Lo que dice la Junta de Control Fiscal sobre la Ley 53 y los recortes a las pensiones

La interpretación del organismo es contraria a los planteamientos de los líderes electos, que han argumentado que el estatuto provee protección a todas las pensiones

Por Manuel Guillama Capella

En una moción urgente sometida anoche de cara a las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), la Junta de Control Fiscal (JCF) estableció su interpretación de que la Ley 53-2021, firmada la semana pasada, no prohíbe la congelación de beneficios futuros de pensiones de los empleados públicos, por lo que la emisión de bonos reestructurados no estaría condicionada a que se protejan los planes de retiro de beneficio definido.

Para la JCF, la única condición que establece la legislación para la autorización de los bonos es que el beneficio mensual que reciben los pensionados actuales no sufra recorte alguno.

“La Junta de Supervisión entiende que la interpretación llana de la Ley 53-2021 es que la autorización de la deuda nueva está condicionada únicamente a que el PAD elimine la Modificación del Beneficio Mensual, y no a cualquier otra cosa, incluyendo modificar el PAD para borrar (i) la eliminación de los ajustes por costo de vida (COLA) y (ii) la congelación de los beneficios de pensiones acumulándose luego de la Fecha de Efectividad del PAD”, lee uno de los fundamentos en la solicitud de la JCF.

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A continuación, la JCF expuso la importancia de que Laura Taylor Swain, la jueza federal que preside el caso de Título III del gobierno central, valide su interpretación del término de “cero recortes a las pensiones” que esboza la Ley 53.

“Si la interpretación no se resuelve definitivamente para el presente y futuro, el Estado Libre Asociado estará sujeto a riesgos insostenibles involucrando miles de millones de dólares. Más aun, la deuda se emitirá y subsecuentemente mercadeada entre partes sin sospechar que dichas acreencias podrían algún día ser retadas como emitidas en violación de las leyes de Puerto Rico”, afirmó la JCF.

Públicamente, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como los líderes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, han celebrado en pasados días la aceptación de la JCF de la Ley 53, que provocó que se dejara a un lado el proceso de mediación que había ordenado Swain el 25 de octubre.

Los oficiales electos han interpretado el allanamiento de la JCF al estatuto como una validación de que las pensiones presentes y futuras estarían protegidas de posibles recortes a través del PAD que Swain considerará a partir del 8 de noviembre.

El séptimo PAD enmendado propone recortes de 8.5% a todas las pensiones mayores de $1,500 mensuales. A base de la interpretación que hizo la JCF de la Ley 53 y las nuevas enmiendas que se introducirían al PAD, dichos recortes se mantendrían, exceptuando únicamente a las pensiones ya acumuladas.

Ayer, en conferencia de prensa, Pierluisi anticipó que la JCF presentaría “en cualquier momento” un PAD enmendado para modificarlo acorde a la Ley 53. Paralelamente, mencionó que la solicitud que le hiciera la JCF en el fin de semana para que certificara que la Ley 53 es consistente con el plan fiscal solo requeriría que el ejecutivo validara que sus disposiciones cumplen con las concesiones que hiciera el organismo en una carta del 14 de octubre.

En esa carta del 14 de octubre, la JCF accedió a eliminar recortes solamente a las pensiones acumuladas y también hizo concesiones relacionadas con las asignaciones gubernamentales a los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En la moción urgente sometida anoche, la JCF no hace mención de los presupuestos de la UPR y los ayuntamientos, que se presume requerirían enmiendas al plan fiscal certificado. Según la Ley 53, la UPR recibiría $500 millones anuales hasta el 2027, mientras que los municipios recibirían fondos producto de una fórmula que, se estima, generaría sobre $60 millones al año.

La JCF, sin embargo, sí expuso tres motivos por los que no se debe interpretar que la Ley 53 protege la continuidad de los modelos de pensión definida en el sector público, en los que alude al requisito de que el PAD esté alineado con el plan fiscal.

En primer lugar, señaló que el plan fiscal certificado, al presente, contempla la congelación del Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura, así como la eliminación de los ajustes por inflación.

“Si la autorización de nueva de deuda en la Ley 53-2021 requiriera que el PAD se modificara para eliminar la Congelación y/o la eliminación de COLAs como condición para la emisión […] el PAD, de ser revisado, ya no sería consistente con el Plan Fiscal y no sería confirmable”, indicó la JCF.

“Segundo, el PAD no podría implementarse si la Ley 53-2021 requiere la eliminación de la Congelación y permite los COLAs porque la Junta de Supervisión no hará esos cambios y la Ley 53-2021 no autorizaría la nueva deuda bajo esas condiciones”, prosiguió la JCF.

“Tercero, si la Congelación y la eliminación de los COLAs se removiera del PAD, (el PAD) ya no sería viable por el riesgo adicional y las obligaciones que cargaría el Estado Libre Asociado”, añadió la moción.

Aunque las vistas comienzan el 8 de noviembre y se han separado 10 fechas, hasta el 23 de noviembre, para su confirmación, la JCF propuso fijar el 12 de noviembre, a las 5:00 p.m., como el plazo para que otras partes presenten objeciones a su interpretación de la Ley 53.

La JCF, a su vez, presentaría sus respuestas a las objeciones en o antes del 15 de este mes.

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