La Junta de Control Fiscal (JCF) hizo constar en una misiva que accedería a la medida legislativa que viabiliza el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, si bien mantiene “reservas” sobre la sostenibilidad de los gastos que se proponen en el Proyecto de la Cámara (PC) 1003 para asignar dinero a entidades como los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR) y pagar la totalidad de las pensiones.
“La Junta de Supervisión no tiene desacuerdos filosóficos con las loables aspiraciones de política pública del Proyecto. El Proyecto, sin embargo, haría el PAD insostenible para Puerto Rico al condicionar la aprobación de la emisión de nuevos bonos de obligación general requeridos por el PAD en provisión de que cuestan decenas de miles de millones de dólares. Por cada dólar que el PAD ahorre en reducción de deuda, el Proyecto podría gastar los ahorros a lo largo de los próximos 30 años, dejando al Estado Libre Asociado (ELA) en la misma posición que llevó a la promulgación de (la Ley) Promesa y la creación de la Junta de Supervisión en primer lugar. El Proyecto debe ser revisado significativamente porque pone nuevamente al ELA bajo una carga financiera insostenible y, por lo tanto, convierte el PAD en uno no viable ni confirmable”, advierte la JCF en la carta.
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Sin embargo, la carta, firmada por el presidente de la JCF, David Skeel, indica posteriormente que ambas ramas del gobierno electo han establecido que “quieren tomar el riesgo a nombre de los residentes de Puerto Rico”.
Entre las exigencias legislativas que la JCF estaría aceptando, se incluirían el financiamiento a los municipios, “dentro de los límites”, para proveer “servicios gubernamentales necesarios” así como una asignación de $500 millones anuales hasta el año fiscal 2027; y $1 millón para llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad de extender un seguro de salud a las personas que actualmente no tengan cubierta.
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