Aunque actualmente se encuentra en un proceso de “verificación” de los contratos suscritos por Luma Energy, la Oficina del Contralor aún no ha comenzado a pasar juicio sobre la validez o justificación de las más de 90 contrataciones que el consorcio privado ha realizado con fondos públicos en su función de agente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
No sería hasta que se lleve a cabo esa auditoría, prevista para el presente año fiscal, que la Oficina del Contralor podrá, por ejemplo, determinar si los contratos con vigencia retroactiva a la fecha en que aparecen otorgados cumplieron con los parámetros dispuestos en la Ley 237-2004.
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A pesar de que en el artículo 3 de dicho estatuto se establece que “el otorgamiento de un contrato de servicios profesionales o consultivo entre un contratista y el Gobierno deberá ser prospectivo”, al día de ayer 33 de los 92 contratos concedidos por Luma Energy que aparecen en el registro de la Oficina del Contralor parecían violar esa normativa.
El contrato más grande que ha emitido la compañía hasta el momento, un acuerdo por tres años y $27 millones con Evertec para la impresión y envío de facturas a los clientes, por ejemplo, aparece otorgado el 31 de marzo de este año, aunque con vigencia desde el día 10 de ese mes, una diferencia de 21 días.
Las incongruencias entre las fechas de otorgamiento y vigencia se observan tanto en contratos grandes como pequeños suscritos por Luma Energy. Dentro del universo, sin embargo, destacan los 14 contratos concedidos a Altec Worldwide y Altec Worldwide Rental Services, por servicios como compra de materiales, equipo pesado y vehículos, ya que todos, de acuerdo con el registro de contratos, cobraron vigencia antes de la fecha de otorgamiento.
En uno de los casos, la diferencia es de cuatro días, mientras que otros cuatro contratos se emitieron el 1 de octubre pero aparecen como vigentes desde el 1 de mayo, una diferencia de cinco meses.
De los cuatro contratos en exceso de los $10 millones, tres fueron otorgados después de la fecha de vigencia. Además del pacto con Evertec, el contrato a Alumbra, LLC, de $17 millones por servicios de “consultoría financiera”, y otro de $10 millones a MasTec Renewables por servicios de instalaciones eléctricas, también aparecen con fecha de vigencia previo a que se otorgaran.
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La oficina de prensa de Luma Energy, ante una petición de Metro, indicó que estaría reaccionando en el día de hoy.
Según los datos disponibles hasta ayer, Luma Energy había otorgado 92 contratos que, al sumarse las enmiendas, totalizaban un valor de $188.3 millones.
La directora de Asuntos de Auditoría de la Oficina del Contralor, Edna Velázquez, confirmó que Luma Energy debe cumplir con los parámetros de contratación establecidos en la Ley 237-2004 siempre que actúe como agente de la AEE.
“Tendríamos que entrar a ver cada uno de esos contratos. Algunos de ellos están en reparo, no le podría confirmar si todos. Pero muchos de ellos puede que los errores estén ahí. Puede que sea un error o puede que, en efecto, tengan vigencia retroactiva y eso será parte de la auditoría que realicemos. Normalmente los contratos no se hacen de manera retroactiva”, indicó Velázquez en entrevista con este medio.
La auditora explicó que el término de contrataciones “en reparo” se refiere al proceso que lleva a cabo la Oficina del Contralor para verificar que la información que la entidad pública sometió al registrar un contrato sea la que, en efecto, se desprende de dicho contrato.
El representante Luis Raúl Torres, quien desde la Legislatura ha investigado el desempeño de Luma Energy, ha puntualizado aparentes errores en el registro de contratos otorgados por la empresa y a esos fines emitió un requerimiento de información a la Oficina del Contralor. Torres concedió hasta ayer a la dependencia para que, además de proveer copias de cada uno de los contratos, explicara por qué no hay una “continuidad secuencial” en la numeración asignada a cada pacto, así como un documento que indicara cuándo Luma Energy comenzó a “registrar” los contratos ante el Contralor.
“A veces hay errores en fecha, en este caso se han encontrado también errores en el año fiscal en el cual se han registrado dichos contratos. Se registra quizás bajo el año fiscal 2020 cuando correspondía al 2021. Eso es parte de toda esta verificación que se hace, que se solicita que se corrija, porque quien puede corregir es la entidad (contratante)”, estipuló Velázquez.
La profesional certificada en auditoría gubernamental no pudo precisar cuál sería una cantidad normal de errores cometidos por las agencias públicas en proceso de registro de contratos, pero especuló que Luma Energy, como entidad novata en esos menesteres, podría estar incurriendo en más equivocaciones de lo ordinario.
En términos sustantivos, sin embargo, será cuando se realice la auditoría que la Oficina del Contralor podría tomar acción ante posibles irregularidades, como lo sería la contratación retroactiva.
“Eso es parte de lo que estaríamos viendo en la auditoría y en los informes de la Oficina se señalan los contratos retroactivos y se traen esas disposiciones de la Ley 237. No podemos perder de perspectiva que es parte de una auditoría si son contratos emitidos con retroactividad, si son enmiendas a contratos ya existentes bajo Energía Eléctrica, hay muchas variables que hay que considerar cuando se esté auditando. Con verlos solamente del registro aparenta (ser) unos contratos retroactivos (pero) eso es parte de lo que habría que ver en la auditoría”, recalcó Velázquez.
De acuerdo con Velázquez, la auditoría de la AEE –que cubriría los contratos que Luma Energy ha otorgado con fondos públicos– “estamos planificando comenzarla muy pronto”.
La auditora indicó que ayer la Oficina del Contralor había cumplido parcialmente con la entrega de información requerida por el representante Torres, quien concedió un tiempo adicional debido a que la agencia confrontó problemas para imprimir una porción de los contratos debido a interrupciones en el servicio eléctrico.
