El gobernador Pedro Pierluisi expresó que acoge al menos tres de las condiciones introducidas por el Senado al proyecto legislativo que busca habilitar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central y a las que la Junta de Control Fiscal (JCF) se opone por su alegado alto costo.
En una conferencia de prensa, el primer ejecutivo dijo que, además de exigir el pago total de las pensiones públicas, le parecen “razonables” las exigencias de garantizar una asignación anual de $500 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) por cinco años, otra de $62 millones a los municipios para servicios esenciales y una partida de $300 millones para desarrollo económico que se distribuirían a lo largo de cinco años.
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Esta mañana, el directivo de la JCF Antonio Medina sostuvo en Radio Isla que “donde se tranca el bolo” en las negociaciones con el gobierno electo, más que con las pensiones, es con relación a las otras nueve condiciones que añadió la Cámara alta.
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“El que se le diga a la Junta que luego de esta reestructuración, a futuro, en su plan fiscal, permita que la UPR reciba por lo menos una asignación presupuestaria de año en año de un mínimo de $500 millones me parece enteramente razonable, y vamos a tener los recursos para que eso así sea”, aseguró Pierluisi.
“El reclamo de que a los municipios se les mantenga unas aportaciones o asignaciones de año en año parecida a la que tenían anteriormente también es un reclamo claramente razonable porque vamos a tener los recursos para cumplirlo. El reclamo de que se separen $300 millones para utilizarlos para proyectos de desarrollo económico en un periodo de cinco años también me parece claramente razonable”, añadió el mandatario, quien se abstuvo de precisar si en estos asuntos tiraría una raya similar a la del tema de las pensiones, sobre las que ha insistido por meses que no firmaría proyecto alguno que contuviera recortes.
Además de las exigencias sobre la UPR, los municipios y el fondo de desarrollo económico, la versión enmendada del Proyecto de la Cámara (PC) 1003 busca el compromiso de la JCF de que enmendará el plan fiscal para iniciativas relacionadas con un fondo de becas para estudiantes universitarios, evitar recortes a las aportaciones patronales para el plan médico de los empleados gubernamentales, un fondo de “igualdad social” para combatir la pobreza y un estudio sobre la viabilidad de añadir 225,000 beneficiarios al plan de salud gubernamental.
Según el primer ejecutivo, la resistencia de la JCF se fundamenta en un plan fiscal que subestima el capital que tendrá disponible el fisco luego de la reestructuración de los bonos de obligación general y otras acreencias del gobierno central. El PC 1003 en esencia, autoriza la emisión de bonos con un principal de $7,400 millones, que se intercambiarían por la deuda vigente de $18,800 millones, y crearía unos instrumentos de valor contingente ascendentes a $8,500 millones que se pagarían en función de los recaudos por el Impuesto de Ventas y Uso y el reembolso por los árbitros al ron.
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“Cuando la Junta aprobó al plan fiscal vigente no teníamos claridad en cuanto a los fondos federales que vamos a recibir por el programa de Medicaid. Ese escenario cambió. Digo que vamos a tener los recursos porque cuando se certificó el plan fiscal vigente se hizo a base de unas proyecciones del Congressional Budget Office, la oficina de asesoramiento presupuestario al Congreso, que han cambiado significativamente. Ahora las proyecciones económicas para Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, son más positivas que las que teníamos antes y eso va a redundar en mayores recaudos en el Departamento de Hacienda”, subrayó el gobernador.
“Viendo esos dos cambios en la situación fiscal y económica de Puerto Rico a futuro, veo que estos reclamos que está haciendo el Senado, por lo menos esos tres que acabo de mencionar son justos y razonables”, dijo Pierluisi, al indicar que espera que “actuemos como adultos, todos, incluyendo a los miembros de la Junta”.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, propuso en pasados días que el gobernador, el liderato senatorial y representantes de la JCF se reunieran el sábado 16 de octubre para discutir las diferencias sobre el proyecto legislativo.
Pierluisi recalcó que está dispuesto a sostener cualquier tipo de conversación pero que no necesariamente las partes se reunirán en la fecha que sugirió Hernández.
“Entiendo que se está coordinando la fecha y la hora, no necesariamente va a ser el 16 (de octubre) porque la Junta también tiene que acceder. Yo estaría disponible tanto el 16 como el 17 pero no es tan sencillo como eso”, dijo Pierluisi.
La JCF espera que la Legislatura haya aprobado y el gobernador firmado un proyecto de reestructuración de bonos antes del 8 de noviembre, la fecha pautada por la jueza Laura Taylor Swain para la evaluación del PAD del gobierno central.
“Donde se tranca el bolo es cuando el proyecto llega al Senado. Le han puesto 10 condiciones adicionales que cuando tu evalúas numéricamente el costo de esas 10 alternativas es de billones de dólares y hay una línea específica en la legislación que dice que si la Junta no incluye esos 10 puntos en el plan fiscal se deshace la legislación, deja de ser efectiva, para intercambiar los bonos. Y con ese tipo de lenguaje definitivamente no podemos trabajar”, sostuvo Medina en la entrevista radial.
“Nosotros estamos dispuestos a dialogar pero para dialogar necesitamos que la contraparte estén con nosotros. Me mantengo en que podamos llegar a un lenguaje adecuado. Siento que esta legislación, una vez lleguemos al acuerdo necesario, saca a Puerto Rico de la bancarrota que es realmente la noticia grande”, afirmó el miembro de la JCF.
