La autoridades federales en Puerto Rico emitieron hoy seis acusaciones contra ocho personas por apropiarse fraudulentamente de $280,868 provenientes del Seguro de Desempleo y al Programa de Asistencia para el Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).
Según las acusaciones, los participantes del esquema esquemas presentaban información falsa, incluyendo números de seguro social falsos.
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Cuatro de las acusaciones involucra a seis personas de robo de propiedad del gobierno y fraude postal. Los hechos se le imputan a Millisen M. Martínez-Medina, quien preparó solicitudes fraudulentas; Stephanie Carrasquillo-Márquez, quien obtuvo de manera fraudulenta $23,304; Christian Colón-Rivera, alias “El Gordo”, quien obtuvo, por su parte,$26,634; Zyllynnette Ojeda-Falcón $ 11.586; Abner Colón-Díaz, $ 23.172; y Yesenia Márquez-Rivera, $ 23,172.
En otra acusación formal, a José Calderón-Lantigua se le imputa fraude electrónico y lavado de dinero. El acusado solicitó los beneficios de PUA en Massachusetts, Arizona y Michigan y obtuvo transferencias electrónicas en sus cuentas bancarias a nombre de otras personas. Calderón-Lantigua obtuvo fraudulentamente $ 43,970.
El mismo patrón se le imputa a Emilio E. Mendoza-Aquino. El acusado solicitó los beneficios de PUA en Massachusetts, Arizona e Illinois y también obtuvo transferencias electrónicas en sus cuentas bancarias a nombre de otras personas, apropiándose así de$ 30.092. Además, Mendoza-Aquino enfrenta un cargo de fraude electrónico por obtener de manera fraudulenta un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas por $98,100.
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“Estos arrestos reflejan nuestra determinación continua de investigar y enjuiciar a aquellos que intentan explotar una emergencia nacional para robar recursos financiados por los contribuyentes utilizando la pandemia global como una oportunidad para robar a ciudadanos trabajadores”, dijo el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, en declaraciones escritas.
“Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los malhechores y salvaguardar los fondos de los contribuyentes”, añadió.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentarían 20 años de prisión por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal; 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno; 5 años de prisión por uso indebido del número de Seguro Social; 20 años por blanqueo de capitales; y una multa de hasta $ 250,000 y tres años de libertad supervisada.
Stephen Muldrow, indicó que los casos fueron investigados por varias agencias federales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG) y la Oficina del Seguro Social del Inspector General (SSA-OIG), con la asistencia de los agentes del Negociado de Policía de Puerto Rico, el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y el Departamento del Hacienda.
