El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó fiscales especiales para investigar posibles actos contrarios a la ley atribuidos al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.
En su resolución en Panel incluyó para investigación a la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín, por actos que presuntamente suponen incumplimiento en su deber como funcionaria pública.
El Panel dio peso a la prueba recopilada por el Departamento de Justicia (DJ) que expone la posibilidad de que Rodríguez y Valentín hayan incurrido en infracciones al Código Penal en sus artículos sobre Omisión en el Cumplimiento del Deber y Malversación de Fondos Públicos. También se señala posible violación a la Ley de Ética Gubernamental.
Se designó a los fiscales Miguel A. Colón como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pabón como fiscal delegada.
La investigación preliminar por parte del DJ comenzó con un referido del representante José E. Meléndez tras una intervención del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) relacionada con transacciones sobre bienes pertenecientes al Municipio de Mayagüez.
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De acuerdo con la investigación del DJ, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.
Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.