La renuncia de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez no cambia el reclamo de la Alianza Pro Transparencia para que la Rama Judicial actúe con transparencia y garantice el derecho de acceso a la información pública que tienen todos los puertorriqueños.
“La renuncia no afecta el reclamo de exigir que la Rama Judicial actué con responsabilidad, transparencia y que rinda cuentas sobre los procesos que afectan la vida y los derechos de la ciudadanía. La secretividad de los procesos públicos es lo que ha provocado la desconfianza en el Sistema Judicial.La renuncia de la jueza Alvarado no puede ser un subterfugio para desviar la atención de lo que realmente es importante. El Poder Judicial actúa bajo el manto de la opacidad y la renuncia de una jueza no cambia ese panorama”, expresaron los líderes de la alianza en declaraciones escritas.
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La clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información (MFIA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en conjunto con la representación legal de la ASPPRO solicitó el 29 de octubre a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revoque un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que coarta todo acceso público a grabaciones sobre procedimientos judiciales que involucran violencia doméstica.
El recurso legal, tiene como propósito que se revise el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien no aplicó el derecho correctamente al impedir que se divulguen las grabaciones en las que participó Andrea Cristina Ruiz Costas, alegadamente asesinada por
su ex pareja.
“Insistimos en que, según se expresa en el preámbulo de los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico, ’en una sociedad democrática corresponde al Poder Judicial la función de interpretar las leyes y resolver los casos y las controversias de forma rápida, eficiente, sensible y justa. La independencia judicial, la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en su sistema de
justicia contribuyen a afianzar y a consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad. Por ello, promover estos principios y estas aspiraciones es deber consustancial al correcto ejercicio de las funciones adjudicativas de quienes están llamados a impartir la justicia”, sostuvieron.
La jueza Alvarado Rodríguez presentó su renuncia hoy, efectiva para el 14 de diciembre. Ruiz Costas fue asesinada por su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien en el mes de agosto se quitó la vida en la cárcel. La víctima había solicitado al Tribunal en varias ocasiones una orden de protección pero fueron denegadas por Alvarado Rodríguez y la jueza Sonya Nieves. Posteriormente el Departamento de Justicia ordenó una investigación sobre los procedimientos de las juezas en el caso, pero fueron archivados recientemente.
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