El Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico (NEPR), emitió hoy una resolución y orden para investigar la controversia entre PUMA Energy Caribe, LLC (PUMA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entorno a la operación de cierta infraestructura (tuberías y válvulas) de transferencia de combustible desde el área conocida como Cataño Oil Dock hacia las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
A esos fines, explicó el presidente del NEPR, el licenciado Edison Avilés Deliz, el organismo designó, en decisión unánime, al licenciado Gerardo A. Flores García, como oficial examinador a cargo de realizar la investigación. El oficial examinador tendrá un término de 60 días, a partir de hoy, para realizar la pesquisa y rendir al Pleno del NEPR un informe con los hallazgos y recomendaciones.
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Como parte de la pesquisa, el NEPR citó a las partes a una vista, el próximo 10 de diciembre de 2021, a las 10 de la mañana. Además de los representantes de PUMA y la AEE, se citó a los representantes de las empresas BEST Petroleum, Corp. y Novum Energy Trading, Inc.
“A la luz de los hechos acontecidos el pasado 26 de noviembre, que requirieron la intervención de la rama judicial, y velando por el mejor interés público y para asegurar la ejecución de la Transformación Energética de la isla, es nuestra responsabilidad, según lo establece la Ley 57-2014, según enmendada, investigar “cualquier persona natural o jurídica cuyas acciones afecten la prestación de servicios de energía eléctrica, incluyendo a cualquier persona o entidad que utilice su control sobre dichos servicios para afectar la prestación de los mismos”, destacó Avilés Deliz, quien también es ingeniero.
Según la resolución y orden del NEPR, de la información ventilada públicamente sobre la controversia se desprende la posible comisión de actos, acciones u omisiones de diversas personas y/o entidades jurídicas que pudieron o podrían tener el efecto de incidir sobre la prestación de servicios de energía eléctrica en la isla. Asimismo, podrían afectar el cumplimiento con las normas jurídicas administradas por el NEPR para la ejecución de la política pública energética.
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