El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, anunció la radicación de una medida que busca enmendar la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida como la Ley 54, para facultar al Departamento de Justicia a certificar a los intercesores legales en casos de violencia de género.
“Es importante que toda víctima de violencia de género tenga a su disposición un intercesor para que la acompañe durante el proceso de vista para la determinación de causa para arresto del agresor (Regla 6), así como el procedimiento completo. Ante la realidad de que una sola dependencia, en este caso la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, es quien únicamente puede certificar a los intercesores. Nuestra idea es expandir eso para que el Departamento de Justicia también pueda certificar a estos profesionales y así ayudar en la lucha contra la violencia de género”, comentó Ríos.
PUBLICIDAD
Te recomendamos:
- Salud reporta 15 muertes adicionales por COVID-19 y 506 hospitalizaciones
- Freddo Vega radica querellas tras amenazas luego de publicación de senadora Rodríguez Veve
- Walgreens pagará $15 la hora como salario mínimo a sus empleados
El Artículo 1.3 inciso (g) de la Ley 54 establece que será responsabilidad de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres la capacitación de Intercesor o Intercesora, profesional con adiestramientos o estudios acreditados en el área de consejería, orientación, psicología, trabajo social o intercesión legal.
“En los próximos días estaré comunicándome con el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para discutir el asunto a fondo. Nuestro norte es proveer mayor ayuda a las víctimas de violencia de género. El personal diestro del Departamento de Justicia tiene la capacidad de brindar estas certificaciones a los intercesores”, añadió Ríos.
Según ha trascendido, la contratación de intercesores legales, particularmente en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos se ha convertido en una necesidad apremiante.
De acuerdo con Ríos, Justicia cuenta con dos entidades, la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito y el Instituto de Capacitación, que tienen el expertise para desarrollar este tipo de capacitación.
