Al concluir el tercer día de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), la jueza Laura Taylor Swain pidió a las partes que fueran preparando argumentos orales sobre la interpretación de la Ley 53-2021, sobre la que prevalecen disputas acerca de si tiene como efecto congelar los planes de pensiones del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) y el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ).
La argumentación, probablemente, tendría lugar la semana entrante, toda vez que los objetores de la posición que ha asumido la Junta de Control Fiscal (JCF) tienen hasta este viernes a las 5:00 p.m. para fijar por escrito sus posturas, mientras que el organismo respondería en o antes del lunes a las 11:59 p.m.
PUBLICIDAD
“Hay objeciones sobre la Ley 53. Querré escuchar argumentos orales sobre los asuntos pertinentes a la ley. También podría haber otros asuntos legales sobre los que quisiera escuchar argumentos orales, en lugar de simplemente tener declaraciones de cierre. Necesito tiempo para reflexionar sobre eso”, dijo Swain luego de terminar de escuchar los testimonios que se ofrecieron en la vista de hoy.
Te recomendamos:
- Juez ordena arresto del presidente de LUMA Energy por no entregar documentos
- Corrección cancela visitas y salidas para trabajo por aumento casos COVID-19
- Preparado el Gobierno para pagar el bono de Navidad a empleados públicos
El juicio de confirmación continuará este viernes, mientras que la semana entrante el tribunal sesionará de lunes a jueves. Swain también ha calendarizado vistas para el 22 y 23 de noviembre.
La jueza federal, asimismo, anticipó que, una vez concluyan las declaraciones de cierre de todas las partes, se reservará el fallo ante la complejidad de la evaluación del PAD, un documento de casi 300 páginas donde se detalla el trato que recibirán los acreedores el gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos y la Administración de los Sistemas de Retiro.
La Ley 53 fue el estatuto, firmado por el gobernador Pedro Pierluisi a finales de octubre, que autorizó la emisión de $7,400 millones en bonos reestructurados. Como condición para su validez, la Legislatura incluyó lenguaje referente a “cero recortes” a las pensiones, tras lo cual la JCF accedió a eliminar del PAD la reducción de un 8.5% en los beneficios de retiro que hubieran enfrentado los jubilados del sector público.
No obstante, para la JCF, la ley dejó abierta la puerta a reformar los sistemas de retiro a futuro, lo que incluiría la congelación de los planes de beneficio definido a los que cotizan los participantes del SRM y el SRJ. La JCF tampoco considera que la Ley 53 impida prohibir ajustes por inflación a las pensiones.
PUBLICIDAD
Pierluisi, representado en el caso de Título III por el bufete O’Melveny & Myers, ha sostenido que la reforma de pensiones no está autorizada por la Ley 53, pero que, en última instancia, es un asunto que deberá ser decidido por Swain durante las vistas de confirmación. El lunes, al inicio de las vistas de confirmación, el abogado John Rapisardi indicó que el ejecutivo acataría cualquier determinación que emitiera la jueza.
La Asociación de Maestros, a través del abogado José Luis Barrios, adelantó en su declaración inicial que el plan de beneficio definido es un derecho contractual que ya ha sido refrendado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Ayer, en tanto, siete ponentes en representación del pueblo se opusieron a la confirmación del PAD, siendo el tema de las pensiones uno de los que más se escuchó durante los respectivos turnos de 10 minutos.
Además de requerirles la presentación de argumentos sobre la Ley 53, Swain le solicitó a los más de 50 abogados de las partes que participan del proceso de forma virtual que para el viernes le den una idea de cuánto demorarían las argumentaciones finales sobre la confirmación del PAD.
Brian Rosen, uno de los representantes legales de la JCF, adelantó que para el viernes se presentarían seis testigos que el bonista individual Peter C. Hein, un opositor del PAD, ha pedido contrainterrogar. El contrainterrogatorio demoraría unas dos horas y 20 minutos, de acuerdo con el tiempo que ha solicitado el acreedor, quien sostiene que el gobierno de Puerto Rico cuenta con el efectivo suficiente para pagar todas sus obligaciones.
Bajo el PAD, se recortaría de forma global el 23% de los $33,000 millones en obligaciones vigentes, de acuerdo con Martin Bienenstock, otro de los abogados de la JCF.
Hoy, en el tercer día de vistas, Hein contrainterrogó a cinco testigos de la JCF, incluyendo a la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko.
