se entendió, a nivel de la ADC, que el contrato no rebasa ese nivel, por esa razón no se sometió. La Junta, de todas maneras, en su reglamento se reserva el derecho de revisar cualquier contrato. La Junta, a pesar de que se le dijo que no excede de $10 millones, de todas maneras quiere ver el contrato”, dijo el mandatario.

Te recomendamos:

Según se anunció hace una semana, el arrendamiento conlleva un pago de parte del consorcio Bahía Urbana Redevelopment que iniciaría en $100,000 anuales, y aumentaría en un 5% cada cinco años. En la conferencia de prensa, asimismo, se indicó que el gobierno recibiría un 3% de los ingresos que genere la empresa a través de los negocios de entretenimiento que se establecieran en el espacio de los muelles 6, 7 y 8 de la Bahía de San Juan.

Pese a que en ese entonces se dio a entender que al acuerdo del 3% representaría ingresos de $7 millones anuales para la ADC, la directora de la corporación pública, Mariela Vallines, aclaró posteriormente a El Vocero que esa cantidad era la proyección global por los primeros 20 años del arrendamiento. Esto implicaría que, a lo largo de ese periodo, los ingresos del gobierno producto de la tarifa de 3% serían de apenas $350,000 anuales, que se sumarían al alquiler.

En la carta que publicó la JCF el pasado jueves, aluden a los reportes de prensa que informaron de la proyección de ingresos de $7 millones anuales.

“Notablemente, los artículos de prensa reportaron que este contrato se adjudicó sin un proceso competitivo y, en su lugar, fue el resultado de una propuesta no solicitada de parte de los desarrolladores”, añade la misiva suscrita por el abogado de la JCF, Jaime El Koury.

En la carta, la JCF puntualiza que la Ley Promesa le exige promover procesos competitivos en la contratación pública y que las políticas internas ordenan evaluar contratos con un “valor agregado proyectado” de $10 millones o más.

El acuerdo de arrendamiento, aunque tiene vigencia inicial de 20 años, contiene cláusulas que permitirían hasta seis extensiones de 10 años cada una, que elevarían sustancialmente el valor del contrato.

“Esa entidad (Bahía Urbana Redevelopment) está exenta de ese tipo de requisitos (un proceso competitivo) por la naturaleza de su función. En este caso tienes tres muelles en una condición deplorable, no ventajosa, con un gran potencial, y tienes el compromiso de dos entidades de aportar $118 millones para mejorar el área de forma multifactorial. Va a haber actividades de entretenimiento, culturales, culinaria, de todo. Se va a mejorar la calidad de vida en esa área y la experiencia de los que nos visitan. Ahí el gobierno no gasta ni un peso, salvo que permite un arrendamiento a largo plazo de esos muelles a cambio de cerca de $120 millones de inversión”, insistió Pierluisi esta tarde en una rueda de prensa.

Bahía Urbana Redevelopment es presidida por Jacobo Ortiz Blanes y está formada por las empresas Las Brisas Property Management y CapRock Partners. Ortiz Blanes es también presidente de Las Brisas Property Management, una compañía de bienes raíces en Puerto Rico, mientras que CapRock Partners, de acuerdo con su portal cibernético, es una empresa de inversionistas y desarrolladores con sede en California.

La transacción en cuestión “no es el típico caso cuando tienes gasto de fondos públicos, que sí quieres estar velando que no se malgaste el fondo público. Ahí no se están utilizando fondos públicos salvo que se están arrendando los tres predios. Por eso es que a mí no me preocupa que en ese caso en particular hubo una negociación de varios años que finalmente concluyó y ahora tenemos ese contrato. De todas maneras, como la Junta quiere revisar el contrato, pues que lo haga”, añadió Pierluisi.

Loading...
Revisa el siguiente artículo