La senadora María de Lourdes Santiago Negrón y la legisladora municipal de Guaynabo, Gabriela M. Alonso Ribas, ambas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sometieron resoluciones con las que buscan apoyar la lucha contra la propuesta construcción y operación de una Planta Dosificadora de Asfalto (asfaltera) en dicho municipio.
En la exposición de motivos de la Resolución del Senado 354, se explica que la compañía DB Asphalt Recycling propone la instalación del proyecto industrial en un predio de terreno con cabida aproximada de 4.0 cuerdas, ubicadas en la Carretera Estatal Núm. 833, Km. 0.8 en el Barrio Guaraguao del Municipio de Guaynabo.
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“Diferentes estudios han concluido que existe una relación directa entre los contaminantes que emiten las asfalteras y las incidencias de cáncer. Según la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), los efectos sobre la salud de la exposición a los vapores de asfalto incluyen dolor de cabeza, erupción cutánea, sensibilización, fatiga, disminución del apetito, irritación de la garganta y los ojos, tos y cáncer de piel”, expresa el proyecto presentado por la senadora Santiago.
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De igual forma, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y pruebas realizadas por el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de New Jersey, han demostrado que los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), los cuales son liberados en el proceso y las labores de transporte y almacenamiento de las asfalteras, pueden ser cancerígenos para los humanos.
Por su parte, la Legisladora Municipal del PIP en Guaynabo, hizo un llamado a proteger la salud y el ambiente de las comunidades que podrían afectarse por la construcción de la asfaltera.
“La Legislatura Municipal tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de las comunidades de Guaynabo, y por la protección de la salud de las personas y del ambiente, en este caso de los residentes de las comunidades de Villa Isleña, Mamey II Sector Peña, Los Linares, La Brecha, Los Romero, Los Cruz y Calle la Peña, entre otras”, expresó Gabriela M. Alonso Ribas.
“Las comunidades han expresado su oposición a la asfaltera propuesta, pues su salud y sana convivencia se verían afectadas por los ruidos constantes de las operaciones de la empresa, el tráfico de camiones que trascurrirán por la calle frente a sus residencias, y los contaminantes que se emiten usualmente en este tipo de proceso, incluyendo el sedimento y las partículas que llegan y se depositan en residencias, autos y recursos naturales”, añadió.
