El Departamento de la Familia refirió a cuatro funcionarios al Departamento de Justicia por entender que pueden haber cometido delitos en el manejo del caso del menor Jeiden Elier Santiago Figueroa, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto en un crimen por el que se acusa a su padre, Jonathan Santiago.
En la rueda de prensa, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, declinó mencionar los nombres de los funcionarios que atendieron el caso del niño de ocho años, si bien precisó se encuentran suspendidos con sueldo. González Magaz tampoco quiso divulgar los posibles delitos que se desprenden de la investigación administrativa que llevó a cabo la agencia.
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De acuerdo con la secretaria, en el proceso se cometieron múltiples fallas que derivaron en que Jeiden Elier permaneciera bajo la custodia de su padre hasta el día de su muerte, fecha para la que, además, estaba prevista una vista judicial en la que Familia presentaría el informe escrito que recomendaba devolver al menor a su madre.
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Las tres fallas que la secretaria enumeró fueron el incumplimiento con la entrega por escrito de un informe pericial al tribunal durante una vista judicial que se celebró el 30 de julio; incumplimiento con el Protocolo de Intervención según el Manual de Normas, Procedimientos y Estándares de Ejecución sobre el Modelo de Seguridad en la Investigación de Referidos de Maltrato a Menores; y la pobre supervisión de los trabajadores asignados al caso.
Sobre el primer punto, González Magaz reconoció que, al momento del caso de Jeiden Elier, el Departamento de la Familia no tenía una política que estableciera la necesidad de someter por escrito todos los informes, ya que las leyes aplicables no ordenan que los tribunales lo requieran, sino que contemplan la posibilidad de que los trabajadores sociales testifiquen en corte abierta.
En el caso de Jeiden Elier, la recomendación del Departamento de la Familia era devolver al menor al cuidado de su madre, Saraí Figueroa, pero, en la vista del 30 de julio, la jueza Ingrid Cobb ordenó otro señalamiento para el 9 de agosto para que la agencia presentara el informe por escrito.
“No es mandatorio, no está escrito en ley que para una vista de orden de protección se tenga que entregar un informe escrito, porque al ser una medida provisional, por emergencia, no es mandatorio. No obstante, sí se le está solicitando de manera uniforme a todos los profesionales de trabajo social o los técnicos de servicio a la familia que al comparecer en las vistas sí tengan un informe de los hallazgos hasta el momento por escrito”, dijo la secretaria.
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“La jueza, en su instrucción (previo a la vista del 30 de julio), incluyó que se solicitara que el informe (escrito)”, agregó González Magaz para explicar por qué la agencia considera una falla la omisión de la recomendación escrita.
La administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena, añadió que el incumplimiento con el protocolo interno consistió en la demora para completar la investigación sobre la custodia de Jeiden Elier. De acuerdo con Gerena, el proceso comenzó el 9 de junio y se extendió hasta el 28 de julio, rebasando los 30 días que disponen las políticas de la dependencia.
Aunque subrayó que la investigación administrativa también arrojó fallas en la “supervisión” de los empleados a cargo de atender el caso de Jeiden Elier, González Magaz se negó a mencionar las posiciones que ocupan los cuatro empleados suspendidos y referidos. La directora de la División Legal de la agencia, Carolina Guzmán, alegó en la conferencia de prensa que la confidencialidad era indispensable para proteger la posible pesquisa criminal que lleve a cabo el Departamento de Justicia.
No revelan posibles delitos
Si bien aceptó que el referido a Justicia contiene recomendaciones sobre posibles delitos a investigar, González Magaz tampoco quiso precisar cuáles ilegalidades Familia identificó preliminarmente, alegando que se podría afectar el procesamiento de los funcionarios, así como sus derechos.
“Tenemos que tener cierto control en no afectar los procesos que van a estar en otra agencia como lo es el Departamento de Justicia. Nosotros identificamos la posible comisión de delitos, pero le toca al Departamento de Justicia determinar si ese es el posible delito o si hay otros. En esa evaluación hay que tener deferencia para con el Departamento (de Justicia), dar el espacio para que ellos determinen”, señaló Guzmán.
A nivel administrativo, la determinación final, que podría contemplar el despido o suspensiones de empleo y sueldo de los empleados, podría demorar unos seis meses, señaló la abogada.
González Magaz, por su parte, rechazó que las aparentes lagunas en el manejo del caso de Jeiden Elier, a pesar de haber derivado en el ajuste de políticas internas, sean la norma en las investigaciones sobre posible abuso de menores que lleva a cabo Familia.
“No es algo habitual. No obstante, vamos a uniformar unas iniciativas precisas y acertadas para que nada como esto vuelva a suceder. Pudo haber habido algún caso de una vista de orden de protección que no se entregara el informe escrito y el juez o la jueza permitiera al trabajador social o técnico de servicios a la familia proveer su testimonio pericial”, señaló la titular de Familia.
“Yo asumo la responsabilidad por la ejecutoria de todo un equipo de trabajo. No obstante, hay una persona en este caso que, por el referido, ha sido acusada”, dijo González Magaz, en referencia a Santiago, el padre de Jeiden Elier.
La secretaria aseguró que no contempla renunciar como consecuencia de los hallazgos de la investigación administrativa.
