Luego que Andrea Ojeda Cruz, mejor conocida como la “La Peki”, víctima de violencia de género, llegara con abogados ayer a la vista en el caso contra el boxeador Juan Manuel López Rivera, la fiscal de distrito de Caguas, Aracelis Pérez Correa, sostuvo una reunión en la que atendió los reclamos de seguridad e inconformidad con los procesos.
No obstante, Pérez Correa enfatizó que no permitirán que abogados externos controlen un proceso criminal.
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“Pudimos aclarar sus inquietudes. Según nos explicó, su inconformidad no es con el fiscal que atiende el caso, sino con los procesos; particularmente con el hecho de tener que ofrecer su testimonio ante la prensa y el acusado en un juicio público. Le orientamos sobre los derechos que tiene una persona acusada de delito. No obstante, atendiendo su petición, le aseguramos que el Ministerio Público tomará todas las medidas cautelares disponibles durante su testimonio para garantizar su protección”, afirmó Pérez Correa.
Por su parte, el fiscal Jaime Perea Mercado, informó que la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia le ofreció a Ojeda Cruz servicios de acompañamiento durante las vistas, sicológicos y rondas preventivas en coordinación con la Policía. Además, la víctima cuenta con una intercesora legal.
“Le hemos brindado protección y apoyo desde el inicio y así lo continuaremos haciendo. Entendemos el proceso físico y mental por el que atraviesan las víctimas de violencia de género y vamos a continuar defendiéndola hasta las últimas consecuencias en este caso”, sostuvo el fiscal, quien posee experiencia como coordinador de la unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores.
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En torno a la comparecencia de dos abogados que acompañaron Ojeda Cruz a la reciente vista, la fiscal de distrito advirtió que “no permitiremos que ningún abogado externo controle un proceso criminal. Les explicamos el proceso y les informamos que cualquier actuación que no sea conforme a derecho o al Código de Ética que rige la profesión no tiene cabida”, estableció Pérez Correa.
El pasado 8 de septiembre, el juez Isander Rivera Morales, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra López Rivera, luego de que el Departamento de Justicia le radicara siete cargos de maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad, relacionados con cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, quien denunció a través de sus redes sociales un patrón de agresiones y maltrato al que alega fue sometida por parte del boxeador.
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