El representante popular Orlando José Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, sometió un proyecto de ley junto a los colegas Juan José Santiago Nieves y los novoprogresistas Joel Franqui Atiles y José “Che” Pérez Cordero, para permitirle al pueblo de Puerto Rico que exprese en un referéndum, si desea sancionar o no la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales.
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“El propósito de esta medida legislativa es abrir a discusión el tema y si los electores debidamente registrados en Puerto Rico desean sancionar o no la posesión simple de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales. En los pasados años se ha aprobado legislación de avanzada para permitir el consumo de cannabis para propósitos medicinales. No obstante, en torno al consumo denominado recreativo se ha mantenido estrechamente un enfoque punitivo donde la encarcelación no sólo es un castigo expresamente estatuido, sino que es la pena utilizada con mayor frecuencia. Se debe desligar los problemas de drogodependencia y consumo del enfoque punitivo, la sanción penal”, destacó el también abogado.
La medida cameral expresa que eximir criminalmente todo caso de posesión de 14 gramos o menos a ser sometidos a arrestos y procesos judiciales, redundará en aliviar notablemente la presión a la que están sometidos los organismos de aplicación de la Ley y los sistemas judicial y penitenciario. “Asimismo, se fomenta una utilización efectiva de recursos, los cuales deben utilizarse para perseguir aquellos delitos relacionados a la venta y distribución de sustancias controladas los cuales ciertamente generan una verdadera problemática social en términos de violencia”, argumentó Aponte Rosario.
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El legislador expresa además que política pública en Puerto Rico debe que cumplir con las ocho (8) prioridades emitidas por el Gobierno federal en los Estados Unidos, de conformidad con la “Ley de Sustancias Controladas Federal” y los memorandos emitidos por el Departamento de Justicia federal, a los efectos de enlazar la prohibición general de la posesión y uso de la marihuana con la esfera federal. Estas prioridades son:
• Prevenir la distribución de la marihuana a menores.
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•Prevenir que las ganancias por la venta de la marihuana vayan dirigida a bandas criminales.
•Prevenir la desviación de la marihuana del estado donde se haya permitido su uso legal a otros estados.
• Prevenir que el manejo autorizado de la marihuana se utilice como pretexto para ocultar el tráfico de otras drogas u otra actividad ilegales.
• Prevenir la violencia y el uso de armas en la actividad de cultivo y distribución de la marihuana.
• Prevenir el conducir drogado y la excarcelación de otras consecuencias adversas para la salud pública que se relacione con el uso de la marihuana.
• Prevenir los cultivos en tierra o propiedad pública para evitar el riesgo a la seguridad pública y ambiental que ello conlleva.
• Prevenir la posesión o el uso de la marihuana en propiedad del Gobierno federal.
“Conforme a lo anterior, se reconoce que nuestras escuelas deben permanecer como zonas libres de drogas y por tanto, la penalización que establece el Artículo 411-A de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según enmendada, para la posesión aun simple, debe continuar conformado como un disuasivo para mantener todo tipo de droga alejado de nuestra niñez, de manera que se debe redirigir los esfuerzos para combatir el trasiego de drogas y la criminalidad, y a redistribuir los recursos hacia el tratamiento contra la adicción a drogas tan devastadoras. Las tendencias internacionales sobre la posesión y venta de cannabis evidencian que estados de la Unión Americana que han despenalizado o legalizado la marihuana para uso personal o fines recreativos. Sin embargo, en varios estados esta decisión ha sido consultada con los residentes mediante el voto popular, y eso es lo que proponemos”, finalizó Aponte Rosario.
