El riesgo monopolístico que pudiera surgir en los muelles fue la preocupación principal que se escuchó hoy, martes, en una vista pública que realizó la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Agencias Públicas Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.
La Comisión actualmente investiga el monopolio que generaría la posible fusión entre las empresas Luis A. Ayala Colón (LAC) y Tote Maritime (Puerto Rico Terminals).
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Los deponentes centraron sus preocupaciones en los riesgos monopolísticos que pudieran surgir en los muelles a causa de la concentración de poderes en muy pocas empresas y la crisis de espacios públicos para almacenar contenedores que llegan y salen principalmente desde la Bahía de San Juan.
“El acuerdo entre las empresas concentra en dos navieras el control del movimiento de
contenedores no sólo domésticos sino también internacionales. Estas dos corporaciones tienen la influencia y visibilidad sobre toda nuestra economía. Esto es demasiado poder en circunstancias normales”, destacó en su ponencia el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso.
Reyes recalcó lo necesario que son los muelles para una isla que importa casi la totalidad de lo que consume y la materia prima de lo que produce. “Esta Asamblea debe requerir a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia Federal y el Federal Maritime Commission (FMC), que retomen la evaluación del acuerdo y resuelvan sus diferencias por el bien de los puertorriqueños”.
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Mira la vista pública:
Por otra parte, el vicepresidente de MIDA denunció que el Departamento de Justicia local ha sido el gran ausente en todos los procesos y abusos cometidos en los muelles. “Aunque también, la Autoridad de Puertos (AP), se ha lavado las manos diciendo que ellos no son una agencia reguladora y resulta que son los dueños de los terrenos. Ellos sí pueden establecer reglas sobre el contrato. No lo han hecho y parece que han sido facilitadores de que ocurra una consolidación en contra de los mejores intereses de Puerto Rico”.
A su vez, el CUD también exigió la anulación del contrato entre LAC y Puerto Rico Terminal. “Este acuerdo dejó toda carga entre dos entes creando un monopolio en la zona. Es desconcertante que los funcionarios responsables de proteger los puertos y toda la infraestructura marítima del país continúen insistiendo en justificar un monopolio compuesto por una empresa (TOTE Maritime) convicta de cometer fraude con las tarifas apoyados por las nefastas leyes de cabotaje”, explicó Jesús E. Vázquez Rivera, presidente de la organización.
Por su parte, la presidenta de INTERSHIP, María I. Caraballo aseguró que los legisladores tienen la gran oportunidad de hacer cambios reales en la política pública para monitorear y fiscalizar lo más importante que tiene una isla, que son sus muelles. “No podemos seguir mirando hacia al lado pensando que no tenemos autoridad para poder incentivar la competencia y que solo el gobierno federal tiene el campo ocupado en esta materia. Nos ha faltado voluntad en este tema tan importante”.
Exigen que muelle vendido por el gobierno vuelva a su función original
Por otro lado, Vázquez Rivera también argumentó sobre la necesidad de que el denominado “Muelle Navy Frontier”, ubicado en la Bahía de San Juan sea devuelto a uso exclusivamente marítimo. “El gobierno ha vendido a un desarrollador parte de los muelles para desarrollar vivienda en los pocos espacios disponibles que hay en este momento para la llegada de productos especializados y almacenaje de emergencia. En ese espacio, donde pretenden crear residencias de alto costo, operan las compañías que traen materia prima para la manufactura de cemento, varillas, materiales de construcción y automóviles”.
El presidente del CUD añadió, que el Muelle Navy Frontier fue cedido por la Marina bajo la condición de que su uso iba a ser marítimo. “Dicho muelle es el único en San Juan disponible para situaciones de emergencias, como el huracán María y el que produce ingresos”, detalló.
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