Ante Apelaciones pugna por reglamentos de tragamonedas

Asimismo, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, se defendió de señalamientos de alegadas "ventas de influencias" y soborno.

Por Sadot Santana Miranda

A poco más de un mes de que el Tribunal de Primera Instancia anulara los reglamentos que legalizaron las máquinas tragamonedas en la isla, el director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, se mostró confiado en que el Tribunal de Apelaciones revertirá dicho dictamen y validará ambos documentos promulgados por la entidad pública.

"Está en el [Tribunal] Apelativo y mientras esté en el Apelativo entendemos que vamos a prevalecer y si no prevalecemos vamos al [Tribunal] Supremo. No podemos permitir que cualquier persona que me demande pare la economía de este país. La jueza [Glorianne Lotti] tiene su criterio en derecho, la cual respetamos, pero nuestros abogados también piensan que hay un error y que podemos ganar en el Apelativo", señaló el funcionario tras una conferencia de prensa en el Hotel La Concha en torno a una alianza entre el Casino del Mar y la empresa BetMGM para impulsar las apuestas deportivas.

El pasado 14 de julio, la jueza Lotti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, anuló los reglamentos que legalizaron la industria de las máquinas tragamonedas. El primero de estos reglamentos permitiría la concesión de unas primeras 100 licencias a operadores de máquinas de juegos de azar. El segundo reglamento, en cambio, viabilizaría la implantación de un sistema de interconexión de estas máquinas con el Departamento de Hacienda que permite al gobierno fiscalizar el funcionamiento de estas y recibir ingresos. Luego de que la jueza Lottie rechazó una solicitud de reconsideración el pasado 23 de agosto, la Comisión decidió impugnar el dictamen de la jueza ante el Tribunal de Apelaciones.

Rivera, por su parte, admitió que, de no prevalecer en los foros judiciales, la Comisión tendría que volver a adoptar un reglamento nuevo y comenzar desde cero la emisión de licencias para los 100 operadores permitidos bajo la Ley 257 de 2018, que enmendó el Código de Rentas Internas y fijó el terreno para la reglamentación de estas máquinas.

La jueza Lottie, en su dictamen de julio, favoreció los planteamientos de la empresa Electronic Games y determinó que la Compañía de Turismo no tenía facultad para promulgar ambos reglamentos que comenzaron en 2018 cuando la CJ aún no había sido creada. En cambio, planteó que la Asamblea Legislativa confirió esta autoridad únicamente a la Comisión de Juegos a partir de su creación mediante la Ley 81 de 2019.

Ante esto, Rivera indicó que los reclamos de los demandantes se tratan de un trámite sencillo que podría ser corregido sin la anulación de los reglamentos. "Total, lo que ellos reclaman que pongan a la Comisión de Juegos en vez de la Compañía de Turismo. No hay más nada", dijo Rivera, quien luego reconoció que los foros judiciales podrían anular de forma definitiva ambos reglamentos.

Niega alegaciones de "ventas de influencias" y "soborno" 

Rivera, a su vez, rechazó alegaciones en una segunda demanda contra la Comisión en que supuestamente habría otorgado licencias a operadores que no contaban con los requisitos para que se les otorgara una licencia de operador de máquinas tragamonedas.

Estas alegaciones surgieron en una demanda en el que 32 operadores cuestionaron el proceso en el que la Comisión emitió estas primeras 100 licencias de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta.

"Es una demanda en que pueden poner todo lo que sea, pero ahí no es donde se ven las ventas de soborno. Me tendrían que acusar o llevarme a Ética o Contraloría porque en una demanda puedes poner muchas cosas", señaló Rivera.

En el recurso legal los demandantes alegaron que Rivera "le otorgó certificaciones a algunos operadores bona fide a la vez que repartió licencias de mayoristas a entidades y personas naturales que nunca habían tenido una licencia de Hacienda. Este proceso ilegal se llevó a cabo dentro de un marco de venta de influencias, acuerdos contrarios a la ley y otra conducta que podría ser ilegal, por lo que dicho proceso debe ser declarado nulo y sin efecto para los que en realidad no cualifican".

Según la demanda, uno de esos operadores que supuestamente no habría contado con una licencia de Hacienda fue el exsenador novoprogresista Eric Correa, quien fundó su empresa de máquinas tragamonedas, The Winning Key, en 2021.

Rivera, sin embargo, primero alegó que Correa habría comprado la empresa The Winning Key, la cual sí tenía una licencia de Hacienda. Pero, al cuestionársele que dicha empresa fue creada en 2021, Rivera indicó que Correa le habría comprado dicha licencia de Hacienda a un entonces operador.

"La licencia a quien se la compra, que creo que era a un chino y que creo que hizo hasta una declaración jurada, esa existía. Está corroborada por Hacienda y por nosotros que existía. Las gestiones que él [Correa] hizo allá las desconozco. El chino tiene una declaración jurada que le está cediendo los derechos a Winning Key", dijo Rivera.

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