La jueza federal Laura Taylor Swain dio paso a la orden solicitada por la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el calendario para que las partes en el caso de Título III del gobierno central objeten su interpretación de la Ley 53-2021, que viabiliza la emisión de deuda contenida en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD).
Los objetores, según se desprende de la orden de Swain, podrán presentar sus argumentos en o antes del 12 de noviembre, a las 5:00 p.m., cuatro días después del inicio de las vistas de confirmación del PAD del gobierno central.
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En tanto, las respuestas de la JCF a las objeciones, así como los argumentos a favor de los planteamientos del organismo fiscal, podrán someterse hasta el 15 de noviembre.
En una moción urgente presentada anoche, la JCF detalló su interpretación de la Ley 53, particularmente en lo referente a las condiciones relacionadas a las pensiones públicas que el estatuto impone para autorizar las emisiones de bonos.
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La jueza Swain, como parte de la orden emitida esta tarde, autorizó también la notificación que recibirían el gobierno, las uniones y los participantes activos y retirados del Sistema Retiro de Maestros (SRM) y el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) sobre la postura que argumentará la JCF respecto al alcance de la Ley 53 durante las vistas de confirmación.
En dicha notificación, la JCF hace constar que “la autorización de deuda en la Ley 53-2021 está condicionada únicamente a que el PAD cancele la Modificación del Beneficio Mensual (según definida en el PAD), y no requiere la cancelación de (i) la eliminación de los ajustes por costo de vida y/o (ii) congelaciones de la acumulación de beneficios definidos bajo el Sistema de Retiro de los Maestros o el Sistema de Retiro de la Judicatura a partir y después de la Fecha de Efectividad del PAD”.
De esa forma, la JCF estipula que, contrario a los planteamientos públicos de figuras como el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, o su homólogo cameral, Rafael “Tatito” Hernández, las pensiones futuras no estarían exentas de los recortes que busca imponer el PAD del gobierno central.
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Aunque la JCF eliminaría del PAD los recortes de hasta 8.5% a las pensiones actuales cuyo beneficio mensual exceda los $1,500, la propuesta que tendría que avalar la jueza Swain buscaría congelar los planes de beneficio definido del SRM y el SRJ y prohibiría que, a futuro, se implementen ajustes por inflación a los beneficios de retiro.
“Al referirse a cero recortes a los retirados actuales y a los ‘beneficios acumulados de los empleados públicos activos’, la Junta de Supervisión cree que el estatuto protege muy cuidadosamente los niveles actuales de pensiones, pero no los niveles subsecuentes que se paralizan (‘cut off’) por la congelación de los beneficios definidos. Congelar los beneficios definidos ahorra miles de millones de dólares durante el plan fiscal certificado y es improbable que la Legislatura requeriría la eliminación de ahorros de tal magnitud sin mencionarlos por su nombre”, estableció la JCF.
“Por analogía, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha observado que el Congreso no ‘esconde elefantes en agujeros de ratón’. Creemos que requerir la eliminación de la acumulación de beneficios definidos sin mencionarlos sería como esconder un elefante en un agujero de ratón”, subrayó el ente fiscal.
En la orden, Swain dejó establecido que la corte “retendrá jurisdicción con respecto a todos los asuntos que surjan o estén relacionados con la interpretación o la implementación de esta Orden”.
