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En el aire nuevamente la legislación del plan de ajuste de la deuda pública

Tras las enmiendas introducidas por la Junta Fiscal, el portavoz cameral del PNP aseguró que la medida no cuenta con el aval de su delegación

El alegado acuerdo entre la Junta de Control Fiscal (JCF), los dos partidos principales en la Legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi sobre la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) parecía haberse hecho sal y agua, luego de que el portavoz novoprogresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunciara que toda la delegación se oponía a las enmiendas que impulsó el ente federal al Proyecto de la Cámara (PC) 1003.

En síntesis, Méndez planteó que el lenguaje de la medida no brinda suficientes garantías a los pensionados del sector gubernamental, que ha sido el eje de la discusión pública sobre el proyecto.

“Ha sido una determinación del caucus del PNP (Partido Nuevo Progresista) que, si esta es la versión que va a bajar el presidente de la Cámara, sin cambio alguno, no va a tener los votos de la delegación del PNP”, dijo Méndez a periodistas en el Capitolio, si bien aclaró que la postura final de la delegación se definiría luego de evaluar posibles enmiendas que introdujera Rafael “Tatito” Hernández, el líder cameral.

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Hernández, sin embargo, arguyó que las disposiciones sobre las pensiones que la JCF ha exigido que se incluyan en la legislación –como la congelación de beneficios futuros y la eliminación de ajustes por inflación– no tienen efecto práctico.

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“El que redactó esto (el PAD) no es un abogado de Puerto Rico y está trayendo un sinnúmero de ajustes y disposiciones que no aplican a Puerto Rico y este es un buen ejemplo […] Aquí no hay ninguna pensión, ningún sistema que tenga ajustes por costo de vida. Están haciendo un ajuste porque ellos tienen duda porque es lo estándar en otros sistemas de retiro”, argumentó Hernández.

Asimismo, el presidente cameral sostuvo que cambiar los planes de beneficios definidos a planes de contribución definida –cuyos pagos dependen de las aportaciones que el empleado haya realizado mientras se encontraba activo– requeriría legislación.

“En el plan ellos (la JCF) tienen esa propuesta, van a continuar con su aspiración, lo que pasa es que no lo pueden legislar. El cambiar de pensión definida a pensión por contribución no hay manera legal, ni por orden judicial (de ejecutarla), porque es una ley”, manifestó Hernández.

El resto de las cuatro “enmiendas sustantivas” que Hernández destacó en el proyecto incluyen las asignaciones de $500 millones anuales para la Universidad de Puerto Rico (UPR) para los años fiscales de 2023 a 2027, “disponiéndose que las asignaciones adicionales por encima de las cantidades asignadas en el plan fiscal del Estado Libre Asociado certificado en abril de 2021 se utilizarán para el mejoramiento de la experiencia y el ambiente estudiantil”.

Asimismo, se le asigna $1 millón al Departamento de Salud para “un estudio sobre la viabilidad de proveer o facilitar acceso a cubierta de seguro médico a aproximadamente 225,000 ciudadanos que hoy carecen” de cubierta y se crearía un Fondo Extraordinario a base de una fórmula que, de acuerdo con Hernández, allegaría anualmente sobre $60 millones a los municipios para recogido y disposición de basura y programas de reciclaje.

“Nuestra negociación fue el Plan de Ajuste, que es el que se va a presentar en los próximos 30 días. (Los $500 millones anuales para la UPR) va a estar en el Plan de Ajuste del gobierno central bajo legislación, y va a ser parte de lo que va a presentar el gobierno de Puerto Rico cuando vaya al tribunal. El gobierno de Puerto Rico es el que está reestructurando su deuda, pero dentro de las obligaciones, en esos pagos que vamos a dejar de pagar y esos pagos que vamos a cumplir, le vamos a pasar $500 millones a la Universidad y la juez lo va a ver. Le vamos a pasar $62 millones a los municipios y la juez lo va a ver, no vamos a tener recortes en las pensiones y la juez lo va a ver. Eso es lo que estamos legislando aquí”, subrayó el presidente de la Cámara baja, dando a entender que dichas asignaciones, de confirmarse el PAD, estarían aseguradas por la orden del tribunal.

Hernández admitió que, tras las más recientes enmiendas, elementos como la protección a la cubierta médica de los empleados públicos y un fondo de desarrollo económico de $300 millones salieron de la parte dispositiva del proyecto para ubicarse en la exposición de motivos, como aspiraciones de política pública.

“Lo que se negoció fueron los cuatro puntos. Lo otro todo requiere legislación. […] Lo que era puntual, que requería una asignación específica se atendió. Lo que tiene que ver con desarrollo económico es una prioridad. Nosotros respaldamos la visión de los compañeros del Senado, lo que queremos es atender cada una de esas medidas independientemente”, dijo Hernández.

Las garantías que busca establecer el proyecto de ley que se estaría aprobando mañana en ambos cuerpos, sin embargo, estarían supeditadas a la Ley Promesa y otras normativas federales, según una de las enmiendas que impulsó la JCF.

Específicamente, el nuevo artículo 604 del PC 1003 establece que “todas las leyes” del gobierno puertorriqueño que sean “inconsistentes” con el PAD o Promesa o que transfieran, asignen o requieran dinero de alguna agencia, “en la medida en que dicha transferencia o asignación sea inconsistente con esta Ley, o con PROMESA, o con un presupuesto certificado por” la JCF, “quedan por virtud de esta Ley desplazadas y enmendadas para disponer que todos los fondos transferidos o asignados por virtud de dichas leyes (o disposiciones de dichas leyes) inconsistentes, serán transferidos al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser desembolsados solamente según se disponga en un presupuesto aprobado”.

“Las enmiendas de la Junta son tan humillantes que a la lista esa de deseos le añadieron una línea en mayúscula (que dice) ‘este artículo se elimina intencionalmente’, para que no quede duda. Y al final, le añadieron otra línea más diciendo que toda esta legislación está sujeta a Promesa, y un párrafo entero hablándole como si fueran nenes chiquitos para que entiendan quién tiene la sartén por el mango. Es una cosa tan humillante y esa gente va a aceptar eso”, planteó la senadora independentista María de Lourdes Santiago en un aparte con la prensa durante la manifestación que se celebró hoy a las afueras del Capitolio en contra del PC 1003.

Méndez, asimismo, tildó esa cláusula de supremacía como uno de los elementos “inaceptables” de las enmiendas que se incluirían en la versión final de la medida.

“Crea básicamente una preeminencia de Promesa sobre toda legislación en la isla, que nosotros sabemos que es así por la condición colonial, pero obviamente lo manifiesta explícitamente esta legislación. Para nosotros eso es totalmente inaceptable”, puntualizó el portavoz del PNP, quien aseguró que el gobernador Pierluisi tampoco avalaría el lenguaje enmendado del PC 1003.

Aunque ayer se había dado la impresión de que la medida habilitadora del PAD contaría con el aval de la mayoría de los legisladores del PNP y el Partido Popular Democrático, que se combinan para ocupar 47 de los 51 escaños camerales, las palabras de Méndez arrojaron sombra sobre esa posibilidad, toda vez que varios representantes populares han manifestado su oposición al PC 1003.

Entre ellos, se encuentra el representante Héctor Ferrer Santiago, quien hoy reiteró su desconfianza en los acuerdos alcanzados con la JCF.

“Mi postura ha sido clara desde el principio: no al plan de ajuste y no al recorte a las pensiones. Mi posición desde el principio ha sido clara, hasta tanto y cuando la JCF no enmiende su PAD, no cuentan con mi aval. No le voy a dar un cheque en blanco a Natalie Jaresko (directora ejecutiva de la JCF) ni a la JCF. No confío en ellos”, dijo Ferrer Santiago, al indicar que no había tenido la oportunidad de revisar las enmiendas al lenguaje del proyecto.

Esta tarde, el caucus cameral del PPD se reuniría para discutir la nueva versión de la medida.

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