Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la judicatura federal anunció el miércoles por la tarde que la defensoría pública mexicana se encargará de asistir a quienes tengan causas penales por abortar.
Los abogados públicos también asistirán a las familias víctimas de feminicidios y a quienes pudieron ayudar a los abortos porque el objetivo, agregó el magistrado, es llegar a todos los rincones del país “y defender a quienes no tienen quienes les defiendan” que son más marginados y los más afectados por este tipo de delitos.
PUBLICIDAD
El anuncio de Zaldívar llega un día después de que el alto tribunal declarara inconstitucional penalizar el aborto en México y forma parte de una serie de medidas presentadas en favor de la igualdad, entre las que destacó también el permitir a partir de ahora las bajas de paternidad en el seno del poder judicial.
El fallo para que la interrupción voluntaria del embarazo no sea considerada delito afecta de manera inmediata al estado de Coahuila -cuya ley fue el objeto del recurso- pero establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares.
Te recomendamos:
- Fiscalía se prepara para radicar cargos contra Juanma López
- Salud reporta 21 nuevas muertes por COVID-19
- Despenalización de la marihuana podría enfrentar escollos en el Senado
Sólo cuatro estados de México -la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo- permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue siendo delito con algunas excepciones. Por eso organizaciones feministas indicaron el martes que la vía para avanzar en la despenalización era mediante recursos estado por estado.
Zaldívar dijo no saber cuántas mujeres o personas están acusadas en estos momento por interrupción del embarazo o cuántas están en prisión pero agregó que el objetivo es “asesorar, representar y defender a las familias victimas de feminidios y a las mujeres que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto”.
Según la abogada Verónica Cruz, directora del colectivo “Las Libres”, hoy en día ya no existen mujeres encarceladas en México por abortar pero sí hay unas 4.600 carpetas de investigación abiertas en todo el país por ese delito.
PUBLICIDAD
Zaldívar dijo que este nuevo proyecto de la defensoría pública se hará con los recursos que ya están presupuestados.
Con respecto a la baja por paternidad —tres meses pagados, igual que la de las mujeres— que confió puedan copiar otras entidades mexicanas públicas y privadas, señaló que las México se coloca a la vanguardia del continente americano “para lograr una igualdad real” que termine con el estereotipo de la mujer cuidadora.
