Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda: el PAD “nos va a amarrar las manos”

Según los integrantes del organismo, la JCF tuvo la oportunidad de exigir la cancelación de hasta $13,500 millones en bonos que, sin embargo, fueron renegociados

Por Manuel Guillama Capella

Al reconocer que la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central –lo que probablemente ocurrirá dentro de las próximas semanas– pone punto final al intento de reducir sustancialmente las acreencias del país bajo los argumentos de ilegalidad en una serie de emisiones de bonos, miembros de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público adelantaron, sin embargo, que los esfuerzos por conocer los detalles de las transacciones continuarán, así como la movilización ciudadana contra una transacción que catalogaron de insostenible.

“Esta próxima semana que comienza mañana es una muy triste para Puerto Rico porque, con toda probabilidad, se valide un PAD que va a comprometer el futuro de las nuevas generaciones de puertorriqueños, que amenaza con que dentro de 10 a 12 años Puerto Rico tenga que volver ante una corte de quiebras, que amenaza con un éxodo poblacional aun mayor y nos cause serios daños a todos los puertorriqueños, sobre todo a nuestros hijos y nietos”, subrayó José González Taboada, contador público y presidente de la Comisión Ciudadana.

Mañana, precisamente, será el primer día de las vistas de confirmación del PAD citadas por la jueza federal Laura Taylor Swain. Hasta el momento, se han separado 10 fechas, culminando el 23 de noviembre, para la evaluación del Octavo Plan de Ajuste Enmendado sometido por la Junta de Control Fiscal (JCF) en representación de los acreedores, que en este caso incluyen al gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro.

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“La confirmación nos va a amarrar las manos. Por eso hemos insistido, desde el principio, que la estrategia más adecuada era auditar la deuda. Nosotros vamos a seguir haciendo esos análisis como Comisión, pero era importante tener ese proceso para llevar esa información a la jueza Swain, tener esas herramientas de negociación y de cancelación de deuda. Sin embargo, creo, porque esto tiene un fuerte componente político, y viendo las experiencias de otros países, que si se dan las predicciones que tanto preocupan, y es que este PAD nos lleve a otra quiebra, definitivamente las posibilidades en esa otra quiebra inicien y sería otro escenario para plantearnos la insostenibilidad de las medidas que está tomando la Junta y un nuevo escenario para plantearnos nuevas estrategias. Pero sabemos que el pueblo va a sufrir”, dijo, por su parte, Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.

En una conferencia de prensa, los líderes de la Comisión Ciudadana recalcaron que la JCF pudo haber sido mucho más agresiva en sus intentos de anular bonos de obligación general (GO), así como los emitidos por la AEP –a su vez garantizados por el gobierno central– y de la ASR.

Específicamente, el análisis del organismo encontró que unas 21 emisiones de estas entidades, totalizando deudas por un principal $13,500 millones, fueron de carácter ilegal. El grupo sostuvo que la anulación de estas deudas, al considerar el pago de intereses, hubiera supuesto liberar al erario de sobre $29,000 millones en obligaciones, el equivalente al presupuesto general de tres años fiscales.

En el caso de los bonos GO y de AEP, habría 17 emisiones desde 2009, totalizando $10,600 millones, que serían ilegales por violaciones al margen prestatario establecido por la Constitución, que, en síntesis, fija el tope anual del servicio a la deuda del gobierno central en un 15% del fondo general, así como a la cláusula de la Carta Magna que exige la aprobación anual de presupuestos balanceados.

“Aunque este PAD, según la Junta ha dicho, se supone va a atender el pago de unos $33,000 millones, la realidad es que si hacemos un análisis de las impugnaciones que se han estado presentando en el tribunal, podríamos concluir que más del 40% de (la deuda) que se estaría reestructurando en este PAD son bonos que se debieron haber cancelado”, resumió Prados Rodríguez, al añadir que, durante el proceso de negociaciones, la JCF retiró impugnaciones que inicialmente había presentado contra las acreencias de emisiones de los años 2012 a 2014.

“Con esta octava enmienda al PAD, (la JCF) no hace distinción entre deuda impugnada y deuda legal. Están negociando con todo el mundo. Se le pega en promedio una tasa de recuperación de 70% a 80%. A los únicos que se les va a pagar bien poco es a los bonistas que compraron los bonos de Retiro, que es una cantidad pequeña, de $3,000 millones”, dijo González Taboada, catedrático de contabilidad en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Si bien la emisión de bonos reestructurados del gobierno central que se autorizaron mediante la Ley 53-2021 asciende a $7,400 millones de principal, lo que ha llevado a los propulsores del PAD a aludir a un recorte de deuda de 80%, los integrantes de la Comisión Ciudadana recordaron que igualmente se propone un pago adelantado en efectivo a los acreedores que estiman en $10,000 millones, así como los instrumentos de valor contingente, unos bonos dependientes de los recaudos del gobierno que podrían sumar otros $8,500 millones en obligaciones adicionales hasta el año fiscal 2052.

González Taboada, en tanto, recordó que, tras aprobarse el PAD, el gobierno podría acceder nuevamente al mercado de bonos lo que elevaría las obligaciones futuras en exceso de las emisiones contempladas en la reestructuración.

“Las votaciones de los bonistas fueron contundentes a favor del acuerdo. Yo creo que te dice la farsa detrás (del argumento de un recorte de 80%). Si alguien apoyó este plan fueron los bonistas y ellos no van a apoyar un acuerdo que les recorta un 80% de su deuda”, indicó Prados Rodríguez, quien, junto a González Taboada, puntualizó que buena parte de los acreedores son fondos “buitres”, que adquirieron las acreencias a un precio reducido en el mercado una vez el gobierno cayó en incumplimiento.

Aunque la Comisión Ciudadana solicitó audiencia a la jueza Swain para presentar su postura ante el PAD, no fue seleccionada entre el grupo de 25 ponentes que tendrán derecho a expresarse. Los elegidos mediante el proceso de lotería tendrían la oportunidad de comparecer a partir del martes.

“Una de las grandes críticas de este proceso judicial es que solamente los grupos que el tribunal reconozca como partes pueden comparecer. Nunca se ha validado ninguna de las solicitudes de (participar como) amigos de la corte”, dijo Prados Rodríguez.

Los integrantes de la Comisión Ciudadana destacaron que mañana, paralelo al inicio de las vistas de confirmación, se estarán llevando a cabo manifestaciones ciudadanas en contra de la aprobación del PAD. Entre los sectores que mencionaron, se encuentra la comunidad universitaria, que saldría en una marcha desde el Recinto de Río Piedras, así como grupos sindicales, artistas, el magisterio y pensionados, que se expresarían frente a la sede del Tribunal Federal en Hato Rey a lo largo del día.

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