El Senado pospuso para mañana, miércoles, la votación sobre el proyecto legislativo de reestructuración de la deuda del gobierno central, aunque el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau, aseguró que la medida cuenta con los 12 votos de su delegación y suficientes votos novoprogresistas para ser aprobado.
Según Dalmau, las enmiendas que se le introducirán a la medida también son avaladas por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, por lo que ese cuerpo concurriría con los cambios el próximo viernes.
La versión que el Senado aprobaría mañana, en una sesión convocada para la 1:00 p.m., al igual que en la Cámara de Representantes, dispone que el aval al plan de ajuste de deuda que la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain está condicionado a que no se incluya recorte alguno a las pensiones públicas.
En un momento dado, Dalmau había indicado que, contrario a la versión que se aprobó en la Cámara baja con 33 votos a favor, se inclinaba a reintroducir un umbral para implementar recortes a los pensionados, aunque con la intención de incluir algún mecanismo de restitución.
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Luego de varias sesiones de negociación con Dalmau y Hernández, la JCF había accedido a elevar el umbral de recortes de 8.5% de $1,500 mensuales a $2,000 mensuales, acuerdo que quedaría sin efecto si la Legislatura deja a un lado el tema en el proyecto de reestructuración.
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Dalmau, en un breve encuentro con la prensa, admitió que el liderato legislativo no ha discutido con la JCF el proyecto que se prevé enviar a La Fortaleza.
Según Dalmau, el motivo para el retraso en la votación, que se esperaba ocurriera en la sesión de hoy, se debió a la necesidad de traducir el proyecto al inglés, que es el lenguaje en el que se trabaja el plan de ajuste de la deuda.
La discusión en el caucus popular, dijo Dalmau, giró sobre los 10 puntos de enmiendas que la semana pasada había propuesto al proyecto que aprobó la Cámara baja. Además del tema de las pensiones, la medida incorporará una serie de iniciativas económicas y sociales, a algunas de las cuales se les asigna una partida especifica y a otras que no.
Por ejemplo, el Proyecto de la Cámara (PC) 1003 incluirá una asignación fija de $500 millones a la Universidad de Puerto Rico por los próximos cinco años, así como garantizar $62 millones anuales a los municipios para labores de recogido de basura, remoción de escombros y servicio de reciclaje.
Las enmiendas del Senado al PC 1003 igualmente incluyen la asignación de $300 millones, distribuidos en cinco años, para un “fondo de inversión económica”, así como una disposición que garantizaría que el plan médico de los empleados públicos permanezca intacto.
En tanto, se asignaría $1 millón para que el gobierno realice un estudio sobre la viabilidad de transicionar a un sistema de salud universal.
Entre las iniciativas para las que no se propone una asignación específica figuran un fondo dotal para la UPR y la creación de un fondo “social” que atendería temas como la pobreza, el sinhogarismo y la deserción escolar.
Finalmente, las enmiendas de Dalmau incluyen una disposición que permitiría al gobierno –si las condiciones fiscales lo permiten– refinanciar la deuda emitida bajo el plan de ajuste luego de de 10 años, con el objetivo de reducir el periodo de amortización; así como la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de la rama legislativa, la rama ejecutiva y la JCF que estudiaría alternativas de desarrollo económico a largo plazo.
Dalmau anticipó que, de ser aprobado en ambas cámaras, el gobernador Pedro Pierluisi estaría firmando la medida. Pierluisi ha sido insistente en que su principal condición para convertir el proyecto en ley es que quede meridianamente claro que el gobierno electo no avala ningún recorte a las pensiones incluido en el plan de ajuste.
“Ayer yo hablé con el gobernador, le dije lo que estaba sucediendo aquí con las enmiendas y todo el lenguaje. Él nos dijo que la delegación de su partido estaba trabajando también enmiendas y en favorecer la medida. En el momento en que habló conmigo estaba ya en el caucus del Partido Nuevo Progresista aquí en el Senado”, dijo Dalmau, al indicar que la versión sobre la que se votará contiene un lenguaje “modificado” sobre las pensiones que coincide con el reclamo que habían hecho legisladores penepés.
Al reanudarse la sesión ordinaria en el hemiciclo, ya cerca de las 9:00 p.m., Dalmau indicó, ante el cuestionamiento del portavoz del PNP, Thomas Rivera Schatz, que la medida bajaría mañana a votación sin un informe de la Comisión de Hacienda.
Delegaciones de minoría, como el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, y el senador independiente José Vargas Vidot, se han opuesto al proyecto legislativo bajo el argumento de que impulsa una emisión de deuda sin que el país cuente con la capacidad de repago para cumplir con las obligaciones en que incurriría.
Esta postura coincide con el análisis que han realizado economistas y organizaciones como Espacios Abiertos, que han señalado que los propios planes fiscales de la JCF contemplan un escenario, a mediados de la década de 2030, en el que el país no tendría el dinero para cubrir su deuda y los servicios esenciales.
La exposición de motivos del Proyecto de la Cámara (PC) 1003, según aprobado en ese cuerpo, detalla que el plan de ajuste elaborado por la JCF reduciría el principal de la deuda por bonos del gobierno central y la Autoridad de Edificios Públicos de $18,800 millones a $7,400 millones, logrando que el servicio anual de la deuda bajara de $3,300 millones a $1,100 millones.
Asimismo, el PC 1003 crearía varias subseries de instrumentos de valor contingente, bonos que se repagarían si se exceden ciertas proyecciones de recaudos del Impuesto de Ventas y Uso o los ingresos por los arbitrios al ron exportado.
A pesar de que la jueza Swain fijó el 8 de noviembre como la fecha de inicio de las vistas de confirmación del plan de ajuste de deuda, Dalmau insistió que es necesario que el Senado y la Cámara den paso al proyecto que viabiliza la reestructuración de manera expedita.
“Hay una fecha donde los acreedores tienen que haberse puesto de acuerdo con la JCF antes de llegar al tribunal, que ronda el 18 de octubre. Tenemos que, en un tiempo razonable, Cámara y Senado aprobarla y también que el gobernador tenga el espacio de ver el proyecto y firmarlo y la Junta tenerlo antes de esa fecha”, dijo Dalmau.