El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo que tan pronto como este jueves podrán publicar los salarios de los directivos de la empresa LUMA Energy, encargada bajo contrato de la transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico.
“Estaría incumpliendo nuestras propias normas si yo lo divulgo sin haber agotado remedios. Mañana vamos a notificar formalmente la determinación administrativa”, dijo el presidente cameral en conferencia de prensa.
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En varias instancias, tanto el presidente cameral, como el representante Luis Raúl Torres, se refirieron sobre el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby como “un prófugo”.
“En Puerto Rico no hay nadie por encima de la ley. Y para fines de la Cámara de Representantes, para nosotros el presidente de LUMA Wayne Stensby es un prófugo de la ley”, dijo Hernández Montañez.
Agregó que: “Si llega a la Cámara, lo arrestamos como buenos ciudadanos”.
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El juez Anthony Cuevas Ramos mantiene vigente la orden de arresto contra Wayne Stensby, CEO de LUMA Energy y ordenó a los abogados de las partes se pongan de acuerdo sobre si los documentos requeridos por la Cámara fueron entregados.
“En adelante, los abogados de las partes procederán a reunirse para corroborar que los requerimientos ordenados en nuestra resolución se hayan cumplido en su totalidad. Cualquier discrepancia sobre incumplimiento deberán resolverlo entre los abogados, por lo que la intervención del Tribunal será luego de haberse agotado las vías de comunicación. En las próximas tres horas presentarán moción en conjunto informando haber cumplido con lo anterior. Mientras tanto la orden de arresto e ingreso se mantendrá vigente”, reza la nueva Orden del juez Cuevas Ramos.
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Por otro lado, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), reaccionó al declarar que: “Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden, y nadie va por encima de la ley. Reconocemos el derecho de la Asamblea Legislativa de llevar a cabo las gestiones que considere pertinentes en su función de representar los intereses del pueblo, a la vez que vela por la protección de la información. Respetamos las solicitudes realizadas a la empresa LUMA Energy, y las determinaciones del foro judicial a los fines de que la empresa cumpla con lo requerido por el tribunal. LUMA tiene que cumplir.
En lo que corresponde a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, y conforme a lo contemplado en la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley Núm. 29-2009) y la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley Núm. 120-2018), fungimos como el ente encargado de la administración del contrato y de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de LUMA bajo el mismo. En ese sentido, es importante señalar que LUMA está en cumplimiento respecto a las obligaciones contractuales que la AAPP supervisa.
La AAPP está facultada para intervenir en asuntos tales como la aprobación de los presupuestos anuales, la aprobación y revisión de subcontrataciones, y la evaluación del cumplimiento de las métricas de desempeño bajo el contrato.
Nos mantenemos atentos a las determinaciones de los foros pertinentes”.
Asimismo, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo reaccionó.
“El país está a punto de ver cómo arrestan al presidente de una empresa criminal que fue creada para desangrar al pueblo de Puerto Rico y enriquecer a unos pocos. Siempre se ha demostrado que la privatización es la madre de la corrupción y LUMA es evidencia de ello. Que un presidente de una compañía reciba una orden de arresto por negarse a entregar información pública nos puede dar una idea de la magnitud del robo, corrupción y sabrá Dios qué cosas más contienen los documentos que se niegan a entregar”, expresó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.
insistió en que el contrato debió declararse nulo por ser leonino e ir en contra de los intereses del Pueblo y reiteró su exigencia al Gobernador de que sea cancelado.
“Desde siempre dijimos que este contrato con esta empresa criminal de LUMA era nulo, que no se debía poner en vigor. Que era un contrato malo para el país, que nos cuesta más de 100 millones anuales, que subía la tarifa, -y ya hemos visto tres aumentos-, y el gobernador Pierluisi lo seguía defendiendo. Parece que al Gobernador le encanta defender empresas criminales y que van en contra de la ley. Pierluisi tiene que cancelarle el contrato a LUMA, él ha repetido en varias ocasiones, y su excusa para poner en vigor el contrato fue que su gobierno es uno de ley y orden, pues miren que bien les salió la compañía que defienden, una empresa criminal que viola ley y a la que están a punto de arrestarle el presidente. El Gobernador tiene que poner los pies en la tierra y cancelar el contrato de LUMA para que no se le pague ni un centavo más”, recalcó.
En el proceso de transición LUMA Energy facturó 168 millones de dólares por aprender a administrar y a operar el sistema de transmisión y distribución del país.
Figueroa Jaramillo agregó que “el desastre de la privatización del sistema de transmisión y distribución es la mejor evidencia de que no se puede permitir la privatización de las plantas de generación”.
