El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció el viernes que recurrirá a la Corte Suprema para intentar nuevamente bloquear una ley de Texas que ha prohibido la mayoría de los abortos desde septiembre.
La acción se produce en momentos en los que las clínicas de Texas se están quedando sin vías para hacerle frente a la ley estatal, diseñada por el Partido Republicano, que prohíbe los abortos una vez que se detecta el latido cardiaco fetal, lo cual usualmente ocurre a las seis semanas de concepción, pero antes de que por lo general una mujer se entere de que está embarazada.
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Esa legislación representa la restricción más fuerte hacia el procedimiento en casi 50 años.
La derrota más reciente para las clínicas ocurrió el jueves por la noche, cuando el panel de un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans, en una decisión de dos a favor y uno en contra, permitió que las restricciones siguieran en vigor por tercera vez en las últimas semanas.
Anthony Coley, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que el gobierno federal ahora pedirá a la Corte Suprema revertir la decisión, pero no informó cuándo lo haría.
El gobierno estadounidense está bajo presión por parte de los defensores del derecho al aborto para que acudiera a la Corte Suprema incluso antes del anuncio. El máximo tribunal del país ya permitió en una ocasión que las restricciones entraran en vigor, pero lo hizo sin determinar la constitucionalidad de la ley.
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Desde que la ley entró en vigor el 1 de septiembre, las mujeres de Texas han tenido que acudir a clínicas de abortos en estados vecinos, algunas de ellas conduciendo horas durante la noche. En esos recorridos también ha habido pacientes de incluso 12 años. La ley no hace excepciones para casos de violación o incesto.
La Secretaría de Justicia de Texas calificó la decisión del jueves por la noche como un “testimonio de que estamos en el lado correcto de la ley y de la vida”.
Una decisión de 1992 de la Corte Suprema impidió a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad, el punto en el que un feto puede sobrevivir fuera del útero, alrededor de las 24 semanas de embarazo, pero la ley de Texas ha prevalecido hasta el momento debido a una estructura única que le delega a los ciudadanos privados la vigilancia de su cumplimiento.
Cualquier persona en Texas que presente una demanda exitosa contra un proveedor de servicios de aborto por violar la medida tiene derecho a cobrar al menos 10.000 dólares en compensación, lo que el gobierno de Biden asegura equivale a pagar recompensas.
Sólo en una ocasión la Corte ha fallado en favor de suspender la medida y dicha orden duró 48 horas.
Durante ese breve periodo, algunas clínicas de Texas se apresuraron a realizar abortos en pacientes con más de seis semanas de gestación, pero se cancelaron muchas citas después de que el tribunal del 5to circuito actuó rápidamente para restablecer la ley la semana pasada.
Texas tenía aproximadamente una veintena de clínicas de aborto antes de que la ley entrara en vigor y sus operadores han dicho que algunas podrían verse obligadas a cerrar si las restricciones permanecen vigentes por mucho más tiempo.
