Pierluisi esperará por análisis antes de tomar acción contra Elizabeth Torres

De acuerdo con el primer ejecutivo, lo esencial del informe que sometió la cabildera son las acciones que haya tomado en pro de la estadidad

Por Manuel Guillama Capella

La posibilidad de que el gobernador Pedro Pierluisi refiera a la cabildera de la estadidad Elizabeth Torres para que el Departamento de Justicia inicie el proceso de su destitución dependerá del análisis que su equipo de trabajo haga del informe que sometió al culminar sus primeros tres meses en la posición.

De acuerdo con Pierluisi, la Ley 167-2020 que habilitó la elección y deberes de los seis cabilderos es “clara” en términos del trabajo que estos funcionarios electos deben realizar “en y fuera de Washington D.C.”.

Entre los planteamientos que Torres incluyó en su informe de 204 páginas, figura el llamado al gobernador a disolver la delegación de cabilderos, a la que catalogó como un “embeleco” que no conseguirá como resultado que Puerto Rico logre la anexión a los Estados Unidos.

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“Definitivamente que no hay fundamento alguno para eliminar esta delegación congresional, y diría que las supuestas justificaciones para eso, las que pude ver en los medios, no hay base alguna. Esto no es cuestión de quejarse de que, por ejemplo, hay dos proyectos en la Cámara, uno de nuestra comisionada residente (Jenniffer González) y otro de la congresista Nydia Velázquez, y que en el Senado lo mismo ocurre […] y que eso hace que se vuelva esto difícil. ¿Y quién ha dicho que esto es fácil?”, indicó el mandatario en una conferencia de prensa en Dorado.

Torres argumentó en su informe que, si bien los cabilderos tienen derecho a un salario de $90,000 y reembolso por gastos ascendente a $30,000 adicionales, al grupo no se le proveyeron herramientas adicionales para, por ejemplo, implementar campañas a favor de la estadidad.

La cabildera, igualmente, expuso que el exgobernador Ricardo Rosselló, otro de los cabilderos, está usando la posición como punta de lanza para un regreso a la política electiva en Puerto Rico.

“Eso ciertamente es una opinión personal (de Torres). El exgobernador, me indican, que también sometió su informe, y lo mismo aplica. En el caso del exgobernador no está utilizando fondos públicos, pero sí está bajo la obligación de remitir ese informe, lo cual hizo. Por lo que he visto en los medios, no hay duda que sí ha hecho gestiones en favor de la estadidad”, dijo Pierluisi.

La Ley 167 dispone que, si alguno de los llamados delegados congresionales incumple con sus deberes, el Departamento de Justicia tiene la facultad de presentar un reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia para lograr la destitución.

“Lo que mi equipo de trabajo va a estar haciendo es revisar ese informe en detalle para ver qué gestiones específicas llevó a cabo la delegada Torres. Porque lo demás, hasta cierto punto, es irrelevante. Hay que recordar también que, en la medida en que se estén usando fondos públicos, los fondos públicos tienen que utilizarse conforme a la ley, y la ley, otra vez, es clara. Dice que la obligación de cada delegado, obviamente incurriendo en el uso de fondos públicos es adelantar la estadidad, ese es el fin público”, insistió el primer ejecutivo.

“Acudiremos a todos los foros que sea necesario. Si determinamos que ha habido una violación de ley, se harán los referidos a todas las entidades concernidas. Aquí no hay excepciones, aquí la ley le aplica a todos por igual”, añadió Pierluisi al cuestionársele si su gobierno optaría por presentar acción contra Torres.

En pasadas semanas, el capítulo de Puerto Rico de la Juventud Demócrata refirió a Torres a Justicia debido a críticas públicas que había realizado con relación a las responsabilidades de los cabilderos.

Por otra parte, Pierluisi aseguró que la controversia con Torres no incidirá sobre la decisión que tome sobre la petición de la cabildera para que se le otorgue un indulto completo a su pareja, Edwin Domínguez. A Domínguez, la exgobernadora Wanda Vázquez le concedió un indulto condicionado tras su convicción por violar una orden de protección que pesaba contra el hombre solicitada por la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro.

Como parte de las condiciones, Domínguez debe permanecer recluido en su residencia.

“Ante una petición de indulto, uno tiene que evaluar el caso que tiene ante sí. No es justo para la persona concernida estar pensando en esto como un asunto de relaciones públicas, o de mensajes en términos generales. Hay que atender casa caso en sus propios méritos”, dijo el gobernador, al cuestionársele si su política pública contra la violencia de género prevendría que considerara concederle el indulto a Domínguez.

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